Conocidos son los antecedentes que dieron origen a la gestación de la Ley de Pesca; las nueve grandes familias que controlan la industria pesquera en concubinato con la clase política, configuraron un verdadero cartel a la hora de impulsar las iniciativas a favor de los grandes conglomerados pesqueros y sus intereses. Como prueba de ello, están los importantes pagos mediante Corpesca a diversos parlamentarios, como el caso de Jaime Orpis y Marta Isasi, verdaderas muestras de la punta de un gran iceberg; Así queda en evidencia la tremenda colonización de la política por parte del empresariado, generando marcos jurídicos al servicio de los grandes grupos económicos, en desmedro de los intereses de las grandes mayorías.

Estos casos han sido fuertemente denunciados a través de la campaña para la anulación de la Ley de Pesca que impulsa el Consejo de Defensa del Patrimonio Pesquero y hoy, luego de un reciente Trawün-Nguillatun, las comunidades Mapuche-Lafkenches levantan un compromiso que se orienta en la misma dirección.

Convocado por la Identidad Territorial Lafkenche el Trawün-Nguillatun realizado en la comuna de Tirúa, tuvo por objetivo discutir sobre la actual Ley de Pesca, sus impactos y las acciones conjuntas que eventualmente se podrían emprender entre diversos actores que han visibilizado el conflicto y son víctimas de la problemática privatización del territorio y el patrimonio, tanto natural como de bienes comunes en Chile, particularmente en el ámbito de los ecosistemas costeros y marinos. Anulando a su vez el derecho histórico de uso de gran parte de estas tierras y mares, correspondiente a los pueblos originarios. Como Izquierda Autónoma, hicimos eco a esta importante hito que reunió a más de 2000 personas, entre dirigentes de pescadores artesanales, dirigentes de comunidades mapuche, federaciones de estudiantes y diversos movimientos políticos y sociales de todo el País.

.
La actual Ley de Pesca, es un icono del saqueo -mediante cohecho, tráfico de influencias y corrupción- al patrimonio natural de Chile, esta ley  consolida la privatización y reconoce en los industriales supuestos derechos históricos sobre las pesquerías, con posibilidad de herencia de los derechos de explotación otorgados, no reconociendo y despojando tal condición a pescadores/as y en el caso mapuche-lafkenches, contraviene el convenio 169 de la OIT respecto a las consultas a los pueblos originarios en su aprobación.

A su vez, se presenta otra amenaza, debido a que, de facto, la pesca artesanal y el uso que le otorgan los pueblos originarios se ven ampliamente reducidos o anulados; la relación con el borde pasa a ser dominado y producido por las mismas nueve familias. No es solo la pesca indiscriminada, con ella aparecen las industrias, caminos y contaminación, deja de ser parte de nuestro paisaje las caletas, los botes o las ventas populares. Ya no es la iniciativa colectiva la que llena los bordes, sino una individual que mira el territorio bajo unos lentes que todo lo traducen en números y utilidades. Poco a poco el espacio privativo del empresariado comienza a extender sus límites, definiendo el país de los próximos cincuenta años.

No obstante lo anterior, el modelo pesquero que hoy pone en jaque la sustentabilidad de nuestros mares, no solo tiene su corolario en torno al último gobierno de Derecha. La Concertación, en su lógica de administración del neoliberalismo chileno, sentó las bases de la privatización de los recursos naturales de manera descarnada en el ámbito de su proyecto, el cual sostiene su lógica de acumulación de ganancia en una matriz profundamente extractivista, muy coherente a la dinámica de mercantilización de derechos sociales, de la vida y por su puesto de los bienes comunes.

Por tanto, La Ley Pesca es mucho más crítica en su fondo, pues refleja una matriz ideológica respecto a los bienes comunes, que solo ha podido ser impuesta por la vía del cohecho, el tráfico de influencias y la desarticulación de los movimientos sociales, es decir, utilizando la violencia, único método mediante el cual el neoliberalismo se hace viable. En ese sentido el conflicto pesquero nos deja una lección; Con la imposición del Capitalismo y su expansión, se revelan profundas crisis ecosistémicas que nos obligan a mirar y pensar otras formas de creación y socialización de la riqueza producida.

La discusión sobre los bienes comunes, las tradiciones de los pueblos originarios y los derechos colectivos se hace urgente e invita a mirar culturas y formas de producción en donde la relación con la naturaleza se plantea desde una perspectiva más armónica y coherente, de manera desmercantilizada, empujando con un carácter democrático y colectivo toda determinación productiva de los territorios junto con el uso y resguardo de sus bondades naturales, porque en lo que es común y que es de todos y de todas, el derecho a decidir sobre sus definiciones es impostergable para el buen vivir.

En ese contexto, el Trawün-Nguillatun de Tirúa es un hito importante para sentar bases para forjar una alianza social con síntesis nacional,  en torno a la iniciativa por recuperar los bienes comunes y el patrimonio natural de Chile. Empujando una fuerza de base amplia, diversa y legítima, para enfrentar la privatización de los territorios, este punto de inflexión nos ofrece una alternativa viva en el horizonte de un Chile que les pertenezca a todos y todas, poniendo la voz de alerta sobre el estado de nuestros ecosistemas y la necesidad de replantearnos nuestra visión sobre nuestros cada vez más escasos y comprometidos bienes comunes.