Hoy se conmemoran 68 años desde que las Naciones Unidas proclamaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su objetivo fue posicionar estos derechos como valores esenciales para la convivencia pacífica y evitar que los crímenes ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial volvieran a cometerse en el futuro. Pero, a pesar de que el acuerdo ha significado importantes avances para la humanidad, los Estados firmantes están lejos de reconocer, promover y proteger los principios rectores que inspiraron la declaración, a saber: la dignidad, la libertad, la justicia, la paz y el respeto por los derechos humanos.

Especial preocupación genera hoy la proliferación de guerras y los masivos desplazamientos de seres humanos que la comunidad internacional ha sido incapaz de enfrentar. Asimismo, el surgimiento de nuevas modalidades de golpes de Estado y una feroz epidemia de asesinatos selectivos que busca aterrorizar a los movimientos sociales transgreden los compromisos suscritos en 1948. Desafortunadamente, Chile no es la excepción en esta minusvaloración de los derechos humanos.

En nuestro país, durante los 17 años en que la dictadura civil-militar detentó el poder, el Estado cometió graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que tuvieron como consecuencia que miles de personas fueran injusta e ilegalmente privadas de libertad, torturadas, exiliadas, exoneradas de sus trabajos, asesinadas y desaparecidas. El pueblo de Chile fue agredido a causa de su voluntad política para luchar por la construcción de un país libre, justo y democrático. Su tejido social fue destruido y el legítimo derecho a la resistencia y la rebelión llevó a amplios sectores de la sociedad a alzarse en contra de la dictadura.

Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, se inició un proceso de resistencia a la violencia y la muerte, en el cual tuvieron un rol protagónico las organizaciones sociales que asumieron la defensa de los derechos humanos. Estas organizaciones han agrupado a familiares de presos y presas políticas, de detenidos y detenidas desaparecidas, de ejecutados y ejecutadas políticas, de sobrevivientes de la prisión y la tortura, y a miles de chilenos y chilenas que comprometieron su vida en la defensa de la dignidad humana. Debemos destacar, además, la encomiable labor desempeñada por un conjunto de iglesias, cuyos miembros formaron instituciones que protegieron a las víctimas de la represión estatal. Las agrupaciones y organizaciones que allí nacieron constituyeron y constituyen un baluarte ético y de resistencia a la dictadura y su herencia nefasta, que, junto con pobladores, trabajadores, mujeres y jóvenes, denunciaron y siguen denunciando la imposición del modelo neoliberal aún vigente.

Una de las herencias de la dictadura civil-militar es la Constitución de 1980, creada para institucionalizar el modelo económico y la estructura política impuesta a sangre y fuego. Los gobiernos civiles que sucedieron a la dictadura han carecido del valor, el coraje y la voluntad para democratizar el país y cada uno de los poderes que integran el Estado. Por el contrario, estos gobiernos han mantenido vigente una institucionalidad que obstaculiza la obtención de justicia y ampara la impunidad.

La labor de promoción y protección de los derechos fundamentales que las organizaciones de derechos humanos han realizado durante los últimos 26 años no ha encontrado eco en el Estado de Chile. A modo de ejemplo, de los 1193 casos de personas detenidas desaparecidas, solo han sido encontradas e identificadas 148. El destino final de todas las otras víctimas de desaparición forzada sigue sin conocerse. Asimismo, solo 117 de los 1373 ex-agentes procesados, acusados y/o condenados están cumpliendo actualmente una pena de presidio efectivo. Entendemos que una democracia que se funda en la injusticia y la impunidad es frágil y débil.

Por todo lo anterior, vemos con preocupación que el Estado y el actual Gobierno no muestren una real voluntad para avanzar en sus compromisos por la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y la no reiteración de estos hechos criminales. De igual forma, nos preocupa la expansión de la impunidad como manto protector del actuar de instituciones y funcionarios del Estado, en situaciones como la desaparición de José Huenante, José Vergara y Hugo Arispe Carvajal; el asesinato de comuneros mapuche, y la represión sistemática a las movilizaciones sociales y las comunidades mapuche. Especial referencia debemos hacer a la aberrante situación del Servicio Nacional de Menores (SENAME) que afecta a miles de niñas y niños vulnerables de nuestro país que son enviados a una institución que solo profundiza la violación de sus derechos más esenciales. Asimismo, expresamos nuestra indignación frente al hecho de que un lugar de reclusión y tortura, como 3 y 4 Álamos, sea utilizado para retener, aunque sea transitoriamente, a menores de edad. Categóricamente, afirmamos que el Estado de Chile tiene una responsabilidad directa en estos atropellos.

Aun frente a esta precaria realidad, declaramos que nuestras vidas están llenas de amor, reconocimiento y admiración por todos los compañeros y compañeras que fueron ejecutadas, desaparecidas, torturadas y encarceladas por razones políticas. Ellas y ellos nos legaron vida, amor por el prójimo y respeto por los valores esenciales que deben imperar en una sociedad democrática, justa y digna. Sus anhelos de justicia, libertad y paz han trascendido, y hoy somos nosotras y nosotros quienes, junto con miles de jóvenes que inundan las calles, estamos llamados a mantenerlos vigentes.

Es por ello que, en este 68° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, convocamos a todos y todas a exigir sus derechos, a movilizarse contra la injusticia y a denunciar las situaciones de abuso, maltrato y represión. Los invitamos a ser activistas, promotores y defensores de los derechos humanos; a hacer de ellos la base cultural e ideológica de una convivencia nacional democrática; a promoverlos y protegerlos, y, en particular, a demandar verdad y justicia para que no se repitan los crímenes del pasado. Solo así podremos construir un Chile justo, soberano, democrático y solidario.

Llamamos a todos y todas a seguir luchando, unidos y movilizados, por las demandas históricas del movimiento por los derechos humanos que exponemos a continuación:

1. Esclarecer los crímenes cometidos en tiempo de dictadura que afectaron a las personas detenidas desaparecidas y determinar el destino final de cada una de ellas; los crímenes cometidos en perjuicio de más de 1100 víctimas ejecutadas por motivaciones políticas, y los crímenes cometidos por funcionarios del aparato estatal en contra de las víctimas sobrevivientes.

2. Sancionar debidamente a todos los responsables de estos crímenes, poniendo fin a la impunidad imperante; terminar los pactos de silencio en las Fuerzas Armadas y de Orden; desarticular las redes de protección que amparan a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, denegarles el acceso a beneficios intrapenitenciarios y a la libertad condicional, y luchar para que los tribunales de justicia dejen de imponerles condenas mínimas y simbólicas.

3. Reparar integralmente a las víctimas de estos aberrantes crímenes con especial consideración a las mujeres que sufrieron violencia sexual y acoger las recomendaciones hechas a Chile por el Comité contra la Tortura.

4. Declarar todos los memoriales y sitios de memoria monumentos nacionales, y establecer y asegurar su financiamiento por parte el Estado, promoviendo activamente la participación de las organizaciones de la sociedad civil.

5. Asegurar el acceso a todas las personas a la información pública relacionada con los crímenes de la dictadura que obra en poder del Estado.

6. Reformar las Fuerzas Armadas y de Orden para que dejen de depender de poderes exógenos y formar a sus miembros en la Escuela de la Américas, degradar a todos los militares condenados por violaciones a los derechos humanos y asegurar la sumisión irrestricta de sus instituciones al poder civil.

7. Reforzar y ampliar debidamente las atribuciones de las instituciones de todos los poderes públicos creadas para defender, promover y proteger los derechos humanos.

Del mismo modo, conscientes de que los derechos humanos continúan violándose en nuestro país, convocamos a todos y todas a seguir luchando por las nuevas demandas de las organizaciones sociales y sindicales, entre ellas:

Reconocer y respetar el derecho a manifestarse, y abandonar la práctica de criminalizar los movimientos sociales.

Reconocer y proteger el derecho a una vida digna para todas las personas, que incluya el acceso a la salud, la educación, la jubilación, la alimentación sana, la cultura, un medio ambiente protegido y libertad de expresión.

Reconocer y respetar los derechos de los inmigrantes.

Reconocer y respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Llevar a cabo una profunda reforma al Poder Judicial, que democratice sus estructuras y asegure el pleno respeto y aplicación de los derechos humanos.

Devolver la soberanía al pueblo, su verdadero depositario, para que elabore una nueva constitución, por la vía de una asamblea constituyente que reconozca que Chile es un país diverso y multicultural.

Reconocer y respetar los derechos de los pueblos originarios reconocidos internacionalmente, permitiendo su autodeterminación.

Este es nuestro llamado. Es el desafío que asumimos por quienes hoy no están presencialmente entre nosotras y nosotros, con su ejemplo de vida en la memoria.