El estallido social debió suponer aprendizajes para todos y todas. Fueron meses convulsos que removieron conciencias, instituciones y seguridades. Es difícil aventurar una explicación confiable de sus causas, pero hay indicios que nos permiten establecer que predominaba en la población una sensación de abuso que se ha mantenido en el tiempo producto de la impunidad y la desigualdad, de acuerdo con la encuesta Espacio Público e Ipsos 2019.

En este contexto de emergencia, lamentablemente, hemos vuelto a ver expresiones de abuso y de menoscabo a la dignidad, dando cuenta de la terrible ineptitud, falta de capacidad o simplemente la carencia de empatía por parte de la elite para comprender las causas de la indignación. En medio de la crisis sanitaria y ante el pronóstico de la peor crisis económica en un siglo, las AFP repartirán utilidades, pese a que las cuentas de sus cotizantes están con pérdidas. Al mismo tiempo, grandes empresas se acogerían a beneficios diseñados para las pymes, a costa del salario de sus trabajadoras y trabajadores. Las isapres se declararon nuevamente en rebeldía anunciando el alza ilegal de sus planes.

Los “propietarios” sienten vulnerados sus derechos al no poder usar sus segundas viviendas pese al pago, dicen, oportuno y completo de sus contribuciones. Las largas filas en el Hospital Félix Bulnes y otros servicios sanitarios para acceder a medicamentos es otro caso. O la obligación de usar mascarillas con riesgo a altas multas sin que se de acceso a ellas.

Ejemplos abundan. Ellos afectan la dignidad en el trato y en la posibilidad de tener un nivel de vida adecuado. El principal concepto con el que la población asocia la idea de dignidad en la encuesta que publicamos en Espacio Público Chilenas y chilenos hoy: desafiando los prejuicios, complejizando la discusión 2019 es “un trato humano hacia todas las personas”, con un 27%, seguida de “un mínimo nivel de calidad de vida para vivir tranquilo/a”, con un 22%, y por “el respeto hacia todas las personas independiente de su situación económica”, con un 19%.

Suponer que estas situaciones tendrán en el largo plazo una respuesta pasiva es, como ha demostrado el estallido social, un grave error. La indignación que produce cada una de estas situaciones se va configurando en una idea común más o menos coherente que retrata a la elite como incapaz de comprender las dificultades cotidianas de los chilenos y chilenas.

Por eso no sorprende que la población considere como “muy violento” el bajo monto de las pensiones (94%), el alto precio de los medicamentos (93%), las condenas bajas por delitos cometidos por ejecutivos de empresas y políticos (92%), la demora en atenciones de salud (91%), las colusiones entre empresarios para fijar precios de productos (90%) y endeudarse por años para estudiar en la universidad (89%). En contraste, el corte de tránsito en manifestaciones (50%) y las evasiones de metro (49%) son consideradas como muy violentos por una proporción menor de la población.

¿Qué tan violentas considerarían los chilenos y chilenas las declaraciones de líderes empresariales respecto de la necesidad de reactivar la economía a pesar de las muertes que podrían producirse? ¿Qué hemos aprendido del estallido social? ¿Qué tanto esfuerzo hemos realizado por comprender sus causas más profundas? ¿Qué tanta honestidad intelectual ha tenido el procesamiento de la indignación, y cómo sus conclusiones han modificado o inhibido la reproducción de conductas, tanto en el sector público como en el privado, que afectan la dignidad de las personas?

Ver el informe completo de la encuesta Espacio Público e Ipsos aquí