Los diputados Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez , junto a ocho parlamentarios, más los representantes de la Confederación Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp) y el Centro Ecocéanos , presentaron un proyecto de ley con el objetivo de anular la actual Ley 20.657 General de Pesca y Acuicultura (LGPA), conocida popularmente como “ley Angelini-Longueira” de privatización de los peces del mar chileno.

Esta cuestionada normativa aprobada en febrero del 2013, luego de una “tramitación express”, entregó gratuitamente y a perpetuidad la propiedad de las pesquerías nacionales a 7 clanes empresariales, los cuales se encuentra bajo el escrutinio público y estatal debido a las investigaciones de la fiscalía nacional por delitos de cohecho y fraude al fisco. Esta investigación a la fecha involucra a mas de 10 políticos y parlamentarios, junto a varias de las principales empresas y conglomerados pesqueros que fueron directamente beneficiados.

Anular, no derogar la corrupta Ley de Pesca

A diferencia de un anterior proyecto de ley presentado por los diputados Rabindranath Quintero (PS), Carolina Goic (PDC) y Adriana Muñoz (PPD), la actual propuesta expresa la demanda ciudadana, de sectores de la pesca artesanal, estudiantes y pueblos originarios, acerca de anular y no derogar la normativa pesquera y de acuicultura. La derogación, según la actual constitución, obligaría al Estado a indemnizar a las empresas del “cartel” pesquero industrial que se beneficiaron con la concesión de los derechos presentes y futuros de las pesquerías.

“Hemos presentado un proyecto de ley a fin de anular la Ley de Pesca y Acuicultura, porque consideramos que no es correcto tener que indemnizar en millones y millones de dólares a las empresas pesqueras que se adueñaron, a esta altura ya está acreditado, a través de la coima y el delito, de la biomasa que les pertenecía a todos los chilenos y chilenas. Tener que indemnizarlos ya sería el colmo”, precisó el diputado Gutiérrez a Radio Universidad de Chile

La investigación de la fiscalía nacional sobre abuso pesquero empresarial y corrupción parlamentaria, se desarrolla en el contexto que el programa de Gobierno de la Nueva Mayoría contempla la revisión de esta cuestionada norma, situación que hasta ahora no se ha realizado, habiendo sido traspasado dicho compromiso con la ciudadanía a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO).

“Creemos que es fundamental que esta legislación sea efectivamente revisada. Hemos planteado ante la ausencia de una visión o una opinión del Gobierno, que esta legislación debe ser anulada. Creemos que los datos son bastante contundentes. Esta ley debe ser anulada por razones que son bastante de peso. Una de ellas es que es contraria a los intereses del país, ya que no reconoce al Estado de Chile como dueño de los recursos del mar. Además, impide la competencia, porque le entrega toda la biomasa marina a estas famosas siete familias que las obtienen a través de concesiones por 20 años, que son renovables por otros 20 años más y así sucesivamente”, subrayó el diputado Gutierrez.

Pescadores de Condepp

Por su parte Gino Bavestrello, presidente de la Federación de pescadores artesanales de Corral, Valdivia, y miembro de la Condepp señaló que “es necesario anular la Ley Longueira, que no tiene nada que ver con la Ley de Pesca. La ley longueira nació del cohecho y la corrupción. Ya se sabe y se investiga al clan corrupto del norte donde están los senadores Orpis y Rossi, ahora falta investigar al clan del sur de la Región del Bio-Bio”.

El dirigente del Condepp demandó además a los parlamentarios a “usar su sentido común y aprobar este proyecto pues la ciudadanía esta atenta e informada de lo que ocurre con esta Ley Maldita. Lamentablemente el gobierno no ha escuchado al a ciudadanía y no se ha empeñado en cambiar esta normativa. Mas del 89% de la gente dice que esta ley se aprobó bajo cohecho, pero la presidenta parece que no se entera de esta situación”.

Bavestrello además rechazó que los industriales sean indemnizados luego que se anule esta corrupta Ley. “Son unos caraduras, han seguido realizando cuestiones ilegales como la pesca ilegal para fabricar harina donde ahora son investigadas 8 empresas de ASIPES. La ley Longueira se aprobó con corrupción y cohecho y por tanto a las 7 familias no se les debe nada”, afirmó el representante del Condepp.

300 mil firmas piden anulación de Ley Longueira

Juan Carlos Cárdenas, médico veterinario y director ejecutivo del Centro Ecocéanos señaló que “la presentación del proyecto de ley constituye un paso clave en la campaña ciudadana contra el mayor robo de recursos naturales y bienes públicos ocurrido con posterioridad a la dictadura cívico militar”.

Cárdenas llamó la atención que “la gran diferencia política es que este proyecto de ley cuenta con el respaldo y legitimidad social de 300.000 firmas de apoyo. También cuenta con la percepción de un 93% de los participantes en la reciente encuesta Cadem, que están de acuerdo con que es necesario volver a legislar si se comprueba la existencia de irregularidades en la génesis y aprobación parlamentaria de la ley” .

El médico veterinario indicó que al apoyo ciudadano se sumarán durante el 2016, crecientes acciones de movilización y presión ciudadana de carácter pacífico a nivel nacional y apoyo internacional. “ La discusión del proyecto de anulación de la ley Angelini-Longueira de expropiación pesquera, va a permitir que la ciudadanía identifique quienes son los diputados, senadores y partidos políticos que continúan operando bajo la dependencia del dinero de las 7 familias”.

“Será muy interesante ver el comportamiento de la Democracia Cristiana, partido que votó en bloque el 2012 a favor de la ley (con la excepción de Ximena Rincón), y de los otros partidos de la Nueva Mayoría”, dijo el director del Centro Ecoceanos.

Fuente: www.ecoceanos.cl