El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, tendrá que acatar la decisión del Tribunal Constitucional que deja sin ningún sustento la petición del mandatario de declarar non grato y expulsar al comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez.

La controversia empezó el pasado viernes, cuando el juez pidió despojar de su inmunidad a Morales para investigar la financiación de su campaña electoral. La respuesta del presidente llegó el domingo con el anuncio de las medidas en su contra. El anuncio desató las protestas de miles de manifestantes se movilizaron rápidamente para defender al magistrado.

La relación de Morales y el comisionado Velásquez era normal hasta que el pasado mayo un hijo y el hermano del presidente fueron denunciados por estafar a Hacienda. Velásquez, además, fue una figura clave en las investigaciones que llevaron a la cárcel por corrupción al ex jefe de Estado, Otto Pérez Molina.

Ahora el Tribunal Constitucional otorgó de manera definitiva el amparo interpuesto por el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade. La argumentación del Alto Tribunal señala que "el Presidente no cumplió con lo establecido en la Constitución (Artículo 182) al actuar en su decisión sin el acompañamiento de sus ministros. [...] Actúa al margen de la legalidad y por eso esta Corte decide la suspensión definitiva".

Ante la decisión de la Justicia, Jimmy Morales dijo que no teme a la ley y que "acataré las resoluciones judiciales".

Diversos sectores ciudadanos reclaman al presidente que renuncie a su cargo, que ocupa desde 2015, por las demandas legales que enfrenta.