Diversos analistas coincidieron durante la campaña, que luego de sus dos fallos anteriores, esta vez AMLO mostró un discurso más moderado y pragmático, que intentó capturar el voto de centro y vencer la resistencia empresarial. AMLO tampoco se arrugó en hacer alianzas electorales bizarras, como el pacto con el PES (Partido Encuentro Social), de corte derechista y social-conservador y al cual AMLO había rechazado sólo meses antes, o en recibir entre sus filas a cuanto panista o priista renegado se quisiera sumar.
Así, el triunfo de AMLO tuvo que ver en buena medida con su legitimidad como ex-gobernador de la Ciudad de México, la resonancia de su mensaje de denuncia y cambio, y el hartazgo de la población con el duopolio PAN-PRI. Además de la histórica relación entre el PRI y los problemas políticos del país, la administración panista de Calderón había sido la que comenzara la militarización del país como solución al problema del narco, con la consecuente escalada de violencia que llevó al PRI de nuevo al poder en 2012, y que significa que este año 2018 se empine como el más violento desde que comenzaron a registrarse las estadísticas. En este contexto, AMLO hizo una apuesta interesante por ocupar temas que la izquierda ha tradicionalmente soslayado, a saber, el orden y seguridad ciudadana, y el combate a la corrupción, ambos problemas ineludibles en México.
Respecto al narco, se prometió "abrazos, no balazos". Esto implicaba reorganizar y dotar de más recursos a las policías mientras se revertía la militarización llevada a cabo por Calderón y continuada por EPN. Al mismo tiempo, AMLO prometió una suerte de amnistía generalizada a los condenados por microtráfico, cuya falta de precisión y detalles llevaron a sus dectractores a difundir –y algunos a creer– que el Peje quería amnistiar a los capos. Quizás la propuesta más interesante en este ámbito fue el programa de becas "Jóvenes construyendo futuro", que pretendía sacar a los jóvenes que no trabajan ni estudian de las garras del narco por medio subsidios a la contratación y la capacitación en empresa.
Respecto a la corrupción, AMLO se comprometió a reducir la burocracia estatal como una manera de reducir el espacio para coimas. Asimismo, se comprometió a rebajarse el sueldo a la mitad del que que percibieron los presidentes anteriores (a unos $3.5 millones mensuales –pesos chilenos–), y a renunciar a la dieta vitalicia que estos reciben una vez dejan el cargo. En la retórica de AMLO, esto también permitiría atacar el flanco de justicia social y reducir la desigualdad.
Otras propuestas incluyeron la realización de consultas populares, la fundación de 100 nuevas universidades públicas y la eliminación del examen de acceso a la universidad, el incremento de las becas de estudio y de las pensión básica a los adultos mayores, y la construcción de obras de infraestructura como el Tren Maya para potenciar la actividad económica. Todo esto –siguiendo al fundador de la república mexicana, Benito Juárez– dentro de un marco de "austeridad republicana": AMLO se comprometió a no subir los impuestos a las empresas, y enfatizó que su programa de gobierno debía financiarse con mayores ahorros y reasignaciones presupuestarias, hacer más con menos.
b) A la derecha de la izquierda
A mi parecer, la apuesta de AMLO por cubrir dos temas tradicionalmente dejados de lado por parte de la izquierda y cuya representación cae fácilmente en las garras de líderes populistas de derechas, es muy importante. Sin embargo, para la izquierda debiera ser importante no sólo cubrir ciertos temas, sino cubrirlos con propuestas que representen al sector. En este sentido, deja sin dudas un sabor amargo, el que las principales preocupaciones de campaña del principal referente de la izquierda –refrendadas durante su período de presidente electo y en el presupuesto recientemente presentado para el año 2019– sean la seguridad ciudadana, la reducción del tamaño del estado, y la austeridad (vuelvo sobre esto más abajo).
Ahora bien, más allá de las sensaciones, cuando se examinan algunos de sus programas emblemáticos los sinsabores no disminuyen sino crecen. Por ejemplo, el programa de jóvenes becados constituye en la práctica, un subsidio directo del estado al pago de salario de estos jóvenes (ver detalles aquí). El Estado otorga una "beca" de unos $120.00 mensuales durante un año; durante ese período, las empresas que se inscriban en el programa pueden usufructuar de la mano de obra de estos jóvenes con la condición que les otorguen una capacitación y un certificado al finalizar la capacitación. No hay otro tipo de compensaciones monetarias involucradas –por ejemplo, pago de cotizaciones previsionales– y no existe obligación de la empresa de contratar al joven al término del período. Por otro lado, la capacitación es hecha por tutores ad hoc destinados por la empresa, sin el involucramiento de instituciones educativas y por tanto, sin el aseguramiento que las competencias aprendidas o los certificados otorgados vayan a servir a estos jóvenes para encontrar otro trabajo cuando termine su período de entrenamiento o para acreditar conocimientos que permitan acceder al sistema educativo formal. En la práctica, es una gran bolsa de trabajos temporales, relativamente precarios, y que hacen poco para insertar definitivamente a estos jóvenes en la dinámica del empleo formal. Con respecto a las nuevas universidades públicas, es difícil comprender la importancia atribuida a la educación terciaria en un país donde –según cifras de la CEPAL– apenas el 50% de la población de entre 20 y 24 años, ha completado la secundaria y por tanto, está en condiciones de acceder a la universidad –en Chile es el 85%.
Por último, el presupuesto recientemente entregado hace gala de lograr un superávit primario –esto es, antes de pagar la deuda– de un 1%, se vanagloria de ser austero, y destina una partida importante a pre-pagar deuda. Si bien no me parece problemático a priori la búsqueda de equilibrios fiscales y bajar endeudamiento, en este caso la "austeridad republicana" trae efectos no deseados como la fuerte reducción a los salarios de empleados públicos, y refleja la intención de calmar a los inversionistas extranjeros nerviosos producto de otras decisiones, mucho menos determinantes para el éxito del gobierno, pero que afectan fuertemente a la inversión, como la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
c) Errores no forzados
Si tan sólo fuera porque su gobierno no es lo suficientemente de izquierda, el problema quizás no sería tan grave. Después de todo, y dada la gravedad de la situación en México, bastaría que hiciera bien las cosas que se propone para sobresalir dentro de los gobernantes de los últimos sexenios, pavimentando quizás el camino a un nuevo gobierno de Morena y de paso fortaleciendo la legitimidad de la izquierda para el resto de los latinoamericanos.
Sin embargo, en lo poco que lleva como presidente –electo y en funciones– AMLO se ha caracterizado por un actuar errático, desprolijo y que en ocasiones raya en la indolencia. Es más, dada la celeridad con que ha querido impulsar ciertos temas, no son pocas las veces que ha tenido que salir a desmentir o a revertir disposiciones recientemente anunciadas.
Un ejemplo: la ley de salarios. Esta ha sido ampliamente difundida en medios internacionales como parte de los intentos de AMLO de disminuir los salarios más altos de la administración pública. El principio es que nadie puede ganar más que su superior, y como el superior de la administración es el presidente, ningún funcionario puede ganar más él, que ya se bajó el sueldo en un 50%. Ahora bien, la ley trae otras disposiciones que han encendido la alarma en el resto de la administración pública. Una segunda intención de la ley es disminuir las posibilidades de coimas a través de pagos adicionales que no sean parte del salario base. La ley establece sanciones penales tanto para quienes realicen dichos pagos como para quienes los reciban. Hasta ahí todo muy bien. Sin embargo, la ley desconoce un hecho fundamental de la administración pública mexicana –y de cualquier administración pública que haya sufrido procesos de neoliberalización: el salario base de los funcionarios públicos es muy bajo, y este se incrementa mediante una serie de prestaciones adicionales que no son parte de la base para efectos de las cotizaciones previsionales. Veamos algunos ejemplos (los datos aquí). Una secretaria en una universidad pública de élite como el CIDE gana un sueldo base mensual bruto de unos $230.000. A este se le añade mensualmente un 10% adicional por concepto de "despensa", otro bono de unos $50.000 por "puntualidad", además de otras bonificaciones anuales por desempeño y cargas familiares. En el caso de un profesor titular en la misma universidad, el sueldo base alcanza a alrededor de $1.000.000 bruto, al cual se le añade alrededor de un 50% por concepto de "estímulos", además de otros bonos sujetos a productividad. La ley de salarios de AMLO hizo que de un día para otro, las prestaciones adicionales al sueldo base quedaran en la ilegalidad, ante lo cual, bajo amenaza de sanción penal, la institución (y no ciertamente no es la única) decidió comenzar a pagar únicamente el nivel del salario base: $230.000 mil para secretarias/os, y $1.000.000 para profesores/as (brutos!). De esta forma, AMLO se echó encima no sólo a los altos sueldos públicos, sino también a los medianos y a los bajos. A poco andar de la ley, se descubrió que esta había sido tomada de una ley presentada años antes pero que no llegó a ser discutida y por tanto, no pasó mayor escrutinio. Los legisladores se encuentran en este momento tratando de modificar la ley y de sortear el impasse que produjo el que la corte constitucional la dejara temporalmente sin efecto.
Una golondrina no hace primavera, y un error lo cometen todos. Pero pareciera que en cada nueva decisión, hay nuevos errores. En su intento por retroceder la reforma educativa promulgada por EPN, que impulsaba la evaluación docente, el proyecto de ley enviado por AMLO modificaba un artículo de la ley eliminando la autonomía de las universidades y subordinándolas al gobierno. Al darse cuenta días después tras el escándalo provocado en la opinión pública, se eliminó el cuestionado artículo y se restituyó el anterior.
Otro caso que merece la pena mencionar es la bullada cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que llevaba alrededor de un 30% de construcción. El aeropuerto se enfrentaba a una serie de cuestionamientos, desde su impacto ambiental, hasta la manera turbia –aunque no exclusiva de este proyecto– como se había licitado. Después de anunciar su rechazo durante la campaña, AMLO armó una consulta ciudadana para definir su destino. La consulta –en la que cerca del 70% se inclinó por la opción NO– se organizó antes que AMLO tomara posesión de su cargo y sin la participación del instituto electoral mexicano; a cargo de su organización estuvo una empresa privada y el propio partido de AMLO, Morena. La consulta estuvo cargada de controversias: por ejemplo, que en ella participaron apenas alrededor de 1 millón de personas –de un universo de casi 90 millones habilitados para votar–, o que el número de casillas dispuestas para votar no correlacionaba perfectamente con las localidades de mayor población del país –se dejaron algunas con mucha población fuera, y otras con poca dentro, sin justificación aparente, lo que levantó sospechas de malas prácticas. Lo que es más importante: dado que el aeropuerto llevaba un grado significativo de avance, la cancelación implicará indemnizar a los financistas –o más precisamente, recomprar los bonos en manos de privados–, si se quiere evitar una demanda internacional. La suma que ofreció el gobierno por comprar el 30% de la deuda –suma que deberá ser aumentada debido al rechazo de los tenedores de bonos– ascendió a los US$800 millones. Por otro lado, la decisión afectó fuertemente el valor del peso y se espera tenga consecuencias en la prima de riesgo del país, aumentando el costo de la deuda y con ello, la necesidad de reforzar aún más la austeridad. El gobierno planteó reubicar el nuevo aeropuerto en las inmediaciones de la base aérea de Santa Lucía, pero no existe siquiera los estudios prospectivos, por lo que se estima que el nuevo aeropuerto podría tener que esperar otros diez años.
d) ¿Sin querer queriendo?
Así como hay desprolijidad que raya en la desidia, en otras ocasiones las acciones de AMLO contradicen abiertamente los planteamientos de campaña.
El ejemplo más claro es el del combate al narco. Contrario a su promesa, el Peje anunció la creación de un nuevo grupo, la guardia militar, conformada por militares e infantes de marina y que por tanto, mantiene y refuerza la militarización de la guerra al narco. De hecho, en el nuevo presupuesto de 2019, el presupuesto militar es el que más aumenta con respecto a 2018. Al respecto, el Peje ofrece el consuelo de que las fuerzas armadas "son pueblo con uniforme".
Respecto al tema educativo, las faltas y desaciertos ya parecen transformarse en un patrón. Como parte de su reforma educativa y de las reducciones de presupuesto, el nuevo gobierno planea eliminar el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), encargado precisamente de seguir el cumplimiento de planes y ofrecer estadísticas, así como reducir entre un 1% y un 4% el presupuesto a las universidades públicas –caída que anteriormente se había calculado en cerca de 30%, pero que luego fue corregida como un "error de cálculo". Consultado por los alcances de la medida en el contexto de su agenda de expansión de la educación superior, AMLO justificó que los dineros los recibirán las instituciones de todos modos, sólo que bajo la forma de becas a sus estudiantes. Es decir, se cambia subsidio a la oferta por subsidio a la demanda.
Es cierto que he tomado aquí algunos temas entre muchos posibles, y que no he hablado de los aspectos positivos. Es cierto también que el nuevo gobierno lleva apenas 20 días en el poder –aunque otros 5 meses de poder en las sombras. Sin embargo, la dinámica parece asentarse. ¿Qué debiera hacer la izquierda chilena? Para responder a esta pregunta, hago referencia a un experimentado colega economista mexicano –votante de AMLO y cercano al gabinete económico– quien cada vez que el Peje lanza una nueva iniciativa, cita a ese otro gran pensador mexicano, Alberto Aguilera Valadez a.k.a. Juan Gabriel: "¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema?". Siguiendo la reflexión del colega y de Juanga, parece mejor que la izquierda chilena tome distancia, y siga por el momento huérfana; no sea que tenga que cargar con otro trauma familiar.
