El secretario general del Movimiento Defensa por el Derecho al Agua y Protección del Medioambiente (Modatima), Rodrigo Mundaca, es uno de los que ha estado al pie del cañón, desde hace años, en las denuncias por usurpación de aguas del país.

Su labor, sin embargo, ha implicado severas consecuencias: en abril, la justicia lo declaró culpable de “calumnias”, tras las denuncias de robo de agua en las que vinculó al ex ministro Edmundo Pérez Yoma. La condena sobre Mundaca fueron 541 días de cárcel y el pago de una multa.

Hoy, sin embargo, el dirigente no detiene su labor en la movilización social. Por ello, Mundaca se encontraba marchando cuando se enteró del anuncio de Bachelet sobre la disputa que lo involucra hace tanto tiempo: “modificaciones sustanciales al Código de Aguas”, fueron las palabras de la presidenta.

¿Qué opinas a grandes rasgos del anuncio realizado por Bachelet en cuanto al agua?

Nos parece que es un avance. Y nos parece que es un avance que es resultado y reflejo, fundamentalmente, de la movilización sostenida que hemos mantenido para visibilizar el estado de las aguas en el país. Este anuncio se hace dos semanas posteriores a la Marcha Nacional por el Agua el 26 de abril. Estos anuncios, para ser justos y muy rigurosos, son el resultado de los cientos de miles de hombres y mujeres que desde Arica hasta Magallanes hemos estado luchando por el agua en los últimos 6 años.

Ahora, nosotros vemos el anuncio como una declaración de intenciones porque cuando se dice que se va a consagrar el agua como un bien nacional de uso público, para que eso ocurra, es fundamental que pasen cosas previas. Primero, hay que pensar en derogar el artículo 19, numeral 24 e inciso número 11 de la Constitución del ‘80 que consagra la propiedad privada del agua, eso es elemental. Segundo, se requiere terminar con los instrumentos privatizadores de las aguas, presentes en el Código de Aguas del 81 y, además, el tratado binacional minero suscrito por la Concertación, entre Frei y Menem, a fines del 97, que entrega nuestras cuencas a la mega minería y ha posibilitado proyectos depredadores como Pascua Lama, por ejemplo.

Nos parece, además, que se insiste en un concepto que no se condice con las visiones que tienen las comunidades, particularmente los pueblos indígenas, al hablar de manera majadera de un recurso en circunstancias que el agua es un bien natural. De esta forma, cuando se discute de agua, los pueblos indígenas quedan automáticamente excluidos.

Es muy importante que así como existe esta voluntad hoy día, esa voluntad tiene que necesariamente comprender la participación de las organizaciones y las comunidades, porque va a suceder lo mismo que con el movimiento estudiantil. Hoy día no se puede declarar un cambio estructural de esta magnitud sin la participación y la opinión de nosotros, las comunidades.

Justamente eso quería preguntar. ¿Cuál crees que debe ser el rol de las comunidades y colectivos que han participado del levantamiento de esta demanda?

Absolutamente gravitante. Nosotros como Modatima concurrimos con más de 500 agricultores al hemiciclo de la Cámara de Diputados a un debate en torno al tema del agua el 2011. Somos autores de un proyecto de acuerdo que revocaba los derechos de aprovechamiento concebidos en cuencas agotadas. Fuimos los que presionamos para que se formara una comisión investigadora al interior de la Cámara de Diputados por los delitos de extracción ilegal de agua. Y modestamente, las iniciativas de ley que se discuten fueron temas que nosotros instalamos en la discusión pública, por tanto nos parece que tenemos las competencias, las capacidades técnicas y además somos un reflejo inequívoco del lucro, la usura y la exclusión derivada de la privatización de las aguas y a propósito, también, de que somos víctimas de la persecución de figuras del mundo político que usurpan agua en la provincia de Petorca y nos han llevado 17 veces a tribunales.

Se dice mucho de que Bachelet, en lo preciso, dijo que habría modificación al Código de Aguas, no derogación de él. ¿Qué les parece ese detalle?

Me parece muy mal, porque, para ser muy literal, dijo que iba a impulsar cambios sustanciales al Código de Aguas y cuando se habla de cambios sustanciales habría que decir que este modelo de lucro, usura y exclusión, derivado de la privatización de las aguas, se incuba justamente en el Código de Aguas del 81, que se encarga de separar al agua del dominio de la tierra, dando origen al mercado del agua, que reconoce a las aguas como un bien privado, que le entrega la facultad al estado de que éste pueda entregar derechos de aprovechamiento de forma gratuita y a perpetuidad.

Hoy no basta con modificar sustancialmente al Código de Aguas, sino que al Código de Aguas hay que hacerlo mierda, definitivamente. Es decir, hoy somos el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes y gestión de las aguas y a ustedes, como medio, les consta los dramas que significa vivir sin agua a lo largo del territorio, donde existen comunidades que defecan en bolsas de plástico y se bañan por presas solamente porque hoy los emprendimientos económicos son mas importante que el agua de vida a la población.

Además, hay un detalle respecto a estos anuncios: se señala que las aguas van a ser un bien nacional de uso público y, por otro lado, se señala que se va a incentivar el negocio minero y forestal, ampliando la vigencia del decreto ley 701 para incentivar el monocultivo forestal.

También quería preguntarte acerca de eso. De hecho, esta mañana entrevistaron a unos agricultores que se mostraban bastante contentos con el anuncio.

Sí, claro. Hoy día cuando se dice que se va a incentivar el monocultivo forestal, habría que decir que eso hoy agota las napas freáticas, erosiona los suelos y, por ejemplo, cuando se habla del incendio en Valparaíso, poco se dice del cerco de monocultivo forestal que rodea los cerros y que provoca que los grifos estén sin agua, que las comunidades estuvieran planteando la lucha por el agua potable y el alcantarillado. Aquí hay temas estructurales que son contradictorios con el anuncio. Ahora, lo saludamos, sí, pero estamos cautelosos, tenemos distancia, y objetivamente, para que el agua sea un bien de uso público es imperioso terminar con los instrumentos que la privatizaron, el año 81 con la dictadura, y el 97, cuando se privatizan las sanitarias y se firma el tratado binacional minero.

A pesar de estos anuncios hechos por la presidenta, se mantienen ciertos proyectos emblemáticos que tienen que ver con el agua como Hidroaysén, Pascua Lama y Alto Maipo. Todos ellos muy complejos y rechazados por las comunidades. ¿Cómo ves ese escenario?

Es absolutamente complejo, confirmo lo que tú estás diciendo, aquí no es posible que en el país sean más importantes los proyectos hidroeléctricos, forestales, agroindustriales, que el innegable derecho que tienen los ciudadanos, hombres y mujeres de este país, de acceder al agua de bebida, para servicios higiénicos y para producción de alimentos. Nos parece que existe un modelo de desarrollo basado en la privatización de las aguas, pero también en la enajenación de derechos sociales y naturales que hoy día no se condice con las necesidades de desarrollo al cual aspiramos las comunidades que hemos luchado todo este tiempo en materia de aguas, las comunidades que han luchado por educación, salud, vivienda y trabajo.

Durante su anuncio, Bachelet no se refirió al tema del robo del agua en que hay muchos personajes de la concertación vinculados. Entre ellos, Pérez Yoma. ¿Qué te parece?

Cuando hoy se dice que se va a declara el agua un bien nacional de uso publico, no se dice nada de la institucionalidad hídrica, por ejemplo. La Dirección General de Aguas, que depende del Ministerio de Obras Públicas, que es la encargada de entregar los derechos de agua del país y ejercer las funciones de policía de los ríos, y que simple y llanamente hoy se encuentra cooptada por el modelo privado de agua. Tampoco se dice nada acerca de la responsabilidad que tuvo la administración concertacionista al mando de la DGA durante los 20 años previos, se sobre otorgaron el 90 por ciento de los derechos sobre los ríos del país. Tampoco se dijo nada con respecto a las facultades que debe tener la DGA para poder fiscalizar y, por cierto, que no hay ni habrá mea culpa en torno a los políticos cercanos de la Nueva Mayoría que hoy usurpan agua en vastos sectores del país.

Por último, me gustaría preguntarte cuáles son tus expectativas respecto a estos cambios que se pretenden realizar en materia de aguas y cuáles son los elementos fundamentales que debería considerar una reforma en este área.

Nosotros, el día de ayer, nos enteramos de este anuncio cuando marchábamos por las calles de Valparaíso y yo creo que eso ilustra perfectamente bien cuál es nuestra vocación y decisión al respecto. Nosotros creemos que los cambios que se ofrecen en torno a la propiedad privada del agua se van a lograr únicamente con la movilización más sostenida de las comunidades, de los territorios.

Nosotros no creemos que esto vaya a operar por obra y gracia del espíritu santo, no creemos que el agua vaya a un ser bien nacional de uso público porque los que lucran y ya han usurpado agua desde hace 23 años vayan a devolverle el agua a las comunidades. Creemos que son anuncios bastante contradictorios, que no generan una línea de acción concreta y nuestra tarea como luchadores por el agua es continuar con una movilización en ascenso, pero además decir que las organizaciones y territorios tenemos los argumentos suficientes como para integrar cualquier mesa de discusión en torno a la propiedad pública de las aguas.

Lo primero es terminar con los instrumentos privatizadores, hay que derogar el artículo que consagra la propiedad privada del agua, y consagrar definitivamente el agua como un bien público, un derecho humano, construir una nueva institucionalidad hídrica. Además, terminar con la criminalización y persecución de la que somos objetos aquellos que hace muchos años nos pusimos de pie y le declaramos al país que Chile era una vergüenza porque el Estado hoy no garantiza el acceso al agua de todos sus ciudadanos.