Esta causa trasciende el imperativo moral de hacerle justicia a Natalia, madre, hija, profesional, hermana: constituye una trinchera colectiva contra la impunidad y en defensa de todas aquellas mujeres que han sido silenciadas por una violencia atroz, la invisibilidad.
Natalia Hidalgo Leiva / Crédito: Famila Hidalgo Leiva (imagen original expandida con IA)
El fallecimiento de mi hermana Natalia, ocurrido en enero de 2021, continúa envuelto en sombras e interrogantes que, hasta la fecha, impiden esclarecer con absoluta certeza lo sucedido durante esa madrugada. Aunque la investigación inicial efectuada por la Policía de Investigaciones, adoleció de severas e innegables deficiencias que no pueden soslayarse.
Hoy el foco no radica en el agravio del pasado, sino en la responsabilidad ética y legal que asumirá el Estado de Chile de aquí en adelante en la indispensable búsqueda de justicia. Por eso, el propósito de estas líneas es explicitar las razones sustantivas por las cuales la historia de Natalia no constituye únicamente su propio recorrido judicial, sino un precedente insustituible para evitar que la impunidad siga cobrándose vidas de mujeres en nuestro país.
El 17 de julio de este año, la Fiscalía formalizó al abogado Pablo Méndez Soto, expareja y agresor de Natalia, por el delito de maltrato habitual. En dicho acto, el fiscal Ezio Braghetto expuso la radiografía de un sometimiento psicológico cruento y sistemático: agravios constantes, descalificaciones profundas sobre su aspecto y vestimenta, humillaciones frente a sus hijos, privación de su libertad social, usurpación de claves electrónicas, espionaje, severos episodios de aislamiento afectivo, violencia física, amenazas explícitas, abuso de poder económico e incluso la siniestra intimidación mediante una cuerda anudada en forma de horca. Todo ello configuró un engranaje mortal de dominación, orientado metódicamente a anular la dignidad de mi hermana.
Natalia era Psicóloga de la Universidad de Chile, Magíster en Psicología Clínica, con quince años de entrega ininterrumpida en el programa PRAIS del Hospital El Salvador, poseedora de un historial académico sobresaliente y de publicaciones de reconocido valor científico. Pero la brillantez pública no inmuniza en la esfera privada cuando un agresor manipula la realidad, instrumentaliza la buena fe y destruye sistemáticamente la autoestima de una víctima que confió en promesas de amor y cambio.
Por estas razones, como familia —en conjunto con nuestra abogada querellante, Silvana del Valle— formalizamos una ampliación de querella por el delito de femicidio, incluyendo expresamente la hipótesis de su comisión por omisión. Sostenemos categóricamente que la violencia de género sistemática no equivale a una suma fragmentada de incidentes aislados; es la condición estructural directa que desembocó en la muerte de Natalia. Abordar estos hechos de forma escindida resulta jurídicamente inaceptable y perpetúa la impunidad; exigen, por el contrario, un escrutinio judicial exhaustivo e integral.
Ahí reside el núcleo de la perversión institucional y procesal: si el imputado Pablo Méndez pretende persuadir al tribunal sosteniendo que Natalia estaba “dañada psicológicamente” —como afirmó perentoriamente el mismo día de su muerte para obturar cualquier sospecha—, dicha aseveración dista radicalmente de exculparlo. Por el contrario, constituye una abierta confesión de responsabilidad. Acreditar la supuesta vulnerabilidad de la víctima mientras se la somete a un régimen de terror, aislamiento, intimidación y abandono deliberado no representa una atenuante: es la prueba de cómo la violencia sistemática y la omisión indolente se transforman en un dispositivo letal.
La técnica legislativa suele avanzar a un ritmo más lento que las complejas realidades sociales. Sin embargo, la administración de justicia no puede resignarse pasivamente al amparo de figuras penales atenuadas o menores. Debe recurrir a la doctrina jurídica contemporánea para garantizar que las sanciones impuestas sean verdaderamente proporcionales a la magnitud del daño causado: Natalia está muerta.
La historia de Natalia exige ser visibilizada porque encarna la trayectoria de una violencia fría, perversa y calculada. Una agresión sofisticada que busca quebrantar la estructura psíquica de la víctima para derrumbarla, al tiempo que desplaza sobre ella la culpa, persuadiéndola de una supuesta pequeñez, mientras el agresor hipertrofia y resguarda su propia fachada pública de hombre influyente, adinerado y exitoso.
Se trata de un tipo de violencia soterrada, con menos hematomas visibles, que evade el escrutinio público e instituye una forma impune de dominación. De allí el valor crucial de la sólida intervención del fiscal Ezio Braghetto y de nuestra abogada Silvana del Valle, quienes tras cinco años y medio de dilaciones lograron sistematizar un expediente de más de 500 páginas en una formalización rigurosa.
Este hito restituyó la voz y la dignidad de Natalia en la sede judicial, permitiendo iniciar el esclarecimiento definitivo de sus últimos años de vida, así como el resguardo de su legado personal, profesional y maternal. Porque en ese voluminoso expediente no solo yace una víctima de violencia; habita también la madre abnegada y la profesional profundamente comprometida con la salud pública de nuestro país.
Frente a la inminente audiencia de mañana, 7 de octubre de 2026, en la que el imputado ha solicitado su sobreseimiento definitivo argumentando la prescripción de los hechos —pretendiendo extinguir su responsabilidad penal por via administrativa—, nuestra postura es indómita. Allí estaremos presentes.
Porque esta causa trasciende el imperativo moral de hacerle justicia a Natalia, madre, hija, profesional, hermana: constituye una trinchera colectiva contra la impunidad y en defensa de todas aquellas mujeres que han sido silenciadas por una violencia atroz, la invisibilidad.
