En nuestro querido país estamos llenos de leyes y reglamentos que los funcionarios del aparato del Estado le exigen con prepotencia a los ciudadanos de a pié, pero cuando se trata de actores privados, de esos privilegiados que están situados en el 0,1% de la población, los mismos funcionarios se ponen “flexibles” para actuar con generosidad y así, con sus inicuas resoluciones administrativas, dar en el gusto a los titulares de proyectos inmobiliarios de alto impacto en las ciudades.

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) es muy categórica cuando establece que los permisos de edificación caducan automáticamente a los 3 años de sus emisiones por parte del Director de Obras Municipales,ellosi no se hubieran iniciado las obras correspondientes o si éstas hayan permanecido paralizadas durante ese mismo periodo de tiempo.

Para evitar las malas prácticas y las interpretaciones mañosas, esta reglamentación dice que una obra se entenderá iniciada una vez que se hayan ejecutados los trazados y comenzadas las excavaciones contempladas en los planos del proyecto. Luego, después de los 3 años y hasta el día anterior al cumplimiento de los 6 años, habiéndose realizado los trazados y todas las excavaciones de la edificación durante los primeros 3 años, el inmobiliario está en condiciones de iniciar su proyecto.

Cuando los proyectos de equipamientos comerciales consideran más de 150 estacionamientos tienen la obligación de someterse a un Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), materia que es analizada por diversos servicios públicos cuyo coordinador es el Seremi de Transportes. El Director de Obras Municipales no puede cursar un permiso de edificación si el solicitante del mismo no cuenta con la aprobación previadel EISTU, lo que no siempre se respeta a pesar de lo ordenadoperentoriamente en la legislación de Vivienda y Urbanismo.

Ahora bien, en la edición del sábado 7 de junio de 2014 de El Mercurio de Valparaíso se informa que la constructora Desco, por cuenta de un inversionista determinado, ha iniciado la edificación del mall Marina Arauco 2 en un sector de Viña del Mar, cuyas vialidades ya están colapsadas porque en sus inmediaciones ya existen otros tantos centros comerciales de similares cargas de ocupación. En defensa de sus legítimas calidades de vida y de sus derechos urbanos adquiridos un grupo de vecinos recurrió ante la sede regional de la Contraloría General de la República, pues consideraron que se habían vulnerado ciertas normas en el proceso de tramitación del negocio.

Según la página web del titular del proyecto las faenas de construcción se iniciaron recién el 16 de octubre de 2013 y recordamos que en ese sector, al final de la arbolada Avenida Libertad, existía al Regimiento Coraceros, el que se demolió para dar paso a otras actividades inmobiliarias.

Como era su deber, el funcionario que ejerce el cargo de Director de Obras Municipales de Viña del Maracreditó la caducidad del permiso de edificación por las razones contempladas en la OGUC y la sagaz inmobiliaria, sabiendo de antemano que la función técnica regional de mayor jerarquía lo iba a socorrer en este impasse, elevó un reclamo ante el Seremi de Vivienda y Urbanismo,mismo funcionario del gobierno anterior que ha posibilitado una serie de anomalías en el sector de Reñaca, lo que ha sido denunciado pública y formalmente por el doctor Mauricio Román. Naturalmente ese ex Seremi instruyó a la autoridad municipal en orden a que se desistiera de aplicar la caducidad del permiso.

Acerca de lo inmediatamente anterior, es conveniente que los lectores sepan que dicho ex Seremi se extralimitó en sus atribuciones, pues el artículo 4º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) le entrega atribuciones solo a la División de Desarrollo Urbano del Minvu para pronunciarse sobre las disposiciones de la OGUC y de la propia LGUC. Los Seremis están facultados para interpretar y supervigilar los asuntos contenidos en los instrumentos de planificación territorial.

Y es más, en su afán cuasi enfermizo de ese ex Seremi, afortunadamente ya reemplazado, tuvo el descaro de informarle al Seremi de Transportes que esta intervención inmobiliaria, la que ya había modificado sus vías de acceso, no requería de un EISTU que recogiera el parque automotor actual, ya que, según su particular apreciación, bastaba con el simplista análisis vial de hace 14 años atrás(sic).

Por si fuera poco, el mall de la discordia, clasificado en la OGUC como equipamiento mayor, tiene que enfrentar obligatoriamente vías expresas o troncales, lo que tampoco acontece, lo mismo que sucede con el polémico mall Puerto Barón proyectado en el borde costero de Valparaíso, obra que está paralizada por un categórico fallo judicial.

En resumen, el permiso de edificación del año 2000 nunca se debió haber cursado porque el mall no enfrenta una vía idónea y este acto administrativo ya está caducado por elimperio de la ley, de tal forma que las obras ilegales en ejecución deben paralizarse a través de un Decreto Alcaldicio, tal como lo ordena el artículo 148º de la LGUC. Si se aplica la ley, tal como lo hemos dicho, el privado afectado podrá interponer un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso en resguardo de sus intereses mercantiles y sus magistrados resolverán en conciencia.

Si la alcaldesa Reginato, por los motivos que sean, no se atreve a ejercer sus atribuciones legales, lo cual podría ser posible, y la construcción irregular continúa campante, esperaríamos que la Contraloría Regional emita a la brevedad un esclarecedor dictamen, trasladando los antecedentes al Ministerio Público para que uno de sus fiscales investigue a fondo el proceder de todos aquellos funcionarios públicos que han actuado como simples comparsas del mall Marina Arauco 2.