La Corte de Apelaciones De Santiago condenó a 17 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Rodrigo Eduardo Ugas Morales, cometido a partir del 7 de febrero de 1975, en el marco de la denominada "Operación Colombo".
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Corte de Apelaciones condenó a 17 ex agentes de la DINA por secuestro calificado
En fallo unánime, la Undécima Sala del tribunal de alzada condenó en calidad de autores del delito a Pedro Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Iturriaga Neumann a 13 años de presidio; en tanto, Rolf Wenderoth Pozo, Francisco Ferrer Lima, Ricardo Lawrence Mires, Ciro Torré Sáez y Raúl Rodríguez Ponte deberán cumplir un castigo de 10 años y un día de presidio; los agentes Teresa Osorio Navarro y Osvaldo Pulgar Gallardo deberán purgar 5 años y un día; mientras que Samuel Fuenzalida Devia deberá cumplir 541 días.
Además, se sentenció a Rosa Ramos Hernández, José Abel Aravena Ruiz, Heriberto del Carmen Acevedo, Rodolfo Concha Rodríguez, Silvio Concha González y Roberto Hernán Rodríguez Manquel a 3 años y un día de presidio, por su responsabilidad como cómplices del delito.
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En la etapa de investigación, el ministro en visita extraordinaria, Hernán Crisosto Greisse, estableció que "en horas de la tarde del día 7 de febrero de 1975, miembros de (..) la DINA detuvieron en la vía pública en el sector de Estación Central en Santiago a Rodrigo Eduardo Ugas Morales, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quienes lo trasladaron al recinto de reclusión clandestino de la DINA, denominado 'Cuartel Terranova' o 'Villa Grimaldi'.
También se documentó que la víctima "durante su estadía en el cuartel de Villa Grimaldi permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la DINA que operaban en dicho cuartel con el propósito de obtener información relativa a integrantes del MIR".
La última vez que Ugas Morales fue visto por otros detenidos ocurrió a fines de febrero de 1975, encontrándose desaparecido hasta la fecha. En tanto, la investigación determinó que "las publicaciones que dieron por muerto a la víctima Ugas Morales tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior".
En el aspecto civil, el tribunal condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $240 millones a la cónyuge e hijos de la víctima.