“Hechos, no palabras”, dijo el alcalde de La Florida Rodolfo Carter a través de su cuenta en X, haciendo un balance de la primera semana de implementación del Estado de Emergencia Comunal, a comienzos de diciembre del año pasado, informando más de 5.122 fiscalizaciones, 385 infracciones y cinco detenidos.

La medida era parte de una estrategia mayor. Una semana más tarde el alcalde anunció en un matinal -como ha sido la tónica durante su gestión- la conformación de un batallón de protección ciudadana compuesto por exuniformados a cargo de la generala en retiro de Carabineros, Berta Robles.

Poco antes, a mediados de noviembre, el edil confirmó al exjefe de la Fiscalía Oriente, Manuel Guerra, como nuevo “fiscal de la gente”, encargado de liderar un equipo interdisciplinario y defender a los vecinos afectados por delitos de alta connotación pública.

[caption id="attachment_855135" align="aligncenter" width="900"] Rodolfo Carter/Agencia Uno[/caption]

El estilo de Carter nuevamente fue cuestionado. De inmediato, cuando se hizo público el arribo de Berta Robles, Carabineros aclaró que la generala a cargo del batallón de seguridad de Carter aún no concretaba su salida de la institución y decretó un sumario en su contra.

No fue lo único. Esta semana la concejala de La Florida, Marcela Abedrapo, solicitó formalmente un pronunciamiento a la Contraloría buscando esclarecer la naturaleza y objetivos de la nueva institucionalidad inaugurada por Carter: la fiscalía de la gente y el batallón de seguridad.

Fiscal de la Gente

“Hay una reticencia en la administración de Rodolfo Carter de traspasar información relevante”, dice Marcela Abedrapo, intentando explicar por qué requirió a Contraloría un pronunciamiento. “No permitir que los concejales tengan información oportuna respecto a las contrataciones y uso de los recursos es para que el resto de la opinión pública tampoco tenga acceso”, agrega.

Abedrapo asegura en el documento, al que tuvo acceso El Desconcierto, que a las bases del proceso de selección del denominado “fiscal de la gente” sólo tuvieron acceso en su fase final y que el procedimiento más detallado sería expuesto al COSOC (Consejo de la Sociedad Civil) y no al concejo municipal.

Sobre la figura llamada “fiscal”, añade la concejala, las bases dan cuenta de un funcionario encargado de “liderar un programa social de atención de víctimas de delitos violentos de alta connotación social”. Funciones que de acuerdo a la autoridad denunciante son más propias de una defensoría que de una fiscalía.

[caption id="attachment_891508" align="aligncenter" width="900"] Marcela Abedrapo[/caption]

“El nombre en este caso no es trivial, puesto que no sólo puede generar falsas expectativas en la población comunal, sino que también, eventualmente, confundir a la opinión pública”, detalla la presentación.

La finalidad, sugiere Abedrapo al ser consultada por este medio, es introducir “un concepto novedoso para algo que ya estaba hecho”. “Hay varios equipos municipales que tienen defensorías y una de sus atribuciones es precisamente defender a los vecinos. Esa figura ya está dentro de su plataforma y, en ese sentido, La Florida estaba al debe. Entonces, son cosas que suenan muy novedosas, muy en el estilo publicitario de Carter, pero que no necesariamente lo son”.

Antes de entrar en debate el presidente de la comisión de seguridad del municipio, el concejal Reinaldo Rosales, estima pertinente aclarar que no existirían antecedentes fundados para haber decretado siquiera emergencia comunal.

“Los delitos de alta connotación pública en La Florida en época de pre pandemia fueron de 15 mil al año, según datos del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, y se estima que el año pasado ocurrieron alrededor de 10 mil en la comuna. Entonces, las cifras muestran que tenemos menos ocurrencia de delitos que años anteriores”.

Respecto a la fiscalía de la gente, Rosales sostiene que en una causa penal un abogado querellante tiene muy “pocas facultades”, pudiendo sugerir algunas diligencias, pero quien realmente toma las decisiones es el fiscal a cargo de la causa. “Hay un acompañamiento a la víctima, es verdad, pero pareciera que esos beneficios no resuelven en el fondo ningún problema”.

La función del exfiscal Manuel Guerra ha sido criticada no sólo desde lo pragmático, sino también desde la parte administrativa, puesto que asume sus funciones en calidad de trabajador a honorarios, contratado por 4 millones de pesos según las bases de licitación, no debiendo “asumir jefatura y responsabilidad administrativa”. Es por esta razón que Abedrapo solicita que Contraloría revise “la dependencia de su cargo a alguna dirección, departamento o sección municipal”.

Hay otro punto respecto a Manuel Guerra que no está en la solicitud de pronunciamiento, pero que hace bastante ruido al interior del municipio. “Guerra estuvo a cargo de la Fiscalía Oriente, La Florida pertenece a esa fiscalía, y la investigación donde Carter fue imputado, y a la que luego se sumó el Consejo de Defensa del Estado, recayó precisamente en esa fiscalía”, explica Marcela Abedrapo.

Batallón de Seguridad

La información disponible respecto al Batallón de Seguridad, nombre bélico con que Carter bautizó al grupo de nuevos funcionarios, sería aún más precaria que la entregada respecto al fiscal de la gente.

A diferencia del cargo que ejercerá Guerra, señala el documento, no se habrían dado a conocer las bases del concurso. “Tampoco se especifica tipo de contrato, remuneraciones, funciones específicas, comisión evaluadora de postulaciones, etcétera”. Situación que se repetiría, según el requerimiento, en una serie de procesos de selección de personal que adolecerían de información "clara y transparente".

“Por esta razón solicito se revise la estructura, las condiciones y el proceso de selección de postulantes”, agrega la solicitud.

Marcela Abedrapo sostiene que respecto al batallón, aún cuando ya se dio inicio al proceso de reclutamiento a partir del decreto de emergencia comunal, no está descrito en lo que esta nueva institucionalidad va a realizar ni cuáles serán sus funciones. “Carter dice que van a estar vinculados a la emergencia, pero en el decreto no lo dice”.

[caption id="attachment_891510" align="aligncenter" width="900"] Reinaldo Rosales[/caption]

Además, tampoco existiría claridad respecto de cuál estructura municipal van a depender. “La Florida tiene personal contratado por la propia municipalidad en materia de seguridad pero, además, tiene personal en este rubro contratado en la Corporación de Fomento Productivo (Condefop). Por eso solicito saber a quién va a obedecer este batallón. Eso no está claro.  No lo han aclarado en ninguna parte, ni en los medios de comunicación, ni menos en el Concejo”, plantea Abedrapo.

Para el concejal Reinaldo Rosales, la implementación del batallón de seguridad comunal implicará un riesgo asociado que no ha sido evaluado en su real magnitud. “Aunque sean exuniformados, se trata de civiles que no van a portar armas y que van a mandar a controlar vehículos. Yo te aseguro que esa cuestión va a terminar en tragedia porque ya hemos visto a carabineros atropellados cuando han querido controlar vehículos”.

Estos procedimientos implementados son, a juicio de Rosales, medidas efectistas en materia de seguridad. “Llegan con la tele y se van con la tele”, dice. “Pasó con el cultivo de marihuana con fines terapéuticos y ahora con la demolición de las narco-casas lo mismo. Llegaron los medios, cubrieron la noticia y hoy día ya no se hacen demoliciones”.

El documento solicita, además, que Contraloría se pronuncie sobre la designación de la generala del batallón, Berta Robles, quien habría sido contratada por el municipio antes de que terminara sus funciones en Carabineros, institución que ya habría ordenado un sumario interno para esclarecer esta situación. Carter aseguró en los medios que Carabineros "no actuó con la información completa" y que la nueva funcionaria municipal había renunciado a su inamovilidad administrativa.

El Desconcierto se comunicó con la municipalidad de La Florida para aclarar los puntos expuestos en el requerimiento, pero el organismo público señaló que aún no han recibido las consultas de la concejal y que cuando se hagan efectivas "se dará respuesta como corresponde".

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