Luego del paso del proyecto de reforma educacional -que pone fin al lucro, al copago y la selección- por la Cámara Baja, existe preocupación en el gobierno respecto de las modificaciones que podría sufrir en el Senado. Por ello, pese a las dificultades del diálogo con la derecha, algunos sectores del oficialismo ya comenzaron las primeras conversaciones y acercamientos.

El presidente de la DC, Ignacio Walker, fue el encargado de representar dichas intenciones, particularmente sensibles para su sector. “Nos vamos a jugar para buscar un gran acuerdo en la reforma educacional”, anunció, destacando su idea de que los proyectos duren y tengan “legitimidad”.

Walker ya ha sostenido varias conversaciones con el presidente de Renovación Nacional, Andrés Allamand, quien ha manifestado disposición de discutir, pero advirtiendo que llegar a un acuerdo similar al de la reforma tributaria será difícil, dado el carácter “ideológico” de sus transformaciones.

Por su parte, algunos parlamentarios ya han mostrado su desconfianza en dicha estrategia, asegurando que es imposible alcanzar un acuerdo con la derecha en este momento, pues las “posiciones son diametralmente opuestas”, como recalcó Fulvio Rossi (PS) y han sostenido Lagos Weber (PPD) y Jaime Quintana.

Mientras éstos han sostenido que la reforma debe discutirse a la brevedad, finalizando en enero, desde la DC y RN son partidarios de extender las negociaciones para revisar cada uno de sus puntos.

 

El doble discurso de La Moneda

El arriendo de colegios es uno de los puntos que genera polémica entre la Alianza y el oficialismo. Mientras éstos últimos defienden los contratos entre partes relacionadas con fines de lucro, en la Nueva Mayoría se oponen a esa opción, sin conocer en profundidad la opinión de la DC al respecto.

Hoy, la preocupación del gobierno se centra en la posibilidad de que un acuerdo de sectores de la NM y la derecha termine desvirtuando los propósitos de la reforma educacional. Más aún luego de que la Cámara rechazara la opción de arriendo para recintos escolares, iniciativa que Walker podría comenzar a cuestionar en sus próximas conversaciones.

Ante este escenario, la postura de la DC es incómoda: Walker puede votar junto a la Alianza, obteniendo las críticas de su coalición o situarse junto a la Nueva Mayoría y recibir los cuestionamientos desde los colegios particulares subvencionados y sus apoderados.

Por su parte, antes de iniciar su primera gira a Europa, la presidenta Bachelet desconoció los acuerdos del gobierno en cuanto a impulsar la penalización del lucro en la educación. “No está dentro de lo que el gobierno ha planteado para la reforma educacional (...) no está dentro de nuestro programa”, señaló en Canal 13.

Sin embargo, son los propios diputados oficialistas quienes aseguran que incluso hay registro escrito del acuerdo con los asesores del Mineduc.

Así lo establece un documento de seis páginas, donde se señala que “en materia de sanciones, se crea un delito asociado al desvío de recursos de la subvención a fines distintos del educativo. Se establece una gradiente que va desde la devolución de lo desviado, multas y penas de cárcel en caso de reincidencia”.

Un día antes de la votación del proyecto, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, solicitó a los presidentes de partido disciplina para votar las indicaciones del gobierno en la materia, aunque aseguró que los dejaba en libertad de acción ante las indicaciones ingresadas por los parlamentarios.