El discurso de José Antonio Kast centrado en el orden, la probidad y la meritocracia entra en tensión con una práctica que tiende a privilegiar la lealtad política y la utilidad territorial por sobre los estándares éticos.
Cristian Rondanelli / regiondecoquimbo.cl
Cristian Rondanelli emerge como una figura típicamente territorial dentro de la política. Proveniente de la provincia de Choapa, específicamente de Salamanca, su trayectoria se construye desde lo local hacia lo institucional, siguiendo un patrón clásico de inserción política en regiones: primero como operador territorial y luego como funcionario designado por Kast (Delegado presidencial provincial de Choapa a partir de 2026).
El aspecto más sólido de la controversia radica en los recursos públicos percibidos por Rondanelli en su rol como asesor del senador Gahona. Entre 2022 y principios de 2026, acumuló un total de $73.547.927, provenientes de asignaciones parlamentarias destinadas, en principio, a labores de apoyo legislativo.
Sin embargo, el carácter de su función introduce una ambigüedad difícil de soslayar. A diferencia de un asesor técnico que redacta proyectos de ley o elabora informes, su rol estaba directamente vinculado al trabajo en terreno: contacto con comunidades, dirigentes y organizaciones locales.
Asimismo, el significativo incremento de sus ingresos en 2025, superando los $2,5 millones mensuales, coincide con una etapa avanzada de su consolidación política y previa a su nombramiento como autoridad.
Pierre Bourdieu ilumina este fenómeno al señalar que el poder político no solo se conquista mediante elecciones, sino también mediante la acumulación de capital simbólico, muchas veces sostenido por estructuras invisibles de financiamiento. En este caso, la asignación parlamentaria operaría como un mecanismo de conversión de recursos públicos en capital político personal.
La crítica, entonces, no es meramente legal —porque el mecanismo está permitido— sino profundamente política: se desdibuja la frontera entre función pública y estrategia de poder.
De acuerdo al medio ContrapoderChile, en septiembre de 2013, Rondanelli fue detenido conduciendo en estado de ebriedad en la comuna de Salamanca. Los informes policiales y médicos describen un estado de intoxicación evidente: incoherencia al hablar e inestabilidad física. A esto se suma un hecho particularmente relevante, cual es, su negativa a someterse a la alcoholemia.
La sentencia judicial dictaminó 41 días de presidio menor y suspensión de su licencia por 2 años.
La autoridad pública requiere algo más que legalidad, requiere confianza. Y la confianza no se decreta, se construye. En este sentido, un antecedente de conducción en estado de ebriedad —con agravantes— erosiona esa confianza, especialmente cuando el cargo implica representar el orden institucional.
Durante una actividad social en Salamanca, en 2023, Rondanelli, ya en su calidad de consejero regional, se vio involucrado en una riña con otro CORE, resultando este último con lesiones que debieron ser constatadas en un centro de salud. El incidente incluyó agresión física y verbal, en un contexto nuevamente marcado por el consumo de alcohol (Contrapoderchile).
La combinación de este episodio con el de 2013 sugiere que no estamos frente a un hecho aislado, sino frente a un patrón de conducta rayano en alcoholismo y violencia.
Max Weber planteaba que quien ejerce poder debe someterse a una ética de la responsabilidad, que implica prever las consecuencias de los actos. Bajo esta óptica, Rondanelli debilita la idea de control y autocontención, cualidades esenciales para un representante del Estado.
El punto más crítico es la designación de Rondanelli como Delegado provincial, a pesar de su turbio prontuario.
El gobierno de Kast no puede alegar desconocimiento. Tanto los antecedentes judiciales como el episodio de 2023, y su rol como asesor, financiado con recursos públicos, eran información accesible y verificable. Por lo tanto, el nombramiento no es un error por omisión, sino una decisión consciente.
El discurso de Kast centrado en el orden, la probidad y la meritocracia entra en tensión con una práctica que tiende a privilegiar la lealtad política y la utilidad territorial por sobre los estándares éticos.
Immanuel Kant sostenía que la moralidad de una acción no depende de su conveniencia, sino de su conformidad con principios universales. Aplicado a este caso, la pregunta es necesaria, ¿podría universalizarse la práctica de nombrar autoridades con este tipo de antecedentes sin diluir la legitimidad del Estado?
El caso Rondanelli es una ventana que permite observar tensiones estructurales del sistema: la utilización flexible de recursos públicos para fines políticos, la debilidad de los filtros éticos en los nombramientos, la distancia entre discurso y práctica en el ejercicio del poder, y la normalización de conductas desviadas que afectan la confianza pública.
Lo más problemático no es que estos elementos existan por separado, sino que converjan en una misma figura que, pese a todo, es elevada a un cargo de representación presidencial.
La controversia, finalmente, versa respecto de la laxitud ética que impone Kast en la administración del Estado, y esa es la dimensión más grave del problema.
