La democracia se construye con participación, y con leyes capaces de promoverla. Cuando la participación no cuenta con instituciones y mecanismos efectivos para hacerse realidad, su reconocimiento termina siendo meramente declarativo. Más aún, pierde sentido si las autoridades no reconocen en la participación ciudadana una fuente de legitimidad democrática y un elemento esencial para la cohesión social del país.
Modificación a la Ley N°20.500: El trabajo legislativo como un punto de encuentro democrático
La falta de avance de este proyecto no es una señal neutra, por el contrario, su inactividad puede transmitir a sus principales autores, las dirigencias sociales, que el tiempo, la experiencia, su trabajo y el esfuerzo que dedicaron a este proceso no son valorados.
Al parecer eso ocurre. La actual administración no ha dado continuidad a la discusión de un proyecto no solo relevante, sino ampliamente valorado: la modificación a la Ley N°20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Este proyecto, que se encuentra en discusión en particular en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados, permanece a la espera de continuar su debate.
Este fue sobre todo el resultado de un trabajo mancomunado entre dirigencias territoriales, organizaciones sociales, servicios públicos y representantes de la sociedad civil. Su principal insumo fueron los encuentros “Hablemos de Participación”, en los que participaron más de 6.600 personas a lo largo de Chile entre 2023 y 2024.
Posteriormente, a través de mesas de trabajo interinstitucionales, se elaboró una propuesta que recogió las principales inquietudes de quienes participan cotidianamente en los espacios de incidencia pública: el fortalecimiento de los Consejos de la Sociedad Civil, el reconocimiento de derechos y deberes para las organizaciones sociales y, especialmente la consagración de un derecho a la participación para cada uno de los habitantes de nuestro país.
Su ingreso al Congreso constituyó un gran hito. Después de casi 15 años de vigencia, sus principales destinatarias y destinatarios venían planteando la necesidad de contar con mayores espacios de deliberación e incidencia en las decisiones públicas. La legitimidad de esta propuesta radica, precisamente, en que responde a una demanda ampliamente compartida: más y mejor democracia.
Por eso, la falta de avance de este proyecto no es una señal neutra, por el contrario, su inactividad puede transmitir a sus principales autores, las dirigencias sociales, que el tiempo, la experiencia, su trabajo y el esfuerzo que dedicaron a este proceso no son valorados. También arriesga debilitar una propuesta construida con un enfoque inclusivo, territorial y ampliamente representativo.
En su tramitación inicial, en audiencias públicas de la comisión y luego, en su discusión en particular, encontró amplio acuerdo en todo el espectro político y público. Aún en sus diferencias, los actores que procuran la reivindicación de la participación, trabajan todos los días en mejorar la vida de quienes representan.
Si esta iniciativa se sigue postergando, podría correr la misma suerte que los proyectos de nueva ley de pesca o de negociación multinivel, diluyéndose en la agenda legislativa y con ello, se profundiza la distancia entre las instituciones y las personas, precisamente en un momento en que el país necesita recuperar confianzas y fortalecer sus espacios de encuentro.
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