Las inversiones en o desde paraísos fiscales parecen estar cada vez más presentes en el debate legislativo, tras el reportaje publicado por El Desconcierto sobre las millonarias transferencias que realizó Bancard Inversiones Limitada, una empresa controlada por el Presidente Sebastián Piñera, a varias sociedades de sus hijos en Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.

Los envíos se realizaron en 2015 y pese a que la familia presidencial ha dicho que cerró a fines de 2017 esas sociedades, la Cámara de Diputados levantó una comisión investigadora para indagar la globalidad de las operaciones y el rol del Servicio de Impuestos Internos (SII) en su fiscalización.

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Más allá de eso, el diputado Gabriel Ascencio, jefe de la bancada de la Democracia Cristiana (DC), presentó un proyecto de Ley para prohibir acceso a cargos públicos a quienes oculten su dinero en paraísos fiscales. Y mientras esas medidas avanzan, el tema se ha ido socializando lentamente entre diputados y diputadas, quienes creen que es una materia pendiente de legislar.

Así, al menos, lo concluye un sondeo realizado por El Desconcierto a 31 legisladores de los distintos partidos y sectores políticos. La mayor parte se mostró a favor de legislar para que quienes ostenten cargos públicos no puedan estar vinculados de ninguna forma con los denominados paraísos fiscales. Incluso, desde Renovación Nacional (RN) -ex partido de Sebastián Piñera- las diputadas Sofía Cid y Paulina Núñez afirmaron que todos quienes representen a los chilenos y chilenas deberían tributar en Chile, mientras que el parlamentario Leonidas Romero fue uno de los votos a favor de la comisión investigadora a Bancard.

De los 31 políticos y políticas que accedieron a conversar sobre este tema -representantes desde el Frente Amplio (FA) hasta la UDI -, 30 se mostraron dispuestos a modificar la legislación para que apunte a esta incompatibilidad entre personeros públicos y fondos en el extranjero, que pudieran significar una evasión o elusión de impuestos.

Sin embargo, la principal diferencia entre la izquierda y la derecha parece ser la impresión que tienen sobre la responsabilidad del Presidente Piñera en estos casos. Mientras desde la oposición condenan completamente la implicancia del mandatario en los traspasos de patrimonio a paraísos fiscales, entre los partidos de la coalición de gobierno está instalada la idea de que, a través del fideicomiso ciego que hizo con sus sociedades, el Presidente habría evitado cualquier ilegalidad en estas transacciones, lo que para el oficialismo parece ser sinónimo de legitimidad en su actuar, según lo dan a entender los diputados y diputadas de Chile Vamos.

La visión de la izquierda

Fueron 17 los políticos de oposición que conversaron con este medio sobre la legalidad y la ética de los traspasos de dinero a sociedades offshore. Desde el Frente Amplio hasta el PPD las reacciones son claras y bastante uniformes: a todos les parece más que necesario que exista incompatibilidad entre ostentar cargos públicos y estar relacionado a paraísos fiscales, y están absolutamente disponibles para legislar en ese sentido. Además, las opiniones en general apuntan al rechazo a las acciones del Presidente.

"Me parece grave, pero no me extraña en absoluto. Porque desde que fue declarado reo, desde el Banco de Talca en adelante, siempre ha andado al filo de la ilegalidad", dijo el diputado humanista Tomás Hirsch, aludiendo a los vínculos de Piñera con sociedades en las Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.

Por su parte, la parlamentaria Marisela Santibáñez (PC), también se mostró partidaria de legislar en esa materia y, en específico, sobre las acciones del Presidente. "Es anecdótico", dijo la diputada. "Hoy tuvimos una pauta de votación importante donde, en cada uno de los puntos, yo podía ver la imagen del Presidente de la República", agregó.

Mientras, desde el Partido Socialista, la diputada Daniella Cicardini pidió a los políticos que "se dediquen al servicio público y no a hacer negocios con el Estado". Además, se refirió a la hoja de vida del Presidente Piñera, calificando de "lamentable" los casos de irregularidades respecto al traspaso de sus recursos. "Hemos visto tantas vinculaciones de sus negocios utilizando información privilegiada, o espacios de decisión que van generando las mejores condiciones para sus intereses. Eso no puede volver a suceder nunca más en nuestro país. Es parte de lo que hoy exige la ciudadanía y son las señales que tenemos que dar", comentó Cicardini.

Centro e independientes en disputa

Cuatro parlamentarios de la Democracia Cristiana también se manifestaron a favor de legislar para prohibir la relación de funcionarios públicos con paraísos fiscales. Sin embargo, no fueron tan categóricos en sus juicios contra Piñera, aludiendo a que, si se movió dentro de la legalidad que le permiten las normas vigentes -y que establecen que es necesario cambiar-, entonces no habría cometido ninguna falta, técnicamente.

Esto, con la excepción de Ascencio, el diputado que presentó el 18 de diciembre el proyecto de reforma constitucional para "hacer incompatible el mantener inversiones en paraísos fiscales con el ejercer el cargo de Presidente, ministro, subsecretario, embajador, parlamentario o director de empresa pública”. El diputado DC afirmó a El Desconcierto que "no podemos tener un Presidente de la República que haga eso, que esté permanentemente eludiendo las normas que cumplen todo el resto de los chilenos. Es inaceptable, es inapropiado, es vergonzoso para Chile".

Por otro lado, el presidente de la Cámara, Iván Flores expresó que "tenemos restricciones que están descritas y que, por lo tanto, no corresponde que tengamos alguna vía de escape para no pagar los impuestos que corresponden al país, independiente de que la legislación vigente pueda ser incluso permisible en ese sentido, porque hay una cuestión ética también". Además, Flores recalcó que sí estaría dispuesto a legislar en este sentido.

Entre los independientes que accedieron a conversar con este medio, están la diputada ligada a RN, Erika Olivera, y el parlamentario René Alinco. Mientras este último expresó que trabajar para el Estado debería ser una labor exclusiva, Olivera afirmó que, si la declaración de patrimonio de la persona que ostenta un cargo público está en orden, entonces esta "no debiese tener problemas".

La derecha abierta a legislar

Entre los tres parlamentarios de Evópoli consultados hay diferencias. Francisco Undurraga, por ejemplo, cree que es necesaria la incompatibilidad entre cargos públicos y paraísos fiscales, mientras que Luciano Cruz-Coke y Pablo Kast, establecen que si los capitales que salen a dichos lugares cumplen con la legislación vigente y pagan sus cuotas de salida, "no debería haber ningún problema".

No obstante, todos estarían dispuestos a revisar la legislación al respecto, y también concuerdan en la opinión sobre el Presidente: debe investigarse. Esto, aunque los tres votaron en contra de crear la comisión que se encuentra indagando sobre los traspasos de Bancard.

Por el lado de RN, si bien tres de los cuatro diputados y diputadas consultados declararon respaldar plenamente las acciones del Presidente, también hay opiniones que difieren. La parlamentaria Sofía Cid, estableció que "con lo que estamos viviendo en el país, con esta crisis y necesidad de recursos, creo que todos los chilenos que estén viviendo acá deberían tributar en Chile, y los que están afuera, también. Yo no estoy de acuerdo con los paraísos fiscales".

Por su parte, Paulina Núñez, del mismo partido, expresó que el estar relacionado con paraísos fiscales debería ser causal de inhabilidad. Sobre esto, profundizó en el fideicomiso ciego de Piñera que, según ella, lo excluiría de este grupo de personas vinculadas a regímenes tributarios favorables en el extranjero. También Mario Desbordes recalcó aquello, y fue el único de los parlamentarios consultados que no se mostró dispuesto a legislar para establecer la incompatibilidad entre ejercer un cargo público y tener fondos en paraísos fiscales.

En tanto, el diputado de la UDI que aceptó hablar sobre paraísos fiscales y los negocios del Presidente, Gustavo Sanhueza, declaró que estaba dispuesto a legislar para impedir vínculos entre empleados del Estado y sociedades offshore ubicadas en naciones con ventajas fiscales.

"Independiente de que las inversiones que se puedan realizar en el extranjero puedan ser perfectamente lícitas, todos tenemos claro que hay países donde hay ciertas excepciones tributarias que no se condicen con lo que debiera tener un representante de los chilenos afuera", sostuvo el parlamentario. No obstante, también fue enfático en decir que Piñera ha transparentado siempre todo su patrimonio.