Según los datos del informe periódico que emite DICOM-EQUIFAX junto con la Universidad San Sebastián, para diciembre de 2018, en Chile hay 4.529.480 de personas que se encuentran morosas. El monto promedio de la mora es $1.725.180, y el 41% de las deudas morosas tiene origen en el retail. Esto podría ser vestuario, alimentación o cualquier otro elemento disponible para entretención. En fin, consumo que se podría definir como básico, debe ser financiado por deuda.

Los adultos mayores de 65 años que reciben la pensión básica solidaria que paga el Estado, también se encuentran altamente expuestos a esta situación. Entre los años 2015 y 2018, el número de adultos mayores de 65 años con deuda morosa aumentó en un 23,4%. Esto significa que el número de morosos en 2018, supera la cantidad de espectadores que recibe un estadio con capacidad para 40 mil personas. Cabe mencionar que la cantidad de personas mayores de 60 años que se encuentra morosa de sus deudas, supera las 600 mil, es decir, 15 estadios para 40 mil personas jubiladas o al borde de jubilar.

Pareciera ser que la deuda se está convirtiendo en el real soporte de una vida con bajos ingresos por pensión. Valdría preguntarse ¿Es la deuda la mejor forma de financiar los gastos básicos? Claramente es una forma cómoda para quienes ganan a partir de este proceso de endeudamiento, pero no para quienes finalmente no lograr pagar al día. El endeudamiento se puede entender como subordinación a un compromiso. Pero los compromisos también se pueden romper si no existen las condiciones para cumplirlos.

Considerando el grave diagnóstico presentado en los párrafos anteriores, es que la propuesta del gobierno para reformar el sistema de pensiones aparece como una marca con el dedo sobre el agua. Básicamente es la fórmula ya probada: que el Estado pague las deudas generadas por aquello que el Capital no está dispuesto a pagar. Debido a que el Estado se nutre principalmente de impuestos grabados al consumo y que las grandes riquezas pueden hasta eludir impuestos de forma elegante, quienes terminan pagando son las personas que viven de su trabajo, sea este remunerado o no.

La preocupación por las pensiones no es un tema de futuro, es un tema del presente. Hoy se podrían llenar poco menos de 9 estadios de 40 mil espectadores con la cantidad de personas que recibe una pensión inferior a $151.000, incluso considerando a aquellas personas que reciben una pensión con subsidio estatal.

Lo positivo, dentro de este abrumador panorama, es que existe una propuesta con perspectiva integral, que considera la importancia de modificar el sistema tributario regresivo, con un aporte estatal para generar un fondo de capitalización de carácter público y un modelo que pague pensiones acordes a los años y monto de salario cotizado, pero de forma garantizada, es decir, un beneficio que se encuentra ya definido al momento de cumplir una condición de contribución. Si no cumple la condición o no logra cotizar, el modelo previsional debe responder y financiar un ingreso, así ya lo han hecho países que financian pensiones de tipo universal. Este tipo de sistema existe y no está quebrado ni depende de los vaivenes financieros con la misma intensidad que las AFP.

Si las AFP no tienen ninguna responsabilidad, ni parte, en el profundo problema previsional, o si su responsabilidad es solamente no haber informado mejor a quienes cotizan, entonces es prudente preguntarse cuál es la necesidad de que sigan existiendo. Al final del día, ya hicieron su mejor esfuerzo y así es como sus representantes siempre lo refuerzan. En las últimas décadas las rentabilidades de los ahorros previsionales han venido a la baja impactando directamente a nuestro fondo previsional, que depende totalmente del resultado de la capitalización. Lo anterior hará que sea el Estado el que deba gastar cada vez más o que las personas jubiladas deban seguir trabajando, tal como propone el actual gobierno.

Las instituciones financieras absorben cada vez más espacios de la vida cotidiana (tarjetas de crédito, débito, créditos para estudiar, o una gift card para comprar como con la antigua pulpería, etc.), las reglas impiden que los trabajadores organizados negocien salarios de forma libre y proporcional al capital organizado (ramas, sectores, holdings u otro), el trabajo reproductivo y doméstico no remunerado está invisibilizado, ni siquiera reconocido si es que se observa la propuesta de reforma del gobierno. De esta manera se impacta tanto en la vida cotidiana de personas activas laboralmente o ya jubiladas.

Por otra parte, las AFP no son un sistema para pagar pensiones y eso afecta, por ejemplo, al 50% de las personas que recibieron una pensión autofinanciada de vejez por primera vez en el mes de enero de este año y no cobraron más de $47.379. Incluso cotizando más de 30 años y menos de 35 sus pensiones no superaron el salario mínimo. Con estos montos ¿podrán complementar los gastos en el hogar? ¿Será siquiera suficiente para los gastos propios? Lo anterior es suficiente para comprender la urgencia de una reforma de sustitución del modelo de AFP por un sistema público de pensiones, basado en el reparto con fondos de reservas técnicas y beneficio definido.

A la luz de este panorama, es difícil señalar que protestar es inútil. Desde 2016, se han presentado por lo menos dos propuestas por parte del ejecutivo. El movimiento social por la previsión también ha presentado su propuesta, la única que pone en el centro aumentar consistentemente las pensiones actuales sin aumentar gasto estatal. Independiente de la afinidad política de izquierda o derecha, con el modelo de AFP las pensiones de la gran mayoría serán miserables para que una minoría amase fortunas gracias a las inversiones que hacen las AFP con los fondos de pensión.

Este domingo 31 de marzo, toda la familia está siendo llamada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras NO+AFP a manifestarse en las calles de todo el país, por una reforma previsional basada en la seguridad social, para que más pronto que tarde, se dejen de vender boletos al estadio de la vejez empobrecida.