El 14 de septiembre de 2022, en la sede regional del Ministerio Público en La Araucanía,  se inauguró oficialmente la Red de Gestión Penal (RGP), un sistema informático implementado de manera pionera en la Fiscalía de Temuco, capaz de unificar distintas bases de datos involucradas en la persecución de los delitos. La idea era avanzar hacia una plena digitalización de los procesos de investigación en todas las fiscalías del país.

“Hoy hemos puesto en marcha un nuevo sistema de procesos en el Ministerio Público, denominado Red de Gestión Penal, que nos va a permitir optimizar el uso de nuestros recursos, tanto humanos como tecnológicos, de manera tal de poder reenfocar la investigación caso a caso, hacia una investigación basada más en el análisis criminal”, sostuvo el entonces Fiscal Nacional Jorge Abbott en la inauguración.

[caption id="attachment_181819" align="aligncenter" width="820"] El ex Fiscal Nacional Jorge Abbott[/caption]

El sistema, en rigor, ofrecía un giro drástico en la manera de trabajar en distintas fiscalías, no sólo por el hecho de incorporar digitalmente la información proveniente de diversos organismos, sino porque permitiría migrar desde los documentos físicos a las carpetas digitales.

“Tendremos la misma interoperación con el Poder Judicial y con otras instituciones, como el Registro Civil, el Servicio Médico Legal o Gendarmería. La posibilidad de formular solicitudes en línea, en formato digital, implicará no sólo mejorar nuestras comunicaciones, sino también generar ahorros de recursos y tiempo”, agregó en la ocasión el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido.

Lo que hasta ahí parecía un avance de proporciones, terminó por desmoronarse a partir de las primeras pruebas. El sistema presentado en la oportunidad, según varias fuentes consultadas por El Desconcierto, era en verdad una suerte de “clon o copia” del módulo de flagrancia del sistema de gestión penal.

Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, recuerda que el gremio se informó de una manera bastante sorpresiva. “Nos enteramos que el módulo informático de flagrancia era una especie de réplica poco desarrollada y bastante precaria desde el punto de vista informático. O sea, la Red de Gestión Penal nunca se implementó”, asegura.

En el fondo se trató de “un simulacro” que según varios testigos recordó otros bochornos históricos como la inauguración del hospital de Curepto con enfermos falsos, las graves irregularidades en la licitación de la plataforma informática del Registro Civil y el terminó de las listas de espera en hospitales en la época de Mañalich.

El Desconcierto accedió de manera exclusiva a una minuta interna del Ministerio Público solicitada por el Fiscal Nacional Ángel Valencia, donde se detallan los gastos incurridos, las empresas involucradas, los plazos estipulados y las modificaciones de contratos con aumentos de precios implementados en el desarrollo del nuevo sistema informático.

Hasta ahora, según el documento al que accedió este medio, el organismo persecutor habría comprometido -sólo en las licitaciones más importantes-  más de 7 mil millones de pesos. Hoy el caso está siendo investigado penalmente por eventuales irregularidades en una causa encargada por el actual Fiscal Nacional Ángel Valencia.

Soaint Gestión S.A.

El 23 de octubre de 2018, tras una licitación sobre los alcances a nivel de diseño y requerimientos de un “sistema de apoyo a la gestión de causas del Ministerio Público”, se firmó un contrato entre la Fiscalía Nacional y la empresa Soaint Gestión S.A., una consultora informática española experta en innovación tecnológica. Este fue el puntapié inicial del cuestionado proyecto que buscaba reemplazar el actual Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF).

“La promesa de la Red de Gestión Penal era precisamente integrar todos los procesos de trabajo relacionados con la persecución penal, permitiendo una retroalimentación a los fiscales y una gestión de causas con todos los sistemas interconectados”, explica Francisco Bravo de la Asociación de Fiscales.

El acuerdo económico pactado fue para diseñar seis módulos de la Red de Gestión Penal por un valor total de 34.000 UF, un costo que en dinero de la época implicaba un desembolso de poco más de 931 millones de pesos.

El 17 de enero de 2020, a partir de la Resolución FN/MP Nº 110/2020, se suscribió la modificación del contrato donde se reconoce que “se habría estimado erróneamente los plazos comprometidos”, reduciendo la cantidad de módulos que originalmente se iban a diseñar, bajando de un total de seis a cuatro.

La medida, según detalla el documento interno al que accedió este medio, generó una pérdida económica al Ministerio Público de 10.200 UF; alrededor de 275 millones de pesos.

Pragma Informática S.A.

Paralelo a la gestión anterior, el 17 de noviembre de 2018, la empresa Pragma Informática S.A.  ganó una licitación pública para “apoyar la ejecución” del proyecto adjudicado por Soaint Gestión S.A. por un monto de 41.251 UF, equivalentes a más de 1.133 millones de pesos de la época.

Tres años más tarde, el 20 de enero de 2021, se modificó el contrato que tenía una vigencia de 35 meses -hasta octubre de ese mismo año-, “aumentando su valor en un 26,48%”. Se trataba de un incremento de 10.925 UF que, traducido al valor de la época, implicó un desembolso adicional de $317.830.100.

Posteriormente, en octubre de 2021, se modificó nuevamente el contrato con la empresa aumentando su vigencia en quince meses -desde 6 de octubre de 2021 hasta el 5 de enero de 2023-, incrementando su precio en un “63,44% del valor original”. La cifra correspondía a otras 26.172 UF, cuyo valor total fue de $788.091.264.

En septiembre de 2022, otra vez el contrato sufrió modificaciones, aumentando su vigencia en 12 meses, a partir del 6 de enero de 2023, incrementando su valor en un 50,98%, o sea, en  21.029 UF, cifra equivalente a $711.852.679.

La fundamentación de la modificación contractual, según se explica en el documento, fue debido a que “era necesario continuar contando con el servicio de un equipo de profesionales externos que complemente las capacidades de los profesionales del Ministerio Público asignados al Proyecto Red Gestión Penal”.

Para Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente, no sólo existirían deficiencias en la fiscalización interna, sino que “según la ley de compras públicas las modificaciones de contrato no pueden superar el 30% del monto originalmente pactado. Si ocurre que se modificó un contrato y el alza fue de un 60%, estamos entonces frente a conductas contrarias a la probidad”.

Esta es una de las situaciones que debería dilucidar la investigación penal, encargada a quien recibió a Jorge Abbott en la bochornosa inauguración de la Red de Gestión Penal en Temuco: el fiscal regional de La Araucanía Roberto Garrido. El mismo que envió un oficio a Ángel Valencia, el actual mandamás del Ministerio Público, advirtiendo eventuales “conductas constitutivas de delitos por no cobro de multas y facturación indebida”.

[caption id="attachment_807540" align="aligncenter" width="2524"] El actual Fiscal Nacional Ángel Valencia[/caption]

Cabe consignar que de acuerdo a información recopilada por este medio, el jefe de informática de la Fiscalía Nacional, Óscar Zapata, fue desvinculado de su cargo a principios de marzo de este año, una vez que prestó declaración en el sumario y luego que venciera el plazo de una de las empresas para la entrega del último módulo del proyecto.

Pegasus Group

Tras otra licitación pública, denominada “Construcción y servicios asociados del sistema de administración de causas”, el Ministerio Público firmó un nuevo contrato el 6 de octubre de 2021. Esta vez la empresa favorecida fue The Pegasus Group Company S.A., experta en transformaciones digitales.

La minuta explica que el contrato buscaba proveer de “los servicios que permitan la construcción e implementación del nuevo Sistema de Administración de Causas del Ministerio Público, específicamente sus módulos 1, 2 y 3, en el plazo que correspondan a cada servicio licitado”.

El desglose de la licitación contempla varios montos de acuerdo a las prestaciones comprometidas, entre ellas, la suscripción de licencias de software (US$ 2.159.542), construcción de sistemas (45.000 UF), capacitación, migración de datos y puesta en marcha (5.000 UF), soporte de plataforma (7.140 UF) y mantención de sistemas (3.840 UF). Todos los servicios encargados suman un total de 3.585 millones de pesos.

Al igual que la licitación de Pragma Informática S.A., el contrato con Pegasus fue modificado el 12 de enero de 2023, postergando en ocho meses la entrega de los denominados “hitos pendientes” y fijando como plazo máximo el 28 de febrero de 2023.

El documento al que accedió este medio da cuenta que en cuanto asumió el nuevo Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se ordenó un informe a la División de Contraloría Interna de la institución, la que detectó una “serie de inconsistencias en el desarrollo del Proyecto RGP que deben ser revisadas en detalle”.

El Desconcierto se comunicó con el Ministerio Público para obtener su visión de los hechos respecto a las investigaciones que actualmente se encuentran en curso -una arista administrativa y otra penal-, contrastando que ambas intentan dilucidar "las razones exactas tras las modificaciones de los contratos”.

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