Claudia Perivancich, jefa de la Fiscalía Regional de Valparaíso, es la nueva encargada de llevar a cabo la investigación por la querella contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera, y contra todos quienes resulten responsables por permitir la violación a los derechos humanos desde el día 18 de octubre. La persecutora fue designada para el caso luego de que el fiscal regional metropolitano oriente, José Luis Pérez Calaf, se inhabilitara de este por su cercanía con uno de los abogados del jefe de Estado.

Perivancich comenzó esta semana a citar a los testigos solicitados por la parte querellante, según confirmaron a Ciper los abogados que llevan la causa, y que pertenecen a la Defensoría Popular, al Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo y a la Cooperativa Jurídica.

Dentro de la lista de quienes deberán concurrir a declarar por orden del Ministerio Público se encuentran el ex ministro de Interior, Andrés Chadwick, el general director de Carabineros, Mario Rozas, y quien fuera nombrado como jefe de Defensa Nacional de Santiago luego de que el Presidente decretara el Estado de Emergencia, el general de división Javier Iturriaga.

Además, también fueron citados por la fiscal los jefes de Defensa Nacional de las regiones de Valparaíso y del Bío Bío, el contralmirante Juan Andrés de la Maza y el contralmirante Carlos Huber, respectivamente. Sin embargo, el medio informa que una de las testigos solicitadas por la parte querellante no ha sido incluida aún en la nómina de la Fiscalía. Se trata de la ex jefa del Departamento de Laboratorios del Servicio Médico Legal, Aleida Kulikoff, quien denunció que fue desvinculada de manera arbitraria, despido que se produjo en medio de las manifestaciones, cuando el SML realizaba los peritajes de las víctimas fatales de la represión policial y militar.

Por último, la querella que busca castigar a los responsables de nueve delitos de lesa humanidad - dentro de los cuales se mencionan “homicidios”, “torturas y apremios ilegítimos, físicos, mentales y sexuales” y “mutilación de miembros importantes” -, también solicita oficiar a 19 instituciones públicas.

El Ministerio del Interior y el de Justicia, diversos centros hospitalarios, el SML, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Colegio Médico, son algunos de los organismos que la Fiscalía citara para obtener información relevante para la investigación.