Cuando las decisiones públicas favorecen sistemáticamente la concentración de beneficios y la socialización de costos, la desigualdad deja de ser un accidente y se convierte en política
Max Weber advertía que la política se hace con la cabeza, pero no solo con la cabeza, aludiendo a la responsabilidad del poder y a sus consecuencias sobre la vida de las personas. Bajo esa premisa, los primeros doce días de la administración Kast han sido una secuencia de decisiones que impactan simultáneamente en regulación ambiental, ejecución social, estructura fiscal y estabilidad institucional.
Uno de los hechos más cuestionables es la decisión del Ministerio del Medio Ambiente de retirar 43 decretos supremos que se encontraban en la Contraloría General de la República para su toma de razón. Entre ellos se incluían normas vinculadas a la protección del pingüino de Humboldt y de la ranita de Darwin, planes de descontaminación atmosférica y regulaciones sobre parques y áreas protegidas.
En el ámbito habitacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, encabezado por Iván Poduje, emitió el Oficio N°193, dirigido a los servicios regionales (Serviu), instruyendo la suspensión de procesos de contratación y adjudicación que se encontraban en curso. Si bien no implicó formalmente la detención de la entrega de viviendas ya asignadas, sí ha afectado procesos vinculados a nuevas obras y contrataciones, introduciendo una pausa en la ejecución de proyectos habitacionales.
En materia de remuneraciones, la Dirección de Presupuestos estableció un nuevo tope para los sueldos de asesores estratégicos del Ejecutivo, fijándolo en torno a $9,9 millones mensuales, cifra equivalente aproximadamente al 90% de la remuneración presidencial. Este ajuste eleva significativamente el límite previo, que se situaba en torno a los $6 millones.
Simultáneamente, el Ministerio de Hacienda instruyó un recorte del 3% del gasto público en todas las carteras ministeriales, acompañado de una solicitud adicional para reducir inversiones y gastos cercanos a US$ 1.000 millones en todas y cada una de dichas reparticiones. Esta combinación de medidas —aumento en ciertos topes salariales y reducción general del gasto— configura una política fiscal dual que negativamente impacta en la estructura interna del Estado como en su capacidad de ejecución programática, cuyos directos beneficiarios serían las personas que ahora resultarán perjudicadas.
En el plano tributario, el gobierno incluyó en su denominado “Plan de Reconstrucción Nacional” la propuesta de reducir el impuesto corporativo desde el 27% al 23%, una disminución de cuatro puntos porcentuales que beneficiaría principalmente a las grandes empresas, correspondientes aproximadamente al 1,9% del padrón empresarial. La medida, al requerir tramitación legislativa, no ha sido implementada, pero se ha estimado que implicaría una merma recaudatoria de cientos de millones de dólares anuales.
En el ámbito institucional, se concretó la salida del superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, a quien se le solicitó la renuncia en medio de un proceso en curso que involucraba sanciones contra la Universidad San Sebastián. La investigación consideraba contrataciones y sueldos millonarios a figuras políticas como Arturo Squella y Marcela Cubillos ($17 millones), y al exfiscal Manuel Guerra ($6.3 millones por media jornada).
Por otra parte, en el Ministerio de Seguridad Pública, liderado por Trinidad Steinert, se solicitó la remoción de la subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña. La decisión se produjo en un contexto de tensiones internas y filtraciones de antecedentes que aludían a conflictos previos, incluyendo trascendidos de romances y situaciones vinculadas a investigaciones por drogas donde aparecía mencionado el hijo de la ahora exfuncionaria.
Finalmente, en el ámbito energético y de precios, el Ejecutivo introdujo modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), ampliando los parámetros de cálculo de la paridad internacional. Esta decisión se tradujo en un aumento aproximado de $370 por litro en gasolina y $580 por litro en diésel, cifras que impactan directamente en los costos de producción, transporte y distribución de mercaderías que, a su vez, provocarán un alza en el precio de la canasta básica.
En paralelo a estas medidas, se han registrado demoras en la designación de autoridades regionales —como seremis y subsecretarios—, lo que ha generado espacios de vacancia administrativa en distintas carteras, particularmente en áreas como salud y energía. Si bien este fenómeno es habitual en transiciones de gobierno, su extensión en el tiempo ha sido objeto de observación en este inicio de gestión.
Además, Fonasa, Conadi, la Dirección del Trabajo, Migraciones e Impuestos Internos han sido excluidos del sistema de Alta Dirección Pública, es decir, se están permitiendo designaciones directas en servicios estratégicos.
Asimismo, anunció recortes en la gratuidad universitaria, evalúa recortar el presupuesto de la JUNAEB, suspensión de las becas de magíster y posdoctorado en ciencias, pretende dar marcha al proyecto Dominga que destruirá las napas y el medio ambiente en Punta de Choros, eliminación del proyecto de negociación ramal que daría mayor poder a los trabajadores, retiró de la Contraloría el proyecto Plan Nacional de Derechos Humanos, revisión y posible corrección de la ley de 40 horas laborales.
En suma, como advertía Thomas Piketty, cuando las decisiones públicas favorecen sistemáticamente la concentración de beneficios y la socialización de costos, la desigualdad deja de ser un accidente y se convierte en política. Se sabía que ese es el credo ideológico de Kast y su camarilla. En fin, se configura una tormenta donde el peso recae, otra vez, en la ciudadanía.