A través del Ministerio del Interior, el Gobierno interpuso una querella contra quienes resulten responsables de los delitos consumados de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público, en el marco de la Operación Huracán. 

Tomando distancia de Carabineros y el Ministerio Público, el Ejecutivo se hace parte de la investigación de las dudas que dejó el mediático operativo policial. Además de apuntar los hechos que dieron origen al tema, también cuestionó a los fiscales por la decisión de cerrar la causa.

En la querella, el Gobierno incluye nuevamente su solicitud de realizar peritajes en el extranjero y pedir información a empresas de mensajería para despejar las dudas al respecto. En la acción judicial se utilizaron términos similares a los que fueron incluidos en la apelación por sobreseimiento de la Operación Huracán.

"Resulta claro que nos encontramos ante un hecho la más alta gravedad para el país, toda vez que estamos ante delitos que, dentro del marco penal, tienen asociadas no solas penas considerables, atendido a su desvalor y al impacto que genera la afectación del normal desarrollo de la convivencia social en la población al poner en peligro el sistema judicial", precisaron en el documento.

Desde la Fiscalía de Valdivia confirmaron que investigan penalmente a Carabineros por las inconsistencias encontradas en los informes de Inteligencia. La medida se suma a la querella ingresada por La Moneda en enero contra quienes resulten responsables por el delito de filtraciones.

"Los hechos investigados en este caso dañan o podrían dañar directamente las funciones legales encomendadas a Carabineros de Chile, las funciones propias del Ministerio Público, órgano encargado de dirigir la investigación de delitos y acusar criminalmente; y asimismo, afectan la correcta administración de justicia", sostiene el documento.