No es reconstrucción: Es la agenda

El proyecto rebaja el impuesto de primera categoría de 27% a 23% —revertiendo la reforma tributaria de 2014— y reinstala la integración total del sistema tributario. Establece invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones superiores a USD 50 millones. Elimina el impuesto a las ganancias de capital bursátil.

Limita a seis meses las medidas cautelares que puedan paralizar proyectos con resolución ambiental favorable. Retrasa nuevamente la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Y, para los lectores de la Región de Los Lagos: el artículo 6 elimina la obligatoriedad de ingresar al SEIA para las relocalizaciones de concesiones salmoneras en Los Lagos y Aysén.

Una pregunta simple: ¿qué tienen que ver las ganancias de capital bursátil con los incendios del Biobío?

Una tabla que vale más que mil declaraciones

El gobierno justifica la rebaja tributaria argumentando que Chile tiene tasas corporativas sobre el promedio OCDE. Es una media verdad. Lo que omite es la comparación por sistema: en regímenes integrados como el que propone reinstalar, la carga total sobre las rentas del capital es efectivamente menor que el promedio.

Y hay una tabla que lo muestra con claridad que ningún ministro quiere explicar. Una trabajadora dependiente con ingresos de $10 millones mensuales paga $2.570.000 en impuestos —una carga del 25,7%. Una dueña de empresa con las mismas utilidades paga $1.745.500— un 17,4%. La reintegración del sistema tributario que propone este proyecto amplía esa brecha. No la cierra.

Quien trabaja paga más que quien tiene capital. El proyecto lo consolida como regla permanente.

El artículo 8

Hay una medida en este proyecto que no ha recibido la atención que merece. El artículo 8 modifica la Ley de Propiedad Intelectual para autorizar la creación de contenido por inteligencia artificial sin remunerar ni pagar licencias a los autores.

No es un proyecto de regulación de IA. No es un debate sobre los derechos en la era digital. Es un artículo dentro de una ley de reconstrucción post-incendio que, de paso, le regala al sector tecnológico una exención que llevaba años buscando. La velocidad con que se inserta es proporcional a la discreción con que se oculta.

¿Qué tiene que ver con Ñuble?

La gratuidad que ya no llega

El proyecto también modifica los umbrales para ampliar la gratuidad en educación superior. Para avanzar al séptimo decil, se exige que los ingresos fiscales estructurales representen el 29,5% del PIB tendencial no minero, en dos años consecutivos. Para el octavo, el 30,5%. Para el noveno, el 32,5%. Para la gratuidad universal, el 35,5%.

No se elimina la gratuidad. Se congela. Se fija en norma una condición que Chile difícilmente alcanzará en el mediano plazo, y se cierra así, silenciosamente, la puerta a su expansión. Es exactamente la misma lógica que analicé en la columna anterior: la restricción no como fatalidad, sino como arquitectura. Las reglas como política cristalizada en norma.

La reconstrucción real

Los incendios de enero destruyeron viviendas en Ñuble y Biobío. Eso es real y urgente. Pero lo que este proyecto reconstruye no son esas viviendas, para eso alcanza con el artículo 1. Lo que se reconstruye es el régimen tributario previo a 2014, la invariabilidad para los grandes inversionistas, el acceso desregulado al borde costero para la industria salmonera, y las restricciones al avance de derechos sociales que costaron décadas instalar.

Los incendios destruyeron hogares. La ley reconstruye ventajas. No son lo mismo. Y llamarlas igual es la operación política más importante del proyecto.