Mientras se desarrollaba la tercera jornada de formalización del caso Penta el viernes pasado, el Fiscal Regional de O’Higgins, Luis Toledo, acompañado por personal del OS9 de Carabineros incautó los computadores de Natalia Compagnon y su esposo Sebastián Dávalos Bachelet, desde la casa que el matrimonio tiene en La Reina, Santiago.

La diligencia se desarrolló en el marco de la investigación que indaga posibles ilícitos en el proceso de compra y venta de tres terrenos en la comuna de Machalí, que le reportó 2.500 millones de pesos a la empresa Caval, de cuya propiedad es dueña en un 50% la nuera de la Presidenta Bachelet.

La orden de entrada, registro e incautación fue cursada por el Juzgado de Garantía de Rancagua en 4 de marzo pasado como parte de la causa que investiga los eventuales delitos de revelación de secretos, negociación incompatibles, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

El documento, hecho público por El Mostrador, autorizó por parte del fiscal y las policías “la incautación de: computadores de escritorio, computador personal, notebook o tablets, soportes técnicos como pendrives y documentación que se mantenga en estos lugares y que digan relación con los hechos investigados. Además se autoriza para abrir correspondencia cerrada, conforme a los artículos 218 y 219 del Código Procesal Penal. Facultando el uso de la fuerza pública, en caso de oposición, con allanamiento y descerrajamiento”.

La orden, firmada por el juez de garantía,, Luis Barría, añade que “se autoriza la orden de incautación de todos los elementos que pudieran relacionarse con la comisión del delito”.

Pero esta no es la primera diligencia ordenada por la Fiscalía. Antes, ya había solicitado al Banco de Chile proporcionar los antecedentes de cinco personas ligadas a Caval, entre ellas, Dávalos Bachelet y Compagnon, para conocer los productos bancarios de la pareja como clientes del mismo banco que les otorgó el crédito de $6.500 millones con el cual compraron los terrenos que luego vendieron a $9.500 millones.

La Fiscalía también requirió copias de los videos de las cámaras de seguridad del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua, esto, después de recibir una denuncia de las supuestas gestiones que habría realizado la intendenta Morín Contreras para acelerar la inscripción de los terrenos a nombre de Hugo Silva (comprador de los terrenos), acusación desmentida por la autoridad regional.