Los contagios por COVID-19 alcanzaron este miércoles un total de 922 personas y se pronostica que la curva siga en ascenso. Hasta ahora el gobierno declaró Estado de Catástrofe y ha restringido la movilidad de las personas decretando toque de queda desde las 22:00 p.m. hasta las 05:00 a.m. Pese a eso todavía no se ha declarado una cuarentana nacional siendo una de las medidas más exigidas desde la ciudadanía, por los partidos de oposición y diversos gremios, sobre todo los de la salud.

En respuesta a esta falta de medidas de seguridad, la discusión se ha trasladado a los tribunales. El Desconcierto ha recopilado y revisado 26 recursos de protección que desde la semana han ingresado a tribunales solicitando que se decrete cuarentena obligatoria para proteger la salud de población de riesgo, profesionales de la salud y de otros sectores que se encuentran altamente expuestos al contagio del virus.

Con esto, la sociedad civil busca presionar para que las autoridades políticas garanticen los derechos fundamentales de las personas y no se ponga en riesgo su salud, tal como está estipulado en el artículo 19° de la Constitución sobre el derecho a la vida y la integridad física.

El argumento común de estos recursos es que el 11 de marzo pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de coronavirus se trataba de una pandemia y llamó a tomar todas las medidas necesarias para reducir el número de víctimas, como se ha observado en España e Italia. Además, ha sido el propio ministerio de Salud el que informó que un relevante porcentaje de los contagiados (5%) requerirá hospitalización y otro (1%) ventilación mecánica. Es por eso que desde la sociedad civil insisten en la necesidad de incrementar las medidas de aislamiento social.

En resumen, en la Región Metropolitana se presentaron ocho recursos; tres en Valparaíso; dos en Tarapacá al igual que en Coquimbo, del Libertador Bernardo O'Higgins, Bío Bío y Magallanes; uno en Los Ríos, el mismo número que en Atacama, Maule, Los Lagos y Aysén. De estas acciones judiciales, 21 están dirigidas contra los Jefes de Defensa de la región respectiva integrantes de las Fuerzas Armadas que han asumido el control de las medidas de seguridad. A su vez, del número inicial, 16 van contra el ministro de Salud, Jaime Mañalich; y, cinco contra el Presidente Sebastián Piñera.

También se apunta al director de Gendarmería, Christián Alveal, para que tome medidas urgentes en los recintos penitenciarios -aunque este recurso fue declarado inadmisible en primera instancia-, al subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, y a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) por la desprotección de las trabajadoras que manipulan alimentos.

Dentro del espectro de los recursos, el rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, presentó una acción junto al Colegio Médico. Valle señaló a la prensa que no se trata de una medida exagerada dados los hechos que se han producido durante los últimos días. “Santiago centraliza capacidades, talentos, recursos, impuestos y ahora descentraliza enfermedades, eso me parece que otorga el legítimo derecho de que las regiones y las comunidades reaccionemos, para que la autoridad sanitaria disponga las medidas que permitan conciliar y evitar la dispersión del virus", sostuvo el vicepresidente del Consejo de Rectores de la Universidades Chilenas (Cruch).  Sin embargo, este recurso fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, argumentando que excedía sus competencias.

En el caso de la región de Aysén, fue la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) la que lideró la acción apoyada por una veintena de organizaciones regionales. En este recurso se puso especial énfasis en el aislamiento por las condiciones geográficas de la zona y la falta de especialistas en los servicios de salud. Se detalla que la región cuenta con un hospital regional con falta de expertos, tres consultorios dependientes del servicio que no son municipalizados, cuatro hospitales tipo 3 con médicos generales, y 30 postas rurales que atiende el equipo de salud.

A diferencia de otras regiones, indican que en esta no hay clínicas privadas ni institucionales como alternativa a la atención pública. “En el peak del IRA, cuando el gobierno ofrece dineros para contratar a médicos y personal extra, para enfrentar la situación, en la región no existe a quién contratar, pues son los mismos médicos y equipo de salud los que deben enfrentar el problema y ningún profesional, de otra región, llega a reforzar el sistema”, se lee en el documento.

“Hay medidas insatisfactorias por parte del gobierno para proteger, no solamente a los que trabajan en servicios de urgencia, sino que también al resto del equipo de salud, entre ellos, los que están vacunando contra la influenza. Hablamos de enfermeras, paramédicos, técnicos que se exponen a 200 o 300 personas al día (…) Se necesita cerrar las zonas donde no ha ingresado el virus, como Aysén, ya se pidió en Chillán y Santiago tiene que ser una zona restringida porque sigue ingresando y saliendo mucha gente”, sostuvo a El Desconcierto Aldo Santibáñez, presidente de la Fenpruss.

En la región de Coquimbo, en tanto, una acción judicial fue interpuesta por la municipalidad de Combarbalá solicitando que se limite la movilidad intracomunal de las personas que han dado positivo en el examen. También se presentó una acción en favor de adultos mayores que sufren enfermedades crónicas para que las autoridades decreten cuarentena por un plazo no menor a 30 días.

El caso de otros países que enfrentan la pandemia el escenario ha sido similar. En México se presentaron acciones judiciales y los tribunales obligaron al presidente Manuel López Obrador a tomar medidas preventivas para identificar la trazabilidad de los contagiados. En Perú, en tanto, no se han presentado recursos para tomar medidas dado que el presidente Martín Vizcarra las tomó hace más de una semana: cuarentena nacional por dos semanas más toque de queda desde 08:00 p.m. hasta las 05:00 a.m. Mientras que en Colombia se adoptaron medidas locales que luego se extendieron al resto del país.