Luego que la Cámara Baja decidió declarar admisible la solicitud del disputado Hugo Gutiérrez (PC) de anular la Ley de Pesca, o también denominada Ley Longueira, tanto la industria pesquera como los partidos de la oposición están buscando la manera para enviar una contraofensiva contundente. De hecho se articuló un discurso que apunta al precedente que podría significar el anular una ley y la inconstitucionalidad de la medida.

El diputado de la UDI, Ernesto Silva, dijo que "Chile es un país donde todos tenemos que debatir, y si alguien quiere cambiar algo, que presente una propuesta para hacer el cambio. Pero en Chile hay dos cosas que no pueden pasar: uno, que alguien haga trampa para modificar las cosas a su gusto. Y dos, que las autoridades no tengan carácter y no se pongan los pantalones".

"Y lo voy a decir con todas sus letras: el presidente de la Cámara de Diputados no tiene carácter porque hoy tenía que decir que este proyecto era inadmisible e invitar a quienes tenían una propuesta para cambiar esta ley u otra a presentar otra iniciativa legal", agregó el parlamentario.

Según informa El Mostrador, en esa línea, el Jefe de Bancada de RN, el diputado Alejandro Santana, dijo que la decisión le pareció una "falta de prolijidad, una irresponsabilidad, que gatilla que la Cámara de Diputados tome decisiones equivocadas, decisiones que son señales no solo para hoy, sino para el futuro".

Opinión similar a la del diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), el cual integra la Comisión de Pesca, dijo que "el responsable ha sido única y exclusivamente el presidente de la Cámara de Diputados, que no ha tenido el suficiente coraje y liderazgo para hacer lo que correspondía hacer, que era declarar inadmisible esta norma".

Para Fuenzalida, "con esta decisión nos transformamos en un Parlamento bananero", ya que deja "la puerta abierta" para que se empiece a pedir la nulidad de otras leyes. "Es una falta de seriedad absoluta", aseguró.

La contraofensiva de la industria

La Sociedad Nacional de Pesca aseguró que para ellos era "ilegal" la admisibilidad de la iniciativa del Partido Comunista. El presidente de la asociación, Francisco Orrego, dijo que "de prosperar, sería insanablemente nula por ser contraria a la Constitución y a las leyes vigentes".

"Si esta admisibilidad ilegal llegara a aprobarse, se daría la señal de que en Chile se terminó el Estado de Derecho, lo que confiamos será evitado por la mayoría de la Cámara de Diputados, institución fundamental de la República", agregó.

Por su parte el presidente del Sindicato Interempresas de Patrones y Capitanes de Pesca, Juan Carlos González, opinó que "con esta decisión se rompe el Estado de Derecho que debe imperar en una democracia. Entramos en un escenario que ni siquiera está previsto en la Constitución ni hay normas para poder guiarlo. Es un hecho nunca antes visto que dañará a un sector laboral muy importante para el país (...). Esperamos, sin embargo, que prime la cordura”.

Desde la Asociación de Industriales Pesqueros, ASIPES, dijeron que "han condenado los escándalos de financiamiento irregular a la política que han afectado a un senador y una ex diputada, pues son dañinos para el país y la democracia. Sin embargo, el planteamiento que el sector pesquero industrial pudo haber comprado una ley económica, 'vía el cohecho y la corrupción', es una afirmación temeraria y carente de toda veracidad, pues la actual Ley de Pesca obtuvo aprobaciones amplias y transversales de diversos actores políticos con representación parlamentaria".

Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno de Chile "para que efectúe todos los esfuerzos necesarios para que impere el Estado de Derecho y se evite una escalada mayor que signifique la destrucción de un sector económico que brinda empleo y desarrollo a más de 36 mil personas a nivel nacional".