[caption id="attachment_11141" align="alignleft" width="163"] Eduardo Rapimán[/caption]

La represión de la protesta social mapuche que reclama por reconocimiento de derechos territoriales y políticos, en la actualidad ha tomado ribetes impensados con la focalización de la persecución, represión y criminalización a actores sociales mapuche como parte de una política de seguridad interior y menos como un abordaje político y estratégico en la relación Estado – pueblo Mapuche. Se destaca este fenómeno toda vez Chile es un país donde debieran operacionalizarse en el espectro político los tratados internacionales y leyes vigentes sobre derechos humanos y, en particular, los derechos de los pueblos indígenas como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se trata de instrumentos legales sancionados por los mismos Estados y que promueven nuevas relaciones entre éstos, la sociedad civil y los pueblos indígenas.

En este contexto se inscribe una violenta arremetida política y de seguridad nacional el último año en contra de machi (autoridad espiritual y de sanación mapuche) de los territorios mapuche de Truf Truf (región de la Araucanía) y Pilmaiken (región de los Ríos), junto a las consecuencias materiales y presidio en el caso de las machi Millaray Huichalaf, Francisca Linconao, y los machi Tito Cañulef y Celestino Córdoba. Estas situaciones parecen esconder algo más que el aumento de los casos de mapuche criminalizados y encarcelados en situación de protesta social, toda vez que estos nuevos prisioneros políticos son autoridades espirituales y de salud para el pueblo mapuche.

El trato del Estado chileno por medio de sus políticas de seguridad y de salud se ha focalizado en la persecución y en la incorporación de machi al sistema de salud oficial chileno mediante la promoción de centros de salud “interculturales”, resaltándolas en su rol de curación exclusivamente, refuncionalizandolas y “esterilizándolas” de su contexto, su rol social y espiritual en el territorio. Por el contrario, es entre aquellas y aquellos machi que no se encuentran “esterilizados” o incorporados a las políticas de interculturalidad en salud, donde ha recaído una persecución que incluye allanamientos, golpes y encarcelamientos a partir de enero de 2013. Ambas formas de concebir a las autoridades tradicionales mapuche forman parte de una nueva estrategia de seguridad del Estado chileno y su clase dirigente en contra de quienes representan una síntesis de la relación socioespiritual y material mapuche con el territorio en tanto proceso vivido en la mapu (tierra), sustento material intervenido, usurpado y parcializado a sangre y fuego a partir de 1861. Territorio invadido militarmente y saqueado productivamente.

Las y los machi cumplen un rol muy importante para la sociedad mapuche. Se trata de autoridades espirituales con una vinculación material y espiritual con el territorio y la comunidad como fundamento de la cultura y el ser mapuche. El vínculo por excelencia con el lof o la comunidad es a partir de la terapéutica en territorio, donde se origina la enfermedad y se materializa la sanación con la familia del enfermo, reproduciendo relaciones sociales vitales entre las familias y la comunidad, dinamizando así la vida colectiva y la cosmovisión. Son poseedoras de un lugar sagrado y privilegiado (rewe) que les permite la conexión con las divinidades y fuerzas (newen) del territorio en un sentido amplio (material e inmaterial) lo que les posibilita una función de liderazgo espiritual y terapéutico por medio de la presencia de sus poderes que le son característicos y por los cuales se le conoce. Es decir, posibilitan el equilibrio socio-espiritual de la comunidad, teniendo así una función trascendental en la salud colectiva mapuche que en la actualidad convive con la terapéutica oficial en los mismos territorios rurales y en los espacios urbanos.

Machi terrorista

La machi se vuelve de importancia crítica para los procesos de recuperación territorial y demanda de autogobierno al ser su preocupación el territorio, la diversidad natural del mismo (itrofijmongen), las personas y sus relaciones, por lo que fortalecen esos procesos desde las dimensiones espirituales y políticas que ellas lideran a partir de continuos y complejos análisis de la situación de las comunidades y sus integrantes. Desde la época de guerra con la corona las y los machi han tenido un papel preponderante en la defensa del territorio y apoyo a procesos sociopolíticos y culturales mapuche, incluyendo su intervención en los escenarios de agresión que ha experimentado la formación social mapuche, primero con España y luego con Chile.

A partir de este posicionamiento social, las agencias y dispositivos de represión chilena habrían sopesado dicho rol e importancia, por lo que la represión y encarcelamiento ya no solo se centra en el dirigente, el longko (líder tradicional) o werken en tanto actuales voceros de las comunidades en proceso de recuperación territorial. Se está más bien en presencia de una represión selectiva a dichas autoridades espirituales mapuche, configurándose una nueva relación del Estado chileno con la autoridad tradicional- espiritual encarnada en las y los machi. Es decir, ya no se trata de la colonial persecución religiosa de las misiones españolas de los siglos XVI, XVII y XVIII o el acechamiento de carácter médico oficial de la primera mitad del siglo XX dado su rol sanador, sino de una relación a la manera de “caza de brujas” de tradición europea medieval, teniendo a los tribunales chilenos como jurados inquisidores y utilizando como dispositivo represor por excelencia la ilegítima “Ley Antiterrorista” del año 1984. De una relación de control social se cambia a una relación de vigilancia para con las autoridades espirituales, manteniéndose además la relación de control estatal por medios de coacción más sutiles, mediante la nueva participación inocua de las y los machi en centros de salud oficiales, como veremos más adelante.

Con esta nueva política de seguridad hacia las y los machi en contexto de recuperación de tierras y protesta social mapuche es que se encarceló “preventivamente” en 2013 a la machi Millaray Huichalaf, al machi Tito Cañulef (desde 30/01/13), mientras que el machi Celestino Córdoba lleva poco más de un año preso (desde 04/01/13) “mientras se desarrolla la investigación” sin elementos de prueba concretos que avalen la acusación de terrorismo tipificado desde la fiscalía chilena especializada en la criminalización de la protesta social mapuche. Caso aparte amerita la detención y maltrato sufrido por la machi Francisca Linconao de Truf Truf, quien fue absuelta por los tribunales chilenos[1] luego de sufrir presidio, maltrato físico y humillación social y espiritual al ser despojada de su vestimenta tradicional e instrumentos propios de su función socioespiritual cuyas consecuencias en su salud son patentes en la actualidad y a partir de la cual exige reparación y justicia a las autoridades chilenas[2].

En el caso de las y los machi encarcelados, son patentes los problemas de salud socio espiritual que desembocan en problemas de salud físico provocados por el desarraigo de sus familia y territorio, el aislamiento de su contexto histórico- social y territorial del cual depende esta autoridad mapuche para desempeñar sus funciones; por tanto el encierro acarrea además una trasgresión al ngen pujü o dueño del espíritu propios de la/el machi que puede traer consecuencias irreversibles en su salud según las lógicas socioculturales propias que rigen a estas autoridades espirituales mapuche.

Respecto de las detenciones a estas autoridades tradicionales, el machi Fidel Tranamil del territorio de Makewe señaló: “Le envío un mensaje al Estado como machi, el pueblo Mapuche va a continuar en lucha, hoy día no hay ningún machi que puede estar libre que no lo vengan a detener, que le levanten un montaje en su contra por solo apoyar, seguir la espiritualidad, seguir la base del pueblo mapuche, seguir ejerciendo el ser mapuche en las comunidades”[3]

Es que en Chile se aplica una ley antiterrorista originada en la última dictadura cívico-militar, y es utilizada exclusivamente con el objetivo de reprimir la protesta social y demandas político-territoriales mapuche mediante modalidades y tácticas desmedidas del tipo contrainsurgente, incluyendo el uso de drones espía en las comunidades[4]. Esta legislación chilena sigue entendiendo al terrorismo como “los delitos de homicidio, lesiones, secuestro, envío de efectos explosivos, incendio y estragos, las infracciones contra la salud pública y el descarrilamiento”. Mientras que nosotros, por el contrario, declaramos que es el Estado chileno y su clase política en particular, que ha secuestrado machi, les ha lesionado física, moral y espiritualmente, y al ser nuestras autoridades espirituales y sanadoras mapuche están atentando contra la salud colectiva de nuestro pueblo.

Machi esterilizada

Una segunda estrategia de seguridad interior que en Chile se implementa para encarar la participación de las y los machi en el proceso de reconstrucción social mapuche es la neutralización burocrática, promoviendo su incorporación en los servicios de salud. La incorporación esporádica o permanente de chamanes indígenas en centros de salud que se ha experimentado en América Latina desde fines del siglo pasado a la fecha, viene a descontextualizar su acción socio-terapéutica: se le recluye en un “box”, propio del método y espacio clínico (observación sistemática y control de variables), desnaturalizando su rol comunitario, interrumpiendo la práctica del contexto territorial, disponiendo al terapeuta indígena en un espacio aislado, que facilita su domesticación tecnocrática.

En el caso de la/el machi mapuche, el espacio clínico esteriliza no sólo al terapeuta sino también el padecimiento a ser tratado, ya no como una entidad socioculturalmente construido y determinado, sino como una enfermedad posible de auscultar clínicamente, objetivable, racionalizable y controlada de otras variables “externas” (sociales, culturales, espirituales) y por tanto, limitada a ese espacio clínico del sistema biomédico. Dicho mecanismo de clinicalización tiende a domesticar tanto el diagnóstico como el abordaje de la o el machi, otrora determinado por el contexto socio-territorial. La machi pasa así a ser una empleada del sistema de salud, presa de la alienación sanitaria propia del trabajo clínico; de la atención reglada y casi independiente de la gravedad y de las necesidades específicas de los enfermos[5].

Estas nuevas formas de organización sanitario-cultural promueve una atención de salud escindida del territorio y por tanto tiende a debilitar las redes sociales y prácticas cotidianas de cuidado y prevención de la salud reproducidos en un territorio concreto y por tanto, debilitar el potencial mapuche de “salutogénesis”[6]. Corresponde a un nuevo tipo de separación y despojo de atributos y cualidades en la relación persona-territorio que es funcional a la cosificación y mercantilización de las relaciones sociales que debilita inclusive, la demanda de reivindicación de tierras mapuche al restar progresivamente al territorio de sus propiedades, agentes, recursos y diálogo intersubjetivo con la persona y comunidad.

En términos políticos y de seguridad se trata de una nueva estrategia de “protección inmunitaria”, precisamente con la finalidad de asimilar y neutralizar al diferente/otro respecto de alguna amenaza a la integridad estatal como lo es en el caso mapuche, la demanda por autonomía. Es decir, la lucha contra la amenaza del diferente no se realiza mediante la contraposición formal sino mediante el rodeo y la neutralización  por medio de dispositivos como la denominada “salud intercultural” que promueve la esterilización de machi. Tal como la práctica médica de vacunación en relación con el cuerpo del individuo: la inmunización del cuerpo político funciona introduciendo dentro de él una mínima cantidad de la misma sustancia patógena de la cual quiere protegerlo, y así bloquea y contradice su desarrollo natural[7].

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Pero por otro lado perviven las formas de resistencia en salud vinculadas a las y los machi que han podido sortear ambas estrategias de seguridad e inmunización de la política de seguridad chilena y que han soportado siglos de persecuciones hispanas y criollas en tanto autoridades espirituales de un pueblo que resiste, se adecúa y también sortea creativamente nuevas formas y relaciones de dominación social impuestas, que hoy se nos presentan como “acciones afirmativas” o bajo el paraguas de la “interculturalidad”. Asimismo en términos terapéuticos y de auto-atención en salud es vigorosa la resistencia cotidiana frente a la burocratización de la salud propia y la medicalización de la vida y la salud promovida desde el sistema de salud oficial. También es patente el fortalecimiento de organizaciones mapuche que hoy en día gestionan centros de salud en clave de derechos y que se han desarrollado como respuesta organizada en salud para familias y comunidades mapuche y que son necesarias de proteger y fortalecer en su desarrollo en tanto instituciones mapuche de salud.

Por su lado, cada día serán más las autoridades espirituales que suman apoyos y aportan con semillas que germinan a diario en la compleja enredadera de la autodeterminación mapuche frente a la porfiada sujeción política al Estado chileno. Será entonces el devenir histórico, demandante de mayores espacios para el ejercicio de la autonomía mapuche, el que juzgue la infamia y la afectación a la espiritualidad y la salud colectiva de nuestro pueblo.