Este miércoles se cumplen dos meses desde que comenzó el llamado estallido social en 18 de octubre pasado. Fue el alza al precio del pasaje de Metro que detonó el movimiento social más grande desde el retorno a la democracia. Pero las protestas que surgieron ese día demostrarían que el descontento social era algo mucho más grande, algo que buscaba remover las bases del sistema económico y político que se ha dado Chile en los últimos 30 años.

Las últimas ocho semanas han estado marcadas por multitudinarias marchas en respuesta a los cuestionados anuncios que ha hecho el Presidente Sebastián Piñera para tratar de salir de la crisis. De vuelta, y en cadenas nacionales, el Ejecutivo ha anunciado “paquetes de medidas” que buscan desactivar la protesta. En lo particular, han sido tres los pilares: una agenda social, otra de seguridad -que incluye las leyes antisaqueos y antiencapuchados-, y el proceso para una nueva Constitución. No obstante, las propuestas que incidan en el cotidiano de las personas han sido las grandes ausentes. 

Los costos del proceso han sido altos: tres instituciones que velan por vigilar la protección a los derechos humanos sentenciaron que el Estado chileno los vulneró (Amnistía internacional, Human Rights Watch y la Organización de las Naciones Unidas). Hasta la semana pasada, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) cifraba en 3.461 los heridos en hospitales, mientras que las víctimas de traumas oculares en llegaban a las 367. 

Para el Congreso, el responsable de estos hechos fue el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick; pero para el mundo social, la responsabilidad va más allá: es el Presidente. 

Pese a que la acusación constitucional en su contra fue desechada hace una semana, el mandatario no ha quedado exento de daños. De hecho, distintas encuestas lo posicionan con una aprobación nacional que no supera el 13%, según la última encuesta Cadem. Además, su imagen internacional se ha visto sumamente debilitada. Sumado a esto, ha tenido que disolver su equipo político de confianza, con la salida de Chadwick y del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, este lunes.

La semana en que se cumplen dos meses desde el estallido, se inició con anuncios del Presidente, con nuevas medidas para fortalecer a Carabineros, Gendarmería y la Policía de Investigaciones (PDI); días antes también se le escuchó con la denominada “agenda antiabusos”, algo que ha sido un “reempaquetamiento” de medidas, dado que varias de ellas ya estaban en el Congreso y solo se les dio urgencia, como el aumento de las penas por delitos de colusión y evasión tributaria.  

“Hasta ahora hay un discurso solo formal en términos de manifestar que se ha ‘escuchado’, pero en los hechos, respecto a la agenda social el avance ha sido mínimo. No se ha tocado a los bancos, ni a las isapres, ni a los grandes grupos económicos. Ni el gobierno, ni la clase política han estado a la altura de lo que se demanda”, dice uno de los voceros de Unidad Social, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. 

Con todo, el movimiento social continúa organizándose y congregándose hoy en día con mayor fuerza las tardes de los viernes en la llamada "Plaza de la Dignidad". También han aparecido performances que han tenido gran impacto mundial, como “Un violador en tu camino”, del colectivo feminista Lastesis, que expuso las violencias de las que las mujeres son víctimas. 

[caption id="attachment_330239" align="alignnone" width="640"] Fotografía de Agencia Uno[/caption]

“El gobierno aun no comprende la profundidad de la crisis”

Si se revisan los proyectos que se están tramitando en el Congreso, ninguno de ellos, aclara Mario Aguilar, tiene que ver con cambios profundos al modelo. Al contrario, han buscado “blindarlo”. Desde el bloque sindical de Unidad Social han solicitado una respuesta explícita del gobierno en cuanto al pliego de los trabajadores, que considera diez puntos, entre ellos, la Asamblea Constituyente, la negociación ramal hasta temáticas de corto plazo, el salario mínimo de $500 mil pesos, el debate sobre pensiones (con una pensión mínima equivalente al monto del sueldo mínimo que proponen), un cambio de sistema previsional, entre otros.  

Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, señala que le hicieron un emplazamiento al gobierno a fin de tener una pronta respuesta respecto a la agenda más inmediata, con énfasis en la garantía democrática del proceso constituyente y las acciones en materia de Derechos Humanos. “Sobre las tres temáticas, no hemos tenido una respuesta hasta hoy del gobierno como bloque sindical”, asevera Figueroa. 

Una de las peticiones de Unidad Social contempla establecer un salario mínimo nacional de $500.000. Dentro de la “nueva agenda social” que presentó el Presidente Piñera en 22 de octubre, consideró “la creación de un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado”. El proyecto propone, primero, mejorar los ingresos de los trabajadores; y segundo, que la mejora de ingresos permita reducir paulatinamente el subsidio con el paso del tiempo.

Esto ingresó a la Cámara de Diputados en 7 de noviembre pasado, con urgencia “simple”. Luego, en 14 del mismo mes, se cambió su urgencia a “suma”. La comisión de Trabajo recibió como propuesta de los parlamentarios de oposición que el salario mínimo fuera de $435 mil líquidos ($550.336 bruto). En 10 de diciembre el proyecto fue aprobado en general y particular en la Cámara baja, considerando los $301 mil líquidos y el subsidio estatal de $59.200 (descartando la propuesta de la oposición). Así, entró al segundo trámite constitucional en el Senado. Hoy lo discuten las comisiones de Trabajo y Previsión social, y la de Hacienda.

Respecto a la demanda de igualar la pensión mínima al salario mínimo, y sobre el cambio profundo al sistema previsional, la propuesta que hizo el Ejecutivo fue en la línea de profundizar en el ítem pensiones. Pero no desmontar las bases del sistema instalado por su hermano José Piñera. Comprometió un aumento inmediato del 20% en la Pensión Básica Solidaria, además de un aumento del 20% del Aporte Previsional solidario.

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El jueves 12 de diciembre comenzaron los pagos de estos beneficios, luego de una discusión centrada principalmente en las diferencias por tramos etarios. La Pensión Básica Solidaria para mayores de 80 años quedó en $165.302, la de aquellos quienes tienen entre 75 y 79 años quedó en $143.261; y las de quienes tienen menos de 75 años, además de quienes perciben pensión de invalidez, quedó en $137.751. Según las proyecciones del mismo gobierno, ya en enero de 2022, los beneficiados tendrán un aumento del 50% de sus pensiones. Los mismos montos, también por diferencia etaria, aplican para quienes reciben Aporte Previsional Solidario.

Posteriormente, el 27 de noviembre entró como mensaje a la Cámara Baja el proyecto de ley que mejora y establece nuevos beneficios en el sistema de pensiones solidarias. Distinto procedimiento, por cierto, al ingreso del mismo proyecto, ocurrido en noviembre de 2018 (es decir, procuró celeridad en un proyecto presentado hace un año). Esta vez, se catalogó como con urgencia “suma”. Hasta el cierre de esta nota, el proyecto, que concentraba los principales anuncios del mandatario, seguía con la misma urgencia. En síntesis, no ha habido modificación en el sistema mismo de pensiones, ni tampoco las propuestas del Ejecutivo se acercan a lo requerido por Unidad Social. 

Finalmente, el último punto del petitorio del bloque sindical de Unidad Social exige una Nueva Constitución. Probablemente, este sea el único resultado tácito que dejan estos dos meses de movilización. 

La madrugada del viernes 15 de noviembre, los representantes de los partidos de Chile Vamos (en el oficialismo existió el respaldo del Ejecutivo) con la mayoría de la ex Nueva Mayoría, firmaron un acuerdo para llevar a cabo un proceso constituyente. Si bien hoy en día la discusión se centra en los escaños reservados para pueblos originarios, la participación de listas independientes y la paridad de género, las condiciones que se establecieron en el documento garantizan plebiscitos de entrada y el rectificatorio.

“El Ejecutivo aun no comprende la profunda crisis que se ha representado y evidenciado a través del estallido social. Hay una incapacidad para hacer una lectura de la crisis institucional, es lo que nos tiene ante una agenda completamente lejana a las expectativas de la ciudadanía”, cierra Bárbara Figueroa.