El sábado 19 de octubre Luis Jiménez estuvo en el momento y lugar equivocado. Cerca de las 22:40 horas, en la plaza Dagoberto Godoy, de Temuco, recibió en el lado izquierdo de su cadera el impacto de una bomba lacrimógena y, en su pecho, otro de un balín. Adolorido, corrió de un carro lanzaaguas que no dejaba de actuar en el lugar hasta que el impacto de un segundo balín destruyó su ojo derecho y lo hizo trastabillar hasta caer.

Jiménez se transformó así en la cuarto caso oficial de víctimas de lesiones oculares provocadas por el accionar de carabineros y que han sido registradas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). A poco más de 100 días del estallido social, esa cifra ha subido a 405 víctimas, con 33 personas con pérdida total del globo ocular, y el debate actual está sobre si es una política institucionalizada o si carabineros solo requiere una reforma en sus protocolos.

Como sea, los masivos daños oculares a manifestantes han sido calificados por expertos como una emergencia sanitaria y, a nivel internacional, como un escándalo. Parte de la respuesta del gobierno para atenuar esa emergencia ha sido la creación de un Programa Integral de Reparación Ocular que, según el ministro de Salud, Jaime Mañalich, provee de una atención médica que considera la “inserción de lentes intraoculares, reemplazos de cristalinos, suturas, prótesis, manejo de ayudas visuales”, más allá de lo que cubría el Plan Auge en su patología 50.

Sin embargo, un recorrido de El Desconcierto por la Unidad de Trauma Ocular (TOC) del Hospital El Salvador, además de múltiples testimonios recogidos de víctimas por daños oculares, da cuenta de una eventual insuficiencia de dicho programa o, al menos, de fallas del gobierno para comunicar de forma eficiente los beneficios de dicha iniciativa.

Entre poca información y temor

El programa fue lanzado el 11 de noviembre pasado, cuando había 222 casos. Además de ofrecer ayuda psicológica, también considera terapias ocupacionales, cirugías para funcionalidad y estéticas. Pueden acceder a el quienes hayan sido lesionados en medio de las manifestaciones, sin discriminar si la persona pertenece a Fonasa o isapre. En el detalle, el programa establece que las víctimas pueden asistir al Hospital El Salvador “por el tiempo que sea necesario”.

De forma paralela, no obstante, se han formado organizaciones civiles, como la Red de Colaboradores y la Coordinadora Nacional de Víctimas de Trauma Ocular, que buscan paliar la urgencia sanitaria por medio de asistencia de profesionales de la salud y de reuniones informativas, como guías médicas a los afectados.

“No todos llegan a la Unidad Trauma Ocular (UTO) del Hospital El Salvador”, dice Valentina Alcaide, vocera de la Red antes mencionada. “Quien te agrede (Estado), te está ayudando. Obviamente que hay desconfianza”, enfatiza.

Alcaide habla de violencia estatal que los y las manifestantes perciben tras los ataques de los que han sido víctimas. Pero también, de la forma en cómo ha sido implementado el programa de ayuda. Y su diagnóstico es compartido.

De acuerdo a Patricio Meza, vicepresidente del Colegio Médico, el programa enfrenta varios problemas: “Hay mucha desinformación y muchos pacientes no saben cómo hacerlo efectivo para recibir los beneficios”.

Jiménez, quien perdió su ojo derecho en las manifestaciones en el segundo día de estallido, dice que en la IX región están organizándose “los 12 afectados para elevar solicitudes al programa lanzado por Mañalich”. El joven, y esas otras 12 personas, no solo enfrentan un problema de información; para ellos también es importante la descentralización de los procedimientos.

“¿Qué pasará con los de regiones que tienen familia y que tienen trabajos? ¿Por qué todo debe ser centralizado si aproximadamente el 26.2% de la pérdida de globo ocular es en la Araucanía?”, se pregunta Jiménez. “Exigimos que se cree un programa de reparación y rehabilitación en cada región”, agrega.

Además, tanto la Red de Colaboradores como la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, concuerdan en que las víctimas no han tenido esta información oportunamente, a dos meses de la implementación del programa.

Lentitud y falta de materiales del Programa

Desde el Colegio Médico manifestaron que es muy poco probable que falten materiales para las prótesis y atención. Según Meza, “en cuanto a las prótesis, lo que hacen en la UTO es realizar todas las mediciones y las encargan. Se supone que hay financiamiento para eso. Además, tenemos la oferta de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile que se comprometió a confeccionar las prótesis de los pacientes”.

Pero la información no concuerda con lo que sostiene Marta Valdés, de la Coordinadora Nacional de Víctimas de Trauma Ocular, pues la vocera habla del incumplimiento del gobierno en “el tema de operaciones, prótesis, y las demoras”. “Incluso hay víctimas que no tienen ni las gotas para su tratamiento”, agrega. “Hay muchos que se han endeudado, incluso hay uno que está a punto de perder su casa, hipotecada, solo para poder pagar las operaciones”, indica.

Con el apoyo de otras organizaciones -asegura Valdés- han logrado costear gotas para los lesionados, que tienen un costo que va desde los $35 mil a $45 mil.

Hasta el momento, según cifras del jefe del programa, José Luis Sanhueza, sólo a una persona se le ha dado el alta. Y, hasta el momento, son 21 las que aún esperan prótesis.

Otra arista problemática del programa tiene que ver con que solo una institución en el país se está haciendo cargo de los heridos: El Salvador. Si llegan a otro hospital -en otras provincias o regiones- serán transferidos a la UTO, trámite que hasta el momento no ha funcionado como debería.

“Con los de regiones que tienen que venir a la UTO de Santiago, solo les pagan los pasajes, pero la estadía y la alimentación son cubiertos por cada uno”, dice Marta Valdés.

Cirujanos de vacaciones y falta de pabellón, son otros de los argumentos que provocan lentitud en el tratamiento. La Coordinadora Nacional de Víctimas de Trauma Ocular menciona el caso de un hombre que tenía su cirugía programada para enero, pero que tuvo que ser aplazada hasta marzo por dichos motivos. El problema es que esa es la misma fecha en la que debería empezar el año académico en su universidad, poniendo en riesgo su actividad estudiantil.

“Hay regiones que cuentan con profesionales capacitados”, dice Meza, del Colegio Médico. “Pero hay otros lugares donde no existen los equipos para confeccionar las prótesis”, agrega.

Una de las oftalmólogas de la Red de Colaboradores, asegura que las prótesis oculares comienzan con un costo de $250.000 si se realizan de manera particular.

Lo anterior, explica el especialista, “no solo representa un problema para las prótesis; también para el tratamiento psiquiátrico y psicológico. Esa intervención hay que hacerla inmediatamente durante la crisis. Es muy importante”.

En la IX región, por ejemplo, donde se ha atendido Luis Jiménez, el mutilado del 19 de octubre, no existe una atención en línea con lo anunciado por el gobierno. O, por lo menos, así lo estima Jiménez: “El tratamiento por parte del hospital (de Temuco) no existe. Sí, me han llamado, pero sólo para dos atenciones oftalmológicas. En la primera, el trato fue denigrante e incompetente al medir la presión de los dos ojos. El tratamiento psicológico, no existe, nunca la vi. Para qué hablar del área social paupérrima que nunca participó de ningún proceso las atenciones”, acota.

El recorrido de El Desconcierto entre víctimas de trauma ocular da cuenta de varios problemas relacionados con el acceso a información a dicho programa, además de su necesaria descentralización. Pero también de un aspecto integral, que tiene que ver con la durabilidad del mismo.

“No sirven un par de meses o un año, debe ser un acompañamiento de por vida, porque la verdad es que al ser una mutilación, a diario se van a tener que enfrentar a situaciones complejas por su condición”, dice Marta Valdés. “La vida de ellos no va a ser igual, por lo tanto, constantemente van a tener que tratar de superar por el tema de la vista”, concluye.