Los conserjes, en vez de llamarlo a él, el dueño, se comunicaron con el jardinero de la residencia. Un acto fuera de protocolo, dice la querella por robo en lugar habitado que presentó el empresario José Yuraszeck, quien se enteró de los hechos recién el sábado 8 de abril, cuando una llamada lo despertó a las 8:30 de la mañana.

A esa hora “uno de los conserjes llama a mi señora -dice Yuraszeck - para informarle que la alarma había sonado toda la noche”. Ella “les preguntó si habían revisado puertas, ventanas, y ellos le aseguraron que sí, sin embargo, el día lunes al regresar a nuestro hogar el ventanal se encontraba abierto casi un metro”.

Fue el pasado viernes santo, hace poco más de un mes, cuando un grupo de desconocidos ingresó al domicilio del empresario de la UDI, fundador del movimiento gremialista, a través de la puerta trasera de su vivienda ubicada en la comuna de Las Condes.

“Presumo que el modo de ingreso fue a través de la puerta de la cocina la cual da al jardín, ya que la chapa presentaba claros indicios de forzamiento y la puerta estaba abierta”, explicó en la querella uno de los hombres claves en las privatizaciones de empresas estatales en dictadura.

Los sujetos habrían entrado a la vivienda poco después de las 21 horas del viernes 7 de abril, mientras ésta se encontraba sin sus dueños, robándose una caja fuerte que contenía en su interior joyas avaluadas en alrededor de $200.000.000. “Además del pasaporte de mi cónyuge”, acotó el también expropietario de Azul Azul.

La querella presentada a través de la Unidad de Atención a Víctimas de la Municipalidad de Las Condes fue acogida por tribunales y la Fiscal adjunta Wally Schuster sería la encargada de las pesquisas, intentando dilucidar el paradero de la misteriosa caja de valores.

¿Quién es José Yuraszeck?

José Roberto Yuraszeck Troncoso nació en Puerto Montt en 1951. Estudió ingeniería civil en Universidad de Chile, participando del Frente Acción Gremial, fundado en época de Allende bajo el alero de Jaime Guzmán. De ese tiempo se le recuerda una brutal anécdota: lanzar frascos con ácido a sus adversarios políticos.

Una vez egresado empezó a trabajar a Odeplan, en plena dictadura, a la orden de otro gremialista: Miguel Kast, padre del líder del Partido Republicano. Llegó a ser Subdirector del organismo en 1982 y desde allí planificó cómo privatizar la empresa estatal de luz eléctrica, haciéndose dueño de ella a través de diversas sociedades.

María Olivia Monckeberg en su libro “El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno”, describe la denominada operación “chispitas” como un procedimiento a través del cual “Yuraszeck y otros diecisiete ejecutivos tomaron el control de las sociedades inmobiliarias Luz y Fuerza y Los Almendros generadas en nombre del ‘capitalismo popular”, una doctrina que buscaba incorporar a los trabajadores de la empresa en propietarios de la estatal.

Así fue como los socios alcanzaron el control de Enersis y a través de ésta pudieron adquirir Endesa. “Los trabajadores no tuvieron ningún tipo de control sobre sus acciones. No podían venderlas ni tampoco usar su derecho a nombrar directores . Y con sus acciones se eligió Presidente al ex ministro José Piñera”, cuenta la investigación de la Premio Nacional de Periodismo.

Pero no fue hasta la venta definitiva de la empresa a Endesa España que Yuraszeck se transforma en el “zar de la electricidad” en Chile, un negocio que fue incluso catalogado en su momento como “el robo del siglo”, uno de los mayores escándalos bursátiles de la historia del país.

También conocido como caso chispas, los exsocios de Enersis lograron obtener un precio desmedido, incluido el entonces candidato presidencial Sebastián Piñera, en desmedro de la gran cantidad de accionistas que poseía la empresa en el año 1997. En un juicio por fraude, la justicia finalmente condenó a los implicados a pagar una multa de 75 millones de dólares.

Yuraszeck y sus cinco socios, sin embargo, se habrían retirado con 500 millones de dólares. Según un informe de Contraloría de la época, la privatización de Enersis le costó al Estado alrededor de mil millones de dólares en pérdidas.

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