Mediante un proyecto de acuerdo, promovido por los senadores Álvaro Elizade (PS) y Alejandro Navarro (PRO) y suscrito por otros 21 de sus pares, el Senado le solicitó al Presidente Sebastián Piñera condenar firmemente el golpe de Estado que afectó a Bolivia, el pasado 10 de noviembre, que desencadenó la renuncia del ex presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera.

Desde el Senado sostienen que Morales en su intento por ir a la reelección, aceptó la recomendación de auditar los comicios por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). Tras los comicios y recogiendo las observaciones del organismo internacional, decidió realizar un segundo proceso eleccionario para salvaguardar los vicios del primer proceso, dando una salida democrática e institucional al conflicto.

Además, aseguran que dicho cronograma se vio abruptamente interrumpido por el Golpe de Estado que perpetraron las Fuerzas Armadas bolivianas, apoyadas por las autodenominadas milicias cívicas, “situación que pone en peligro las conquistas sociales de todo ese pueblo y la integridad física de las autoridades que fueron electas democráticamente y de sus adherentes”, según señala el documento emanado desde la Cámara Alta.

Para Navarro es urgente que Piñera interceda ante la comunidad internacional y directamente con el actual gobierno de facto que gobierna en Bolivia, para reestablecer el derecho internacional y lograr que los ocho ex ministros y funcionarios, y sus familias que hoy están asilados en la Embajada y residencia privada del embajador de México en la Paz, puedan obtener salvo conductos para viajar seguros a dicho país.

Al menos cuatro ex secretarios de Estado de Morales no tienen ninguna acusación en su contra, mientras que a los restantes se les presentaron imputaciones por parte de la Fiscalía boliviana luego que recibieran asilo político por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, expuso el parlamentario.

“El Senado ha acordado esto con una profunda preocupación de que pasan los días y este gobierno de facto ha decidido iniciar acciones legales en contra de ex funcionarios, aun cuando ya el asilo fue otorgado hace semanas por el Presidente Manuel López Obrador. Esperamos que, a la brevedad, el gobierno de Chile se pronuncie. A la fecha no lo ha hecho, condenar este golpe de Estado y particularmente, la persecución descarnada, brutal y violenta que el gobierno de facto realiza contra de los ex funcionarios, ministros y de sus familias”, enfatizó Navarro.