A pesar de ser el bastión de batalla en el período de campaña, el despliegue en seguridad y economía de José Antonio Kast ha sido desplazado por una agenda marcadamente ideológica y por la contingencia internacional en lo que los expertos denominan un gobierno reactivo y no proactivo.
A un mes del inicio del mandato del presidente José Antonio Kast, diversos son los diagnósticos que llevan a cabo algunas voces de la opinión pública para analizar lo que han sido las primeras semanas del gobierno de Chile y fiscalizar el avance del programa propuesto en el período de campaña.
En él había un foco evidente en lo que respecta a mejorar la seguridad del país -incluida la realidad migratoria y fronteriza- y además en dinamizar la economía, siendo estas las principales razones por las cuales la ciudadanía le entregó el voto al sector que hoy conduce La Moneda y que también cuenta con un apoyo importante en términos numéricos en el Congreso.
Por lo mismo, han surgido las críticas en torno a las prioridades que ha definido la Presidencia a propósito de cuestiones que han sido tildadas de ideológicas en desmedro de su propuesta programática inicial. Un ejemplo de ello ha sido el abordaje que ha dado el Ejecutivo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de las Naciones Unidas.
Es así que en vez de perspectivar las pretensiones internacionales de Bachelet como una respuesta del Estado chileno, Kast decidió no respaldar esta cruzada ya que varios en el oficialismo no ven con buenos ojos el desempeño de la excomisionada para los derechos humanos de la ONU en sus dos administraciones pasadas desde el gobierno central.
Algo similar ocurre con las apariciones públicas del gabinete en actividades relacionadas al rodeo, que si bien ha sido cuestionado por su crueldad con los animales contó con el espaldarazo de las autoridades que lo han elevado a deporte nacional así como lo comentó la secretaria de Estado a cargo de la cartera de Deporte, Natalia Duco.
Sumado a lo anterior y con una óptica similar -de corte más político e ideológico-, el mandatario adelantó que hará uso de su facultad para llevar a cabo indultos a carabineros y exmilitares condenados por represión en el estallido social y en la dictadura militar respectivamente, lo que además se adhiere a la reversión de la expropiación de Colonia Dignidad como una señal a los sectores más conservadores de la sociedad.
Lo anterior dejó atrás la agenda relacionada a seguridad, migración y economía tal y como lo mencionaron algunas analistas como Camila Miranda (FA) de la Fundación Nodo XXI y Javiera Arce (PS), doctora en ciencia política. Lo cierto es que ambas coinciden en que "lo que está desplegando se aleja precisamente de esos ejes que fueron la principal promesa" y que "todo apunta a debilitar el Estado y su rol en la sociedad. Y eso es súper ideológico".
En esa línea, El Desconcierto consultó a expertos sobre el avance programático a lo largo de este primer mes de gobernanza, quienes aseguraron que lo que ha habido son reacciones frente a situaciones complejas con las cuales es difícil hacer una evaluación más pensada de la gestión.
Eso mismo señaló Hugo Fruhling, profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y exdirector del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la misma casa de estudios, que manifestó que en términos de seguridad la agenda pública se ha centrado en la relación entre la ministra Trinidad Steinert y la Policía de Investigaciones (PDI).
Y es que este lazo ha estado en el centro de la polémica durante las últimas semanas a raíz de la desvinculación de la ahora exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, que la oposición ha catalogado de irregular a propósito de una eventual injerencia por parte de Steinert motivada por cuestiones personales. No obstante, esto fue descartado por la misma jefa de la repartición en una sesión del Senado.
"No hay hasta ahora ningún indicio más concreto, salvo que está apareciendo con bastante premura la noción de salir a buscar personas que han ingresado irregularmente al país o que están indocumentadas. En relación a los temas más de fondo —los delitos violentos, el crimen organizado—, la verdad es que no hay nociones nuevas ni activas", dijo al respecto Fruhling.
Consultado sobre lo prometido en campaña, el experto planteó que "está bien que se den el tiempo para pensarlo, pero eso desarma un poco el discurso de que ya había una preparación previa para asumir el gobierno (...) En materia del problema de seguridad, que se había presentado como una tremenda urgencia, hay bastante menos".
"Podría haber un montón de proyectos legislativos aumentando las atribuciones de las policías, (pero son) iniciativas que ya se intentaron años atrás y que no han mostrado mucho éxito. No es el momento de fuegos artificiales, sino de presentar un plan, una agenda seria que no puede limitarse únicamente al tema de subir las penas. Hasta ahora, es poco lo que se ve".
Esta mirada reaccionaria en virtud a la contingencia también se puede extrapolar a la economía, puesto que dada la escalada militar entre Irán y EEUU -que mantiene cerrado el estratégico Estrecho de Ormuz- subió el costo de la vida de la mano del alza del valor del petróleo después de la modificación al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco).
En ese contexto, la administración de Kast ha intentado explicar estos ajustes argumentando una estrechez fiscal que habría sido heredada por Gabriel Boric. Sin embargo, la respuesta se ha enmarcado en paliar estos efectos más que en generar un plan económico que vaya en la línea de las intenciones que se plasmaron en la campaña presidencial.
En esto coincide el profesor del Departamento de Economía de la Universidad Andrés Bello, Gonzalo Escobar, quien ante la pregunta sobre si Kast se ha mantenido apegado a su programa respondió tajantemente: "no". "Muchas de las medidas anunciadas en el programa, como la reforma tributaria, deben pasar por el Congreso, por lo que todavía no sabemos cuál va a ser esa reforma".
"El ajuste del gasto tampoco ha sido parejo, porque no todos los ministerios tienen las mismas prioridades: es muy distinto recortar el 3% al Ministerio de Bienes Nacionales que hacerlo en el Ministerio de Salud. Los efectos y las implicancias son completamente distintos. Hay que verlo con pinzas", aseguró.
Asimismo, Escobar manifestó que "hasta el momento no ha habido ningún proyecto legislativo en materia económica. Lo que se ha visto es contingencia. No se ha plasmado lo que estaba escrito en el programa de gobierno, posiblemente porque los proyectos de reforma tributaria deben pasar por el Parlamento, y este Parlamento se perfila como incluso más complicado que el del gobierno anterior".
"Es un escenario bastante complejo. Lo que hemos visto hasta ahora no es un gobierno proactivo, sino más bien uno reactivo: el alza del precio del petróleo lo forzó a tomar medidas, pero medidas sobre la marcha", explicó el especialista.
Una opinión similar en torno a una política de reacción vertió a este mismo medio el economista y profesor de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, quien señaló que "el alza de los combustibles está generando tensión, y eso lleva a que el tema central hoy sea la inflación. Está en una trayectoria que hace tiempo no estaba en la economía chilena, y eso no depende enteramente del gobierno: depende del Banco Central".
"Lo importante ahora es comprender claramente cuál va a ser el impacto del alza de la inflación en la ciudadanía. Es el principal problema, y para eso se requiere que el Banco Central dé una señal muy clara y firme, y se coordine con las autoridades en cómo eso va a afectar a la ciudadanía. Si no se comprende bien ese fenómeno, va a ser difícil avanzar", complementó.
Alarcón agregó que "han tratado de establecer una agenda, pero es muy difícil plantearse un programa de cambio basado en inversión y crecimiento cuando el Banco Central tiene que hacerse cargo primero de un proceso inflacionario que no estaba previsto. Y esa inflación apareció por los combustibles: un fenómeno impulsado desde el exterior".
