Corporación Humanas, junto a la Mesa Acción por el Aborto en Chile y una serie de organizaciones de mujeres, feministas, concurrieron a la Contraloría General de la República para solicitar que ejerza su facultad dictaminadora y ordene al Ministerio de Salud dejar sin efecto la resolución que regula la objeción de conciencia.

A juicio de las activistas, la medida obstaculiza el ejercicio de las mujeres al a decidir sobre su cuerpo, no garantizando el acceso a prestaciones de salud, entre otros vicios de legalidad.

La Ley 20.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales que entró en vigencia en septiembre de 2017, mandataba a un protocolo regular la objeción de conciencia, individual e institucional.

El 26 de febrero de este año se dictó la resolución n°61 que regulaba la objeción de conciencia, siendo esta modificada por el nuevo Gobierno el 23 de marzo pasado, por la resolución 432 del Ministerio de Salud.

Al respecto, Carolina Carrera, presidenta de Corporación Humanas señaló que "este requerimiento surge por parte de organizaciones feministas y de mujeres en resguardo de los derechos humanos de las mujeres y las niñas protegidos por la ley de aborto en tres causales frente a la ilegalidad cometida por el Ministerio de Salud que impone un retroceso a los mismos".

Carrera recalcó que este requerimiento es diferente respecto a los fundamentos presentados por la oposición al Gobierno: "Aquí lo que estamos denunciando son la vulneración de derechos fundamentales de las mujeres y argumentamos con todo lo que dice relación con estándares internacionales de derechos humanos y también constituye una media de presión para que el contralor se pronuncie y que no podemos seguir en este país haciendo, vía reglamentaria, cambios respecto de legislaciones que han sido fruto un arduo trabajo del movimiento de mujeres y feminista en Chile".

A la vez, Macarena Castañeda, vocera de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, recalcó que la objeción de conciencia institucional se ha vuelto "una excusa para imponer principios morales sobre mujeres y profesionales de la salud, obstruyendo el legítimo derecho a decidir de las mujeres y criminalizando a quienes lo defienden".

A la vez, argumentó que "no podemos permitir que de manera antidemocrática se pase por encima de un acuerdo político y social que tomo años definir, dándole más derechos a las instituciones que a las personas".

Entre los vicios denunciados por las feministas en el protocolo se encuentra  la eliminación de la necesidad de que objetores institucionales fundamenten su objeción de conciencia, así como también la eliminación de la prohibición de que instituciones privadas con convenios en los servicios de salud puedan ser objetores de conciencia.

Además, existe una desviación del fin de la resolución, en la medida que la finalidad de la ley 21.030 es consagrar una prestación de salud para las mujeres, el derecho a interrumpir su embarazo, y la presente regulación lo limita.