Yasuní es el nombre de un parque nacional y reserva de biósfera ubicado en el oriente de la Amazonia de Ecuador. Es muy conocido como uno de los sitios tropicales de mayor biodiversidad en el planeta, lo que explica el interés en mantenerlo como área protegidas. Es además el hogar de grupos indígenas que viven en aislamiento voluntario. Pero es además conocido por albergar, bajo su suelo, importantes yacimientos petroleros. Bajo esas condiciones, se construyó una de las iniciativas más importantes a nivel mundial para poder salir de la dependencia del extractivismo: una moratoria de la extracción petrolera. Pero el mismo gobierno que amparó esa opción, en el último año la ha ido desmontando paso a paso.

En efecto, frente a las enormes presiones de las empresas petroleras, distintas organizaciones de la sociedad civil propusieron declarar una moratoria en la explotación petrolera en Yasuní, vinculándola a una estrategia postextractivista. En el primer gobierno de Rafael Correa, en 2007, se aceptó la idea, a instancias de Alberto Acosta (ministro de energía en aquel momento). El razonamiento era simple y contundente: la explotación de petróleo tendría efectos ecológicos muy negativos, impactaría sobre comunidades locales y pueblos indígenas (incluyendo algunos no contactados), y nada de esto podría ser compensado con dinero. Es más, si todos esos impactos fuesen valorados económicamente, se vería que se evaporan buena parte de los ingresos petroleros.

Esta iniciativa de moratoria petrolera en Yasuni terminó cobrando fama mundial. Era un intento enérgico de proteger la Amazonia, respetar los derechos de la Naturaleza que reconocía la constitución ecuatoriana y asegurar la vida de grupos indígenas. Era además un paso necesario para avanzar en una estrategia postpetrolera, saliendo de la dependencia de exportar petróleo. Traducido al contexto de países mineros como Chile, es como si el gobierno aceptara el impacto social y ambiental de la megaminería, decidiera una moratoria en algunas de las regiones social y ambientalmente más frágiles, y la usara para comenzar a discutir un futuro donde dejara de depender de la gran minería.

En el caso ecuatoriano, el gobierno de todos modos puso algunas condiciones. El presidente Correa diseñó una estrategia de dos vías: El “plan A” mantendría una moratoria petrolera en el Yasuní solamente si se conseguía una contrapartida financiera desde la comunidad internacional. Se postuló como meta recaudar la mitad del dinero que se esperaba ganar por la exportación del petróleo proveniente del Yasuní. Eso obligaba a conseguir unos US$ 3 500 millones, y con ese fin se sucedieron diferentes programas. Si esto fracasaba, se pasaría al “plan B”: explotar el petróleo dentro de la región Yasuní.

Sin embargo, la defensa gubernamental del “plan A” tuvo sus puntos altos y bajos, hasta terminar confundida con programas de lucha contra el cambio climático. Por momento parecía que el propio gobierno espera que fracasara la moratoria petrolera, a pesar del entusiasmo ciudadano dentro del país y a nivel internacional. Finalmente, en agosto de 2013, el presidente Correa canceló el “plan A”, y liberó la explotación petrolera en la zona del ITT.

Como no podía ser de otra manera, estalló un debate muy intenso. Muchos se sintieron traicionados, el Yasuní volvía a estar en riesgo, y se derrumbó la exploración de alternativas postpetroleras. El gobierno rechazó todas las críticas. Sostuvo que existían nuevas tecnologías que reducirían el impacto ambiental, y llegó incluso a postular transportes en helicóptero para no tocar la selva. Aseguró que se afectaría una milésima de la superficie del parque, y vaticinó que con el dinero recaudado erradicaría la pobreza en toda la Amazonia. Ante tales promesas, algunas comunidades, e incluso familias se dividieron. Una vez más asoman muchas comparaciones posibles, ya que el optimismo tecnológico del gobierno se parece mucho a las promesas de gestión ambiental casi perfecta que postulaba Pascua Lama.

En Ecuador, los grupos ciudadanos comprometidos con la defensa del Yasuní intentaron frenar la llegada de las petroleras en el poder legislativo, usaron estudios técnicos y animaron campañas de prensa. A pesar de todos esos esfuerzos, el poder legislativo controlado por la mayoría correísta, aceptó el ingreso de las petroleras a ese parque (incluso con el voto de un emblemático legislado indígena, que lo justificaba en términos de compensaciones económicas para las comunidades locales).

Desde el punto de vista de la sociedad civil, uno de los últimos recursos disponibles era apelar al mecanismo constitucional de la consulta ciudadana. Para ese fin se debían recolectar las firmas del 5% del padrón electoral ecuatoriano, unas 583 mil voluntades. Un desafío difícil.

Se conformaron redes con ese objetivo, destacándose el colectivo “Yasunidos”. Fueron innovadoras: se movilizaban en las calles para zapatear o bailar, y entretanto recogían firmas. Fueron hostigados de variadas maneras, incluyendo la vigilancia de servicios de inteligencia, amenazas insólitas (como por ejemplo amenazas gubernamentales diciendo que los estudiantes que fueran filmados manifestando en horario de clases perderían su cupo educativo), y hasta recolecciones de firma en paralelo de otros grupos. El propio presidente Correa se mofó, les dijo que no fueran vagos y que obtuvieran las firmas necesarias.

Bajo ese clima, esas redes ciudadanas crecieron y se afianzaron, manteniendo su horizontalidad y bastante independencia de agrupamientos políticos. Finalmente llegaron a recolectar más de 750 mil firmas (superando con amplio margen el número requerido). Con ello, la posibilidad de la consulta ciudadana se hizo realidad. Además, el apoyo de la opinión pública aumentó; encuestas recientes que indican que un 72% de la población apoya ir a las urnas para decidir la suerte del Yasuní.

Todas esas firmas se presentaron ante el Consejo Electoral de Ecuador. Pero allí reaparecieron los problemas y hostigamientos. El control y verificación de las firmas sufrió raros y curiosos requisitos, y con cada uno de ellos se perdían adhesiones. Se descartaron firmas por condiciones tales como las diferencias de tamaño entre formularios tamaño carta o A4, el gramaje del papel, desaparecieron registros de recolectores de firmas, y así, una larga sucesión de problemas. Como resultado, la autoridad estatal invalidó unas 400 mil firmas (más del 60% del total presentado originalmente). Esto implicó que el colectivo Yasunidos no obtuvo las adhesiones necesarias para imponer la consulta ciudadana.

Se consumó de esta manera un nuevo caso donde la defensa gubernamental del extractivismo prevaleció sobre los mecanismos democráticos y participativos. Si bien no hay nada más democrático que consultar a la ciudadanía sobre qué hacer con el patrimonio natural del país, los gobiernos intentan evitar esto por todos los medios posibles. Este hecho no es raro, ya que se han desmontado las consultas previas locales en Argentina, Perú y Colombia, debido a que cada vez que se han hecho, los extractivistas perdieron. En Uruguay, bajo el gobierno Mujica se impidió una consulta municipal contra la megaminería. Y ahora, en Ecuador, cae otra oportunidad.

Se desploma el ícono de las alternativas al extractivismo. Y no es una caída impuesta por una transnacional o un gobierno conservador, sino que está siendo demolido, poco a poco, desde el progresismo. El recorte de los mecanismos democráticos, sea por derecha o por izquierda, aparece como un nuevo frente de debate. Es que los gobiernos casi no tienen argumentos para defender los extractivismos, y como deben apelar a slogan simplistas (asustando con un regreso a la edad de piedra), es muy riesgoso aceptar un plebiscito. Temen ventilar públicamente la esencia de los extractivismos, ya que ello desnudaría que su esencia es mercantil. Por todo esto, una vez más, el mejor antídoto ante los extractivismos es más y mejor democracia.

* Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Twitter: @EGudynas