En el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, en audiencia pública, las partes involucradas en ele juicio hicieron sus alegatos finales. Llamó la atención que todas las pruebas aportadas por las comunidades, incluyendo una serie de documentos públicos de la Dirección General de Aguas y del Sernageomin, más los testimonios de los habitantes del Valle y de los testigos expertos que concurrieron voluntariamente a declarar, daban cuenta de indiscutible destrucción de glaciares perpetrada por la empresa, y de la inviabilidad de desarrollar megaminería en los ambientes glaciares y periglaciares, sin afectarlos.

No obstante, todos los testigos presentados por la empresa Barrick Gold, y que mantienen una relación contractual con ella, sostuvieron que no hay vinculación entre la destrucción de glaciares y la megaminería, y aportaron abultados expedientes de estudios financiados por la minera que darían cuenta de su inocencia.

Raúl Garrote Garrote, miembro de la Asamblea por el Agua del Guasco Alto, señaló que el fallo del tribunal será un buen indicador de la independencia con la que opera la nueva institucionalidad “está claro que Barrick está financiando la construcción de una realidad que los favorece, de la mano de científicos y expertos que ceden frente al poder del dinero, en cambio quienes estamos en esto porque amamos nuestra forma de vida y nuestro territorio, y nuestros testigos que comparecieron voluntariamente, dimos cuenta de lo que realmente está pasando… será interesante ver a quién le cree el Tribunal”.

En el caso de probarse el daño ambiental por parte de la empresa, lo que procede es reparar el daño, consultado Garrote sobre qué pedirían ellos como reparación, la respuesta fue enfática: “Cualquier medida de reparación pasa porque la empresa se vaya y eso es lo que exigimos en este juicio. Nuestros glaciares son irremplazables, para que no se sigan destruyendo es urgente el retiro de ésta y de cualquier empresa minera en la naciente de nuestras cuencas”.

Por su parte, el abogado Alvaro Toro, que ha acompañado a la comunidad desde que empezó el juicio en junio del 2013, señaló que “estamos tranquilos y esperanzados, las pruebas que presentamos son contundentes, y emanan del territorio, de expertos y del propio Estado, lo que acredita su objetividad. Por otro lado, nos parece muy relevante señalar el rol de la comunidad en este juicio, el proceso de valoración del propio testimonio, de la propia voz, atreverse a emprender una tarea como levantar una demanda por daño ambiental en condiciones de brutal asimetría, marca para mí un antes y un después en la defensa territorial”.

Los alegatos finales que se realizaron suponen una síntesis de argumentos y pruebas que las partes presentaron a lo largo del juicio, y marcan el cierre de la fase probatoria y el inicio del período de fallo, que en condiciones normales no debiera ser mayor a 30 días.