Finalmente y después de una interminable serie de rechazos, por diversos errores de forma y fondo, el 26 de noviembre pasado se publicó en el Diario Oficial la toma de razón con alcances, por parte de la Contraloría General de la República (CGR), de la Resolución Nº 153 del Gobierno Regional Metropolitano firmada por el disciplinado intendente José Antonio Peribonio.

Esta decisión administrativa contempla el cambio de uso de suelo de 10.000 hectáreas agrícolas localizadas en 8 comunas periféricas de nuestra saturada región y el  gobierno, el influyente sector de la construcción y los especuladores que la solicitaron argüían que como no habían terrenos aptos para las edificación de viviendas al interior del radio urbano era necesario ampliar los límites para construir viviendas sociales requeridas con urgencia por los pobres.

Todas las organizaciones civiles conocedoras de la situación, incluyendo al propio Colegio de Arquitectos de Chile, le expresaron por escrito al presidente Piñera y al ex intendente Fernando Echeverría, eficiente articulador del cambio normativo, que esta modificación en las reglas del juego no se justificaba por ningún motivo por las razones técnicas y de catastro que oportunamente les dieron a conocer a ambos.

El proyecto se denomina PRMS100 y contempla la creación de las Zonas Urbanas Condicionadas (ZUC) en superficies de 60 hectáreas, reservándose solo un 8% del total de los futuros negocios inmobiliarios para vivienda sociales y las Zonas Urbanizables de Reconversión Condicionada (ZURC).

¿Cómo entonces se concibe esta evidente contradicción, si los promotores de la ampliación urbana sostenían que era  para ayudar a los pobres?  ¿Ellos creen que con ese guarismo del 8% se auxilia a los más vulnerables? Nosotros decimos que no y si se trataba de implementar una política pública seria orientada a reducir el déficit habitacional para ese segmento de la población, ese porcentaje al menos debió haber sido el 50% con efectivos condicionamientos y obras complementarias.

En la votación del Consejo Regional (CORE) Metropolitano se había rechazado esta iniciativa y después de un cierto tiempo, cuando el intendente Echeverría ya había convencido con grandilocuentes argumentos a algunos despistados consejeros regionales en orden a que se desistieran de sus votos negativos, se produjo una segunda votación en la que se aprobó este modelo de negocio que brindará plusvalías a quienes son los dueños de esos territorios rurales.

El mismo día de la votación final en la Intendencia, en la cual estaba presente la ex ministra de Vivienda Magdalena Matte, un muy alborozado Piñera felicitó por la prensa a Echeverría por la excelente labor de convencimiento desplegada por él. Recordemos que con anterioridad la ex Corema ya había aprobado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la que hoy en día ya está desactualizada y así fue como dicho intendente envió a la CGR la Resolución Nº 89 del 20/04/11 solicitando la toma de razón.

Ya sabemos que la CGR no cursó esa Resolución Nº 89 por las desinteligencias que contenía, sino la Nº 153 la fue posible solo porque los competentes funcionarios de la CGR asistieron a los del Minvu en la redacción de la misma. Luego se concluye que el acto administrativo publicado en el Diario Oficial no está respaldado por una votación del CORE.

Ahora tenemos cores elegidos por la voluntad popular quienes hasta el momento no se han pronunciado al respecto y en razón a que esta decisión no cuenta con la obligatoria Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) necesaria para que se produzcan los cambios en el territorio, porque se incluyeron en el cambio infinidad de predios  rústicos acogidos al DL 3.516, los que por ley deben conservarse como agrícolas, tal como lo reconoció oportunamente el Ministerio de Agricultura en oficio enviado al Ministerio de Vivienda, esperamos que en el gobierno de Bachelet se ordene la casa y sean ellos los que resuelvan si procede la ampliación urbana en los exactos términos que la legalidad exige.

En todo caso valga la ocasión para decir que este mal concebido PRMS100 es absolutamente contrario a los buenos deseos y lineamientos contenidos en la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), recién publicada por Piñera, lo cual es indicativo del desorden que observamos al interior del Palacio de La Moneda y por ello la mayoría de los alcaldes de esas 8 comunas e incluso la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, ya han expresado sus rechazos a la improvisación.

En síntesis, Piñera ha obtenido un efímero triunfo porque finalmente prevalecerá la racionalidad.