Las generaciones de estudiantes de los últimos años nos hemos movilizado a lo largo de todo el país, madurando un proceso que nos permitió pasar de demandas gremiales (TNE, becas, infraestructura) a construir en conjunto una demanda profunda y radical. Nos proponemos reformular el sistema educativo actual, ya que este desde sus bases concibe la educación como un bien de mercado. Los estudiantes cuestionamos esta lógica que impone la competencia y la segregación, para proponer un nuevo modo de entender la educación como derecho social para todos y todas, sin distinción. Esta nueva educación que Chile necesita requiere de un sistema de gratuidad, el cual considere a todos los estudiantes como iguales independiente de su condición económica, evitando con esto la segregación, fortaleciendo la educación pública como primera prioridad, ampliando su cobertura, y garantizando con esto el derecho de que todos puedan tener acceso a ella. Por lo mismo, son en extremo preocupantes los últimos giros que ha tomado la reforma educacional, en especial desde el fallo del Tribunal Constitucional.

Estos últimos meses el gobierno, en un intento poco afortunado y con muy pocas claridades, propuso una primera reforma a la que llamó “gratuidad” para asignar beneficios a los estudiantes más vulnerables de nuestro país. Esto causó una gran discusión entre los rectores de las Universidades Privadas y el gobierno, instalando un debate corporativo entre estas instituciones para acceder a fondos del Estado. Fue en este contexto que la derecha, haciendo eco a su tradición, apeló al Tribunal Constitucional, el cual consideró discriminatorio que el Estado financiara a ciertas Universidades y no a otras. Finalmente, tres Universidades Estatales actualmente tienen en duda su acceso a la gratuidad por no cumplir los criterios mínimos en acreditación.

Situación diferente vive la UC, la cual hace algunos días decidió adherirse a la gratuidad en contradicción con los reparos que el rector Sánchez había colocado, primero, en base a un supuesto desfinanciamiento de la universidad y, en segundo, ante la supuesta vulneración de la autonomía universitaria que implicaría el verse exigida a cumplir con estándares mínimos de democracia, los cuales -se entiende- una Universidad que se hace llamar Pública debiera comprometer.

De esta manera, toda la discusión sobre la educación como derecho quedó bajo tierra, girando el debate hacia el financiamiento y la defensa corporativa de todas las instituciones. Sin embargo, los estudiantes en el último Consejo FEUC manifestamos nuestra disconformidad ante la actual reforma propuesta por el gobierno, puesto que: a) No es la reforma que los estudiantes hemos demandados dado que establece una gratuidad a través de becas y no considera una reestructuración del sistema educativo; b) El sistema de becas actual no se diferencia sustancialmente del que se propone desde el gobierno, por lo cual la gratuidad propuesta no implica un aumento significativo de los beneficiados. Esto a pesar de los anuncios publicitarios que tienden a abultar las cifras; c) El sistema de requisitos es excesivo para los estudiantes, puesto que solo considera a los 5 deciles más pobres, y sumamente complaciente con el estado actual de las instituciones, muchas de las cuales lucran o no cuentan con un sistema de transparencia en su financiamiento.

Los estudiantes sabemos que actualmente esta reforma y la adhesión de la UC a la gratuidad focalizada del gobierno no son ningún triunfo. Inyectar recursos sin requisitos y criterios claros es un error y sólo demuestra el poco interés del gobierno por fortalecer la educación pública. Más aún, el mecanismo resulta irracional, pues profundiza el modelo actual de la educación de mercado y la competencia.

La decisión que tomó el Honorable Consejo Superior coloca a la UC en una situación en la que los estudiantes debemos exigir que se garanticen aquellas condiciones necesarias para hacer de la universidad una institución más pública: que sea una UC democrática y al servicio de los intereses mayoritarios de la sociedad, así como que no tenga conflictos de interés con grupos económicos empresariales.

Nosotros creemos que defender la UC no es celebrar por un financiamiento que perpetúa la subsidiariedad y las lógicas de mercado en la educación. Defender la UC es defender el derecho de todos sus estudiantes a acceder una educación pública, gratuita, de calidad y pensada democráticamente. Eso requiere de un modelo nuevo que desde la UC podemos construir. Sin ser más complacientes, Defender la UC es Transformarla.