En junio de 2013 comenzaron las negociaciones entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EE UU) para acordar la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés) o el “sueño europeo-americano”, tal y como lo ha calificado el ex Secretario General de la OTAN y ex Representante del Consejo para la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Javier Solana. Desde entonces, la Dirección General de Comercio de la UE y la Oficina del Representante de Comercio de EE UU se están moviendo, a espaldas de la ciudadanía, para sacar adelante un pacto comercial que, de llevarse a cabo, tendrá un impacto más que considerable en la población a ambos lados del Atlántico.

Estas negociaciones surgen en un momento en que, según el FMI, de aquí a 2015 el 90% del crecimiento mundial se generará fuera de Europa, y un tercio del mismo tendrá lugar en China [1]. En esta línea el Consejo Nacional de Inteligencia norteamericano afirma que Asia está desplazando a EE UU y la UE como mayores economías y como exportadores y proveedores de inversión extranjera directa. De hecho se prevé que en 2050 ninguna de las economías más grandes del mundo sea europea.

Para tratar de revertir esta tendencia, las dos potencias a ambos lados del Atlántico preparan la contraofensiva geopolítica, ya que aún representan el 40% del PIB mundial y un tercio del comercio internacional. Así, el TTIP surge como un intento de recuperar la hegemonía occidental en el mundo, creando el “área de libre comercio más grande del planeta”.

Antes de nada, un poco de propaganda informativa

Como sucede antes de cada negociación de un tratado comercial, la Comisión Europea (CE) ha publicado una serie de notas de prensa e informes [2] preconizando sus enormes ventajas para la población europea. Entre los supuestos beneficios de este acuerdo está, según la Comisión, la creación de 400.000 nuevos empleos anuales y un crecimiento del 1% anual de la economía europea, una línea en la que también incidió Barack Obama que habló de millones de puestos cualificados. Estas cifras provienen de un estudio del Centre for Economic Policy Research, que curiosamente ha sido financiado por multinacionales como Deutsche Bank, BNP Paribas, Citigroup, Banco Santander, Barclays o JP Morgan.

Los modelos en los que se ha basado dicho estudio han sido puestos en cuestión tanto por profesores universitarios [3], como por el propio Parlamento Europeo [4]. De hecho, el estudio de impacto interno que realizó la propia CE [5] contradice las mismas cifras que utiliza como propaganda, disminuyendo el crecimiento a un 0,1% y alertando de la previsible pérdida masiva de empleos en varios sectores, especialmente en las pequeñas explotaciones agrarias y ganaderas, que pueden quedar totalmente desplazadas ante la agroindustria estadounidense. El estudio también advierte de la pérdida de ingresos –y la consecuente pérdida de puestos de trabajo– en industrias como la maquinaria electrónica, equipos de transporte y metalurgia, así como los sectores de productos madereros y papel y en las empresas de comunicación y servicios.

Las multinacionales, en la trastienda de las negociaciones

No hay más que ver qué actores están impulsando el tratado comercial transatlántico para ver quiénes quieren sacar mayor partido de este. Pese a que las negociaciones están teniendo lugar a puerta cerrada y con documentos secretos, las multinacionales no han tenido problemas para estar en contacto directo con los negociadores. Según el colectivo Corporate Europe Observatory [6] la CE efectuó 130 reuniones con “partes interesadas” en relación a las conversaciones para un acuerdo de libre comercio entre la UE y EE UU. Al menos 119 de estas reuniones –más del 93%– fueron con grandes empresas y sus grupos de presión, entre los que destacan el Consejo Empresarial Transatlántico y BusinessEurope, que han reflejado en varias ocasiones la importancia de alcanzar el acuerdo [7].

De manera diáfana, la propia CE ha reconocido que: “la barrera comercial más importante no son los aranceles que se pagan en la aduana, sino los obstáculos detrás de las fronteras, tales como las diferentes normas ambientales y de seguridad […] El objetivo de este pacto comercial es reducir los costes y retrasos innecesarios para las corporaciones” [8]. Por ello, el TTIP se centrará en la equiparación de la legislación a ambos lados del Atlántico, lo que según las empresas puede aumentar sus beneficios en más de 25.000 millones de euros anuales [9] (ver cuadro), y en la liberalización de nuevos sectores.

Cuadro: Previsiones de aumento de ingresos de las grandes empresas con el TTIP. Fuente: [9]

¿Qué supone la equiparación de la legislación y la liberalización de nuevos sectores?

Frente a las proclamas de la CE de que la equiparación legislativa solo eliminará trabas burocráticas pero no se usará para eliminar regulaciones sociales, laborales y ambientales que hasta la fecha han protegido –de forma desigual– ciertos derechos de las personas, las presiones de la industria hacen temer un escenario en que haya una equiparación a la baja de la regulación europea y estadounidense. Recientemente, la red europea de lucha contra la globalización neoliberal Seattle to Brussels ha publicado un exhaustivo informe en el que se analizan las presiones de la industria y las amenazas que penden sobre los derechos de la ciudadanía a ambos lados del Atlántico [10].

En primer lugar se teme una pérdida de derechos laborales, habida cuenta de que EE UU se niega a ratificar convenciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho a sindicarse y la CE, junto al resto de la Troika, están exigiendo bajadas salariales y normas más flexibles. Las negociaciones del TTIP pueden suponer por lo tanto, una excusa perfecta para llevar a cabo estas reformas laborales.

Otro de los grandes objetivos de las transnacionales es rebajar las normas ambientales, atacando con especial énfasis el Principio de Precaución sobre el que se basan varias directivas ambientales (como la que regula las sustancias químicas peligrosas o las normas de seguridad alimentaria, etc.) con el fin de aumentar sus beneficios [11]. La industria propone basar la legislación en “ciencia fundada” obviando la dificultad de probar irrefutablemente la peligrosidad de sustancias que actúan a largo plazo y en combinación con múltiples factores [12].

Este enfoque se suma a las negociaciones relativas a las normativas de seguridad alimentaria, donde la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria pretende de manera sistemática descafeinar el sistema regulador de la UE para los organismos modificados genéticamente y bajarlos al nivel de EE UU, donde los alimentos transgénicos no requieren supervisión, pruebas de seguridad o etiquetado. Con ello Europa podría ver las puertas abiertas a centenares de productos transgénicos o de sustancias prohibidas en la ganadería europea como la ractopamina o la somatropina bovina recombinante.

A este marco desregulador se suman las empresas energéticas cuyo objetivo es extraer petróleo y gas no convencional. Las negociaciones del TTIP pueden ser usadas para tumbar las prohibiciones del fracking logradas gracias a las movilizaciones sociales y haría prácticamente imposible cualquier intento de limitar la entrada de combustibles muy contaminantes (como los provenientes de las arenas bituminosas o del gas de esquisto), como ya ha ocurrido con la Directiva Relativa a la Calidad de los Combustibles, que muy difícilmente verá la luz como consecuencia de la firma, este pasado mes de octubre, del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Canadá, país con abundante petróleo no convencional.

Otro aspecto que se está negociando y donde las multinacionales están presionando con ahínco, es la regulación de la propiedad intelectual, tras el fracaso del Acuerdo Comercial Antifalsificación, tumbado por el Parlamento Europeo. Retomando las partes más polémicas de dicho acuerdo, la industria busca aumentar las penas por compartir archivos en Internet y tener derecho de acceso a la información cibernética de las personas lo cual, como se ha demostrado con el escándalo de Snowden, tiene el doble objetivo de vigilar a la población y de ofrecer a las compañías datos que pueden usar con fines comerciales.

De endurecer los derechos sobre propiedad intelectual, se pondría en jaque el acceso a medicamentos genéricos. Esto se une a las perspectivas del TTIP de liberalizar la mayoría de los sectores de la economía, lo que tendría como inmediata consecuencia la –aún mayor– privatización de los servicios públicos. De esta manera la salud pública podría quedar en manos de las transnacionales, dificultando su acceso a las personas de menores ingresos.

Con todo, el TTIP supondría una nueva vuelta de tuerca en el proceso de liberalizaciones y privatizaciones que ya está padeciendo la población europea, y cuyas consecuencias se han traducido en recortes, despidos, pérdida de derechos y de calidad de los servicios, al poner la rentabilidad económica por encima de todo lo demás. Las consecuencias no pueden ser otras que el aumento de la precariedad de la población y de la carga para las clases con menos ingresos, especialmente para las mujeres, que suelen ser las encargadas de cubrir los cuidados más básicos cuando el Estado se desentiende de ellos, lo que profundiza una sociedad patriarcal y desigual.

Un polémico capítulo de protección de las inversiones

En las negociaciones del acuerdo transatlántico se está viendo la posibilidad de incluir un capítulo de protección de las inversiones, con el que las empresas podrían desafiar legalmente en tribunales internacionales poco transparentes las políticas públicas ambientales, sociales o de protección de la salud, algo que ya ha ocurrido con otros tratados comerciales [13]. Esto incidiría sobre las ya de por sí problemáticas consecuencias de la equiparación legislativa y de la liberalización que se espera en el resto de capítulos del TTIP, pues dificultará cualquier cambio de políticas en el futuro si estas chocan con los intereses de las grandes empresas.

La inclusión de este capítulo no es segura, pues muchos Estados miembros de la UE han expresado el temor de verse sumidos en multitud de batallas jurídicas con la industria legal estadounidense, la cual es experta en el mecanismo de Solución de Diferencias entre Inversores y Estados (SDIE). De hecho el Mandato dado por el Consejo Europeo a la CE para la negociación del TTIP expresa sus dudas sobre la inclusión de dicho capítulo y trata de regular más que nunca el SDIE, a sabiendas de su arbitrariedad, de su no desdeñable impacto sobre las arcas públicas [14] y de que aún no está decidido sobre qué presupuesto recaerán las sanciones, si sobre el de la UE o sobre el de los Estados miembros. Sin embargo, la CE está presionando fuertemente para incluir este mecanismo, como demuestra en otros dos artículos de su paquete propagandístico en defensa del SDIE [15], donde en un ejercicio de surrealismo e imprecisión informativa, al más puro estilo del Pierre Menard de Borges, niega, confirma y soluciona los problemas de este mecanismo.

Reforzando el neoliberalismo para occidentalizar el mundo

Este pacto transatlántico plantea numerosas y graves amenazas para la población, la democracia y el medioambiente, al concentrar todavía más poder económico y político en las manos de las elites comerciales y financieras a ambos lados del Atlántico. Esta es la principal estrategia de la UE y de EE UU para no dejar escapar el control planetario así como para fijar los estándares del comercio mundial en el siglo XXI. Así lo expresa de forma nítida un documento interno filtrado de la Dirección General de Comercio de la CE: “El progreso que podemos hacer conjuntamente [EE UU y UE] sentando las bases de los nuevos modelos de ‘capitalismo estatal’, puede servir como un instrumento para apuntalar una interpretación particular del nuevo orden económico liberal global” [16].

En las manos de la población europea y estadounidense está el impedir que esta “huida hacia delante” de la crisis económica, social y ecológica llegue a buen término. Por eso organizaciones de consumidores, grupos ecologistas y feministas, sindicatos y diferentes asociaciones de ámbitos tan heterogéneos como los derechos humanos, la cultura libre o el comercio justo, están empezando a movilizarse para confrontar las negociaciones transatlánticas.

Notas:

[1] FMI, 2013 Perspectivas de la Economía Mundial.

[2] Comisión Europea, 2013. FAQ on the EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership (‘TTIP’).

[3] George y Kirkpatrick, 2006. Methodological issues in the impact assessment of trade policy: experience from the European Commission’s Sustainability Impact Assessment (SIA) programme Impact Assessment and Project Appraisal, 24, 325-334. y George, 2013. What’s really driving the EU-US trade deal?

[4] European Parliament Impact Assessment Unit, 2013. Initial appraisal of a European commission Impact Assessment. European Commission proposal to authorise the opening of negotiations on a Transatlantic Trade and Investment Partnership between the European Union and United States of America.

[5] Comisión Europea, 2013. Impact Assessment Report on the future of EU-US trade relations.

[6] Corporate Europe Observatory, 2013. European Commission preparing for EU-US trade talks: 119 meetings with industry lobbyists.

[7] http://trade.ec.europa.eu/consultat...

[8] Comisión Europea, 2013. European Union and United States to launch negotiations for a Transatlantic Trade and Investment Partnership. Nota de Prensa. 13/02/13.

[9] FTI Consulting, 2012. EU-US free trade agreement: is it in the air?

[10] Bizzarri, 2013 A Brave New Transatlantic Partnership. Seattle to Brussels Network.

[11] Hansen-Kuhn y Suppan, 2013. Promises and Perils of the TTIP: Negotiating a Transatlantic Agricultural Market. Institute for Agriculture and Trade Policy.

[12] Ver artículo de VA Buonsante: “El TTIP y las sustancias químicas” en esta misma revista.

[13] Ver el artículo sobre tratados bilaterales de inversiones, de los mismos autores, en esta revista.

[14] Eberhardt, 2013. A Transatlantic Corporate Bill of Rights. Seattle to Brussels Network.

[15] Comisión Europea, 2013: Factsheet on Investor-State Dispute Settlement; y Comisión Europea, 2013: Incorrect claims about investor -state dispute settlement

[16] Carta filtrada de Denis Redonnet, Jefe de Unidad de Estrategias Comerciales de la Dirección General de Comercio de la CE al Comité de Política Comercial del Consejo Europeo.

 

Tom Kucharz y Luis Rico, Área de Antiglobalización, Paz y Solidaridad de Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 79.

Fuente: El Ecologista http://www.ecologistasenaccion.org/article27102.html