El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se querelló este miércoles 8 de enero por violencia innecesaria contra quienes resulten responsables por el atropello a un joven en la comuna de Pudahuel. La víctima fue arrollado por un radiopatrullas de Carabineros, la tarde del martes 7 de enero, en el marco de las movilizaciones contra la PSU. El afectado sufrió lesiones de carácter grave y se mantiene internado en el Instituto Traumatológico de Santiago.

Según explicó la jefa metropolitana del INDH, Beatriz Contreras, en la acción judicial que presentaron se especifica que “el vehículo policial procedió a embestir a alta velocidad al estudiante, sin disminuir la velocidad ni desviar su trayectoria, ni aún efectuar un amague de ello, atropellándolo y lanzándolo por los aires, impactando el asfalto con todo su cuerpo y quedando tendido en el suelo sin poder moverse debido a la intensidad de sus lesiones y sin perder el conocimiento en ningún momento”.

Además, en el escrito presentado por el INDH ante la justicia, se manifiesta que tras el atropello, los funcionarios policiales que iban en el vehículo no se detuvieron para prestar auxilio a la víctima, quien resultó con lesiones de consideración por este hecho.

Esta falta de asistencia al atropellado vulnera el protocolo de Carabineros para la mantención del orden público, donde se establece que “en el evento de tomar conocimiento de haberse ocasionado una lesión a una persona, se procederá lo antes posible a prestar asistencia al afectado, dar cuenta al mando, adoptar el procedimiento policial que amerite, dando a conocer si corresponde el decálogo del detenido”.

Finalmente Contreras agregó que se solicitó al tribunal, como medida de protección, que Carabineros no pueda acercarse a la víctima, ya que “debido al cuadro de stress post traumático que sufre actualmente, hace imposible asegurar su seguridad personal en estos momentos. Claramente el grado de indefensión, inferioridad y subordinación en que se encuentra un ciudadano frente al actuar de Carabineros de Chile, hace evidente y urgente, que se tomen medidas de protección que contribuyan al menos a mitigar cualquier amenaza que pueda afectar a la víctima”.