Luego que el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Leopoldo Llanos condenó los crímenes de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno, Mónica Pacheco Sánchez, Luis Gangas Torres, Manuel Reyes Garrido, Pedro Cortés Jelves, quienes fueron detenidos, trasladados a Villa Grimaldi, sometidos a atroces torturas y ejecutados entre el 18 y 19 de noviembre de 1975, y luego fueron hechos aparecer como muertos en un enfrentamiento en los cerros de Rinconada de Maipú, abogados y familiares analizaron y entregaron sus sentimientos.

El Director Ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Francisco Ugaz, señaló que “se monta una escena, hay sin duda un montaje periodístico que da cuenta de una versión oficial que entregó la dictadura y que a través de la investigación desarrollada por el ministro Leopoldo Llanos se pudo establecer que ello no fue así, sino un montaje, los medios de comunicación de la época han tenido una responsabilidad por cuanto ampararon una versión propiciada por la dictadura”.

“Como Programa de Derechos Humanos defenderemos las condenas que han sido impuestas por el tribunal, instando a que se mantengan y ciertamente es importante dar cuenta que ésta fue la verdad de lo acontecido no aquella verdad que la dictadura presentó”, recalcó.

Por su parte, Alberto Rodríguez Gallardo, quien permaneció detenido con sus parientes en 1975 a la edad de 6 meses en el Cuartel Central de Investigaciones, ubicado en General Mackenna, hijo de Catalina Ester Gallardo Moreno, llamó “expresamente a los canales de televisión TVN y Canal 13 a dar disculpas públicas por el montaje comunicacional que ha envuelto a nuestra familia”.

“Para que la justicia sea plena debe ser oportuna y proporcional al daño causado. En noviembre se cumplen 40 años de ocurridos los acontecimientos y tuvieron que transcurrir 27 años de investigaciones judiciales para llegar hasta hoy y obtener este fallo”, agregó Rodríguez.

“Esta tardanza de los tribunales nos parece inaceptable, ya que vemos como nuestros familiares y los propios asesinos se mueren en medio de tanta demora. No estamos culpando a los jueces que han llevado el caso, sino el andamiaje institucional heredado de la dictadura cívico militar”, añadió.

Por su parte, Alvaro Ahumada, Presidente de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, sobreviviente de ese centro de tortura y exterminio, valoró el fallo como un hecho “relevante”, porque establece la verdad “sobre lo que sucedió a una familia de luchadores democráticos, de resistentes contra la dictadura que fueron masacrados vilmente en una noche de terror”.

Que “empiece a quedar claro que aquí hubo cómplices en los medios de comunicación que colaboraron en levantar un montaje de modo tal de confundir lo que había sido la suerte de estos valerosos luchadores”, puntualizó Ahumada.

Asimismo apoyó la solicitud de disculpas públicas a TVN y Canal 13, “respecto de un accionar que se alejó con mucho de la ética periodística que nosotros suponemos debe existir en los medios de comunicación”.

La Presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, dijo que “no es justicia cuando más de 270 agentes del Estado, que han sido condenados por crímenes de lesa humanidad tengan pena remitida, que significa que no van a pasar ni un día de cárcel, no se condicen las condenas con la gravedad de los delitos”.

También se refirió al Ejército de Chile, a quien a través de la Corte de Apelaciones se le pidió que entregue los nombres del personal a contrata de ex miembros de la Central Nacional de Informaciones (CNI), la sucesora de la DINA. A su vez, llamó a que entreguen la información dado que tienen una red de protección y hay condenados por crímenes contra la humanidad por la Corte Suprema como Daniel Cancino, Ricardo Lawrence, Rubén Fiedler Alvarado y Walter Klug Rivera, que se encuentren prófugos.