El ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, reconoció que será difícil fiscalizar la normativa que prohíbe el uso total de la leña para calefacción en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, medida que se implementará durante el próximo año.

“Estas son fuentes que eventualmente funcionan de noche, no tienen humos visibles y, por la cantidad, tienen una dispersión que es difícil fiscalizar, aunque eso tampoco nos llevará a no hacerlo”, precisó el ministro Badenier, luego de ofrecer la charla ‘Desafíos Futuros Medioambientales y de Reciclaje para Chile’, organizada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago.

En la Región Metropolitana, no más del 5% de las viviendas se calefacciona con leña, a través de 120 mil equipos o estufas, de acuerdo a un catastro del año 2012 de la U. de Santiago. Esos equipos, sólo en viviendas, pueden llegar a representar durante el invierno más de un tercio de las emisiones.

En ese contexto, Badenier aclaró que es posible regular la leña en Santiago y prohibirla, no obstante, insistió “desde el punto de vista de la fiscalización tienen dificultad objetiva”.

La medida, recordó el titular de Medio Ambiente, es parte del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la capital, el que fue sometido a consulta ciudadana.

Asimismo, comparó la medida con la prohibición de fumar en lugares públicos. “Todos planteaban esa preocupación, que es muy difícil de fiscalizar, pero eso se volvió una costumbre, y además, si se hiciera (fumar en un lugar público), creo que tiene mucha sanción social prender un cigarro en un lugar no habilitado”, dijo.

Por tanto, agregó, “nosotros aspiramos a que prender chimeneas en la Región Metropolitana tenga también a futuro una sanción social”.

Consultado sobre la injerencia en la fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), Badenier explicó que el organismo carece de personal para fiscalizar, y que su rol es más bien sancionar.

“La cantidad de fiscalizadores en la SMA es bastante bajo, en buena parte de las regiones tenemos una persona de la SMA, desde 2014 a la fecha hemos creado 6 oficinas regionales, y esperamos a marzo de 2018, tener las 15 oficinas regionales”, subrayó.

Cabe recordar que la SMA tiene potestad fiscalizadora desde enero de 2014, además de sancionadora, si hay una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

En esa línea, el ministro del Medio Ambiente puntualizó que la SMA coordina los servicios gubernamentales que poseen facultades fiscalizadoras y que operan a través de la Red Nacional de Fiscalización Ambiental (Renfa), entre ellos, la Seremi de Salud, el Sag, la Conaf, el Sernageomin y la Dga.

Impuesto verde

Por otra parte, el ministro Badenier anunció que el Consejo de Ministros para la sustentabilidad, que preside, aprobó el llamado impuesto verde a fuentes fijas, principalmente industriales y proyectos de generación eléctrica (termoeléctricas y agroindustria), por lo que comenzará a operar a partir del 1 de enero de 2017.

Según Badenier, el gobierno obtendrá una recaudación del orden de los US$ 100 millones al año con la entrada en vigencia de la normativa, aunque aclaró que el Ejecutivo no busca recaudar con la medida.

“Con los impuestos verdes no se busca recaudar, sino que generar una señal a las empresas de internalizar esa externalidad o bien que cambien su combustible y sus procesos para pagar menos impuestos”.

Cabe consignar que el impuesto será de 5 dólares la tonelada de CO2 y regulara a unas 80 fuentes contaminantes.

Respecto al proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el titular de la cartera de Medio Ambiente afirmó que espera que en diciembre de 2017 ya sea promulgado por la Presidenta Michelle Bachelet.

Actualmente la iniciativa se encuentra en trámite legislativo. Ya fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente del Senado, y en la sala de la Cámara Alta. El Ejecutivo presentará en un breve plazo indicaciones a la normativa.