Desde que se concretara el alza de la tarifa del Transantiago se han realizado varias “evasiones ciudadanas” y protestas menores. La molestia de las y los usuarios se hace patente en el clima del viaje diario, las protestas y las quejas por redes sociales. Esto tiene origen en que que la movilización mínima mensual necesaria estaría alcanzando el 16,7% de un sueldo promedio chileno, de acuerdo al INE. Es decir, que casi el 20% de un sueldo base se ocuparía en sólo un “ida y vuelta” al trabajo en los días hábiles. Sumado a esto, los trabajadores de Metro S.A. afirman que su servicio estaría indirectamente subsidiando al Transantiago puesto que el pasaje en Metro costaría unos 350.

Habiendo un millón de análisis económico-administrativos pendientes, es urgente denunciar el problema estructural detrás de estas alzas y protestas. En primer lugar, que el pasaje cueste menos en Metro, y que este servicio sea el tronco fundamental del transporte urbano en Santiago genera la sospecha de que serían los buses quienes usufructúan con demanda asegurada, de subsidios directos por parte del Estado, de sostenimiento de servicio por parte de Metro y de la justificación de que el extra que se cobra es precisamente por el déficit de dicho subsidio y el costo real de mantener el transporte de buses.

Luego, el costo que le implica a una familia chilena transportarse sólo a trabajar dentro de Santiago y que vive en base a un sueldo mínimo (o dos) bordea el 20% del ingreso; cuestión que sabemos es exagerada al comparar con otros países OCDE. Eso tomando en cuenta que, de acuerdo a la Fundación SOL, un 50% de las y los chilenos vive con el sueldo mínimo. Se justifica el subsidio asegurando que financian la rebaja para el estudiante y tercera edad, así como también los trasbordos. Es decir que el costo real de un uso diario con 3 trasbordos es igual a un total de 940 pesos chilenos hasta el 2014. Y con esta alza se estaría asegurando entonces que sería aún más. Lo que hoy ocurre en Santiago respecto al transporte público es un gran fraude mediático que cubre el hecho de que las políticas públicas están pensadas al servicio y beneficio del sector privado.

La realidad es que Transantiago es un servicio mixto que componen tanto el sector público con Metro S.A. como el sector privado con 7 empresas reinantes de los buses: (Alsacia, Express, Vule, Metbus, STP, RedBus y Subus) El Estado subsidia el costo de los trasbordos y de las tarifas rebajadas de manera directa. Sin embargo también asegura la infraestructura vial, concesionada y pública, asegura además los corredores expeditos, y bonifica el caudal de buses en horas peak (esto resuelve el misterio de los buses “En Tránsito”) También funciona como buen monopolio natural, asegurando la demanda, y sin las restricciones tarifarias que implican, puesto que la tarifa se amortigua con subsidios y no con restricciones. Metro S.A. podrá ser muy “sociedad anónima” en el nombre e imaginario de la derecha, pero sus accionistas son el fisco con un 37% de las acciones y CORFO con un 63% de las mismas, es decir: estatal, financiado por nosotros.

Sin embargo al ser CORFO y no el Fisco el accionista principal, está sujeta legalmente a las lógicas del sector privado: criterios de rentabilidad para subsistir, el que sus trabajadores no sean funcionarios públicos legalmente y por último la infaltable externalización y flexibilización de las relaciones laborales, esa que permite subcontratar y precarizar servicios de mantenimiento, seguridad, aseo y otros. Tenemos además los contratos flexibles a honorarios que generan el ridículo fenómenos de tener a dos personas ejerciendo la misma función con la misma carga laboral y con distintos salarios y bonificaciones contractuales. Todo esto justificado bajo el amparo del discurso permanente de los “números rojos”. La gran caída del servicio en noviembre del 2014, los problemas de seguridad que afrontan los conductores de Metro y la falta de “vigilantes” (guardias con entrenamiento) y la precariedad del servicio son producto de esto.

Lo que está en crisis es un Metro estatal disfrazado de privado que subsidia con su existencia indirectamente a través de un costo unitario que amortigua el Estado con subsidios a los buses en un mercado con demanda asegurada. Estamos presenciando otro escándalo donde se lucra a través un servicio público, con un derecho y necesidad social de vital importancia tanto para la economía como para la vida en sociedad. No contentos con eso se culpa con descaro a la evasión de los problemas del sistema y se la compara con las multimillonarias coimas y evasiones de impuestos de los empresarios. La guinda de la torta: los trabajadores no contamos con condiciones mínimas (ni siquiera óptimas) de seguridad ni en Metro ni en Transantiago para trabajar en este vital servicio.

El vivir en grupo, en sociedad, como naciones, pueblos y país implica que hay ciertas ocupaciones que sirven para todos, que son los servicios públicos, que se les garantiza a todas y todos, que son los derechos. Hoy, mediante la imposición de las lógicas de empresa y mercado, justifican con números “rojos” el alza del costo de un servicio que ya pagamos imponiendo y que luego volvemos a pagar en el pasaje. El ridículo neoliberal chileno debe cesar, porque los derechos sociales, los servicios públicos y la vida digna son límites intransables para cualquier modelo.