Ante el informe de resultado de la investigación realizada por la Contraloría con respecto a las indemnizaciones en los egresos de los trabajadores, la Federación de Supervisores del Cobre (Fesuc) advirtió a la CUT sobre las irregularidades y mayores alcances e implicancias que este dictamen podría acarrear para las empresas del Estado en materia de negociaciones colectivas.

El último dictamen emitido por el ente contralor del Estado señala que quienes administran los recursos de las empresas estatales no tendrían autonomía para negociar colectivamente con los trabajadores, ya que carecerían de disposición patrimonial. Esto, ya que estas disposiciones “conllevan, necesariamente, una libertad de disposición patrimonial de la cual carecen quienes administran recursos públicos”, según afirma el documento.

Por ello, las federaciones de sindicatos de las empresas del Estado se reunieron para coordinar acciones como coalición, y no permitir que los dichos y opiniones del contralor, se transformen en hechos perjudiciales para los trabajadores, ya que, a juicio de la CUT, este dictamen “no respeta la legislación laboral vigente y, por ende, atenta gravemente contra los derechos de los trabajadores de las empresas del Estado, los derechos de asociación y de negociación colectiva de los sindicatos, además de la libre competencia, así como la igualdad ante la Ley”.

Al respecto, el presidente de Fesuc, Ricardo Calderón, afirmó que “fuimos advertidos sobre este dictamen en donde se acentúa el punto relacionado con las limitaciones que tendrían quienes controlan el patrimonio, en este caso, el directorio de Codelco. Específicamente, eso es lo que podría impactar negativamente el ejercicio del derecho a la negociación colectiva y otras materias relacionadas”.

“Estamos tomando con dedicación este informe, porque lo que se desprende de la acción del contralor va en contra de toda la legislación laboral, de los contratos colectivos vigentes y tratados internacionales”, añadió.

Por su parte, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, señaló que: "Lo que ha hecho la Contraloría es grave y tiene un alcance mayor que busca transgredir el ámbito de acción de las empresas estatales y también llevarlo a una lógica de satanización de la negociación colectiva, de cautelar marcos de las negociaciones para que cada vez sean más restrictivas. Esa es una señal muy peligrosa, sobre todo en el marco de la implementación de la reforma laboral que empezó a regir el pasado 1 de abril, la cual sabemos, ya está teniendo sus primeras consecuencias”.

“En esta ocasión, la Contraloría se abre una compuerta para que los propios procesos de negociación y debates sobre las demandas de trabajadores se vean afectadas. Es por ello que nuestro plan de acción será solicitar reuniones con la ministra del Trabajo, con Hacienda, y con el Contralor, para que pueda explicarnos el sentido y las justificaciones antisindicales que se expresan. Vamos a defender las empresas del estado porque los trabajadores somos el sujeto permanente. Los directorios pasan, los gobiernos pasan, pero los trabajadores permanecen”, finalizó.