En plena crisis tras la filtración del audio sobre eventuales coimas al interior del Servicio de Impuestos Internos, el presidente Gabriel Boric escribió en la red social X que los delitos sugeridos no sólo eran graves y dañaban al país, sino también a la “integridad de la función pública y a la confianza de las personas”. “Combatir la corrupción es tarea de todos”, puntualizó.

Pese a la voluntad esgrimida por el mandatario, las señales desde la institucionalidad no fueron del todo equivalentes. Al menos desde la Contraloría donde el exmandamás Jorge Bermúdez, el mismo día que abandonaba su cargo en la entidad pública, el 15 de diciembre pasado, emitió un dictamen contrario a las expectativas planteadas por el Presidente Boric.

Se trata del dictamen N°E428343/2023, emitido tras una solicitud de pronunciamiento de la Contralora Regional de Tarapacá, Sandra Estay, respecto a la excesiva formulación de denuncias por parte de particulares que implicarían un “ejercicio abusivo de derechos” y que atentarían con “el principio de eficiencia en la administración”.

En el fondo, la jefa de la repartición pública en la primera región, solicitó lineamientos para actuar en caso de que el organismo se vea sobrepasado por requerimientos que superan la capacidad de respuesta de la institución, carecen de argumentos razonables o impidan ejecutar los procesos de fiscalización de manera eficaz.

La respuesta del excontralor fue contundente, al asegurar que correspondía a la institución ponderar si iniciaba o no un proceso de fiscalización, a partir de varias consideraciones como el interés público, la calidad de los antecedentes proporcionados, la proximidad del denunciante con los hechos y la posibilidad de que el asunto pueda resolverse eficientemente.

Tanto las solicitudes de pronunciamiento jurídico como las denuncias interpuestas por particulares, precisa el documento al que accedió El Desconcierto, corresponden a “una función que debe ser desempeñada de acuerdo con una racional, eficiente e idónea administración de los recursos con que cuenta la Contraloría General”.

Debido a esto es que el dictamen enfatiza que en caso de que una denuncia no cumpla los requisitos señalados o los criterios de factibilidad en un proceso de fiscalización, “es posible que esta entidad se abstenga de dar la respuesta requerida o adoptar las acciones solicitadas”.

[caption id="attachment_892245" align="aligncenter" width="900"] Excontralor Jorge Bermúdez.[/caption]

“A igual conclusión debe llegarse respecto de las reiteradas y excesivas presentaciones de algunos particulares, cuando tras el empleo de medios idóneos de diagnóstico y decisión, se determine que las mismas le impiden a este organismo de control llevar a cabo una gestión de manera eficiente y eficaz”, concluye el documento.

Probidad y transparencia

Las inquietudes respecto a la nueva normativa no tardaron en llegar. Fue Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, el primero en reparar sobre los alcances del dictamen en una columna publicada en este medio.

En su condición de “cliente frecuente” del organismo estatal, Herman ingresó el último día del año pasado una solicitud a la nueva contralora, Dorothy Pérez, pidiendo una aclaración al respecto, debido a que afectaría a la fundación que preside y todas aquellas personas que luchan “contra las malas prácticas”.

Para el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, el dictamen firmado por Jorge Bermúdez es un lamentable error. “No quiero pensar en otra cosa”, dice. “Estamos confiados en que la nueva contralora va a ejercer su poder y aclarar el tema por una razón muy simple: el dictamen lo que busca es impedir la fiscalización ciudadana”.

Herman sustenta su argumento en una virtud democrática, entendida como el derecho que tienen todos los ciudadanos de ejercer una legítima fiscalización de los asuntos públicos. “Bermúdez sostiene equivocadamente que sólo algunos tienen legitimación activa, por tener algún interés particular en los actos, pero eso no es efectivo”.

“Todos tenemos derecho a denunciar las malas prácticas, exigir probidad y transparencia. Y si a los políticos de turno no les gusta, lo lamento mucho”, dice quien impulsó junto a otras ONGs la promulgación de la Ley de Transparencia, bajo la tutela de los abogados Moisés Sánchez y Juan Pablo Olmedo.

Desde el punto de vista legal y administrativo, según el director ejecutivo de América Transparente, Juan José Lyon, se trataría de un dictamen que legaliza la desestimación de denuncias de la sociedad civil por parte de las contralorías regionales.

“Lo que están haciendo es legitimar no hacer trabajos de fiscalización, algo que venimos denunciando desde hace un tiempo, porque hoy la Contraloría se ha transformado en un mero buzón de denuncias que luego son derivadas. Si se trata de un municipio les envían la denuncia, éstos entregan una respuesta vaga y ahí terminó el asunto”, explica.

Respecto al exceso de requerimientos, Patricio Herman asegura que es efectivo que se pierde mucho tiempo en denuncias sin sustento jurídico, pero existen otras realizadas de manera fundada que la Contraloría tiene el deber de contestar porque uno de sus roles es precisamente atacar la corrupción”.

Para Juan José Lyon las tareas de supervisión de denuncias podrían ser filtradas, como en otros países, con inteligencia artificial, aunque lo fundamental asegura es robustecer la institucionalidad. “Hay que potenciar a distintos entes fiscalizadores, mejorar la ley de transparencia, las sanciones y dotar de mayores recursos a las contralorías”.  

El Desconcierto se comunicó con la Contraloría General de la República para contrastar la información aparecida en el dictamen. Sin embargo, hasta el cierre de este edición, no obtuvimos respuesta.

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