Si la fe ingresa al espacio estatal, su presencia no puede ser indiferente a las condiciones de vida de la ciudadanía. Su única consecuencia posible debiese ser una ampliación de la justicia, no su reducción.
En los últimos días, Chile ha sido testigo de una escena que, más que simbólica, resulta profundamente reveladora: el presidente José Antonio Kast encabezando un culto evangélico en el Palacio de La Moneda junto a funcionarios públicos.
A primera vista, podría parecer un gesto legítimo de libertad religiosa. Pero el problema no está en la fe. El problema es cuándo, cómo y para qué se instala la fe en el espacio del poder.
Porque mientras en el corazón del Estado se levantan oraciones, en las poblaciones del país se levantan otras urgencias: recortes, ajustes y decisiones que afectan directamente a quienes menos tienen.
No es casualidad que este momento coincida con una política económica marcada por la reducción del gasto público y una serie de iniciativas impulsadas desde el Ministerio de Hacienda de Chile, como la denominada ley miscelánea.
Bajo el argumento de la reactivación económica, este conjunto de medidas incorpora rebajas tributarias e incentivos que tienden a favorecer a sectores con mayor capacidad económica, mientras el costo de los ajustes termina sintiéndose con mayor fuerza en los territorios más vulnerables.
En este punto, surge una pregunta inevitable: ¿de qué manera se están configurando hoy las formas de vivir y expresar la fe evangélica en el espacio público? ¿Qué ocurre cuando esa fe comienza a compartir espacios con el poder político, en escenarios donde se toman decisiones que afectan directamente las condiciones materiales de vida de la ciudadanía?
La pregunta adquiere especial relevancia si se considera que la tradición evangélica ha acompañado históricamente a las comunidades en sus experiencias de precariedad y exclusión. Sin embargo, su lugar se tensiona cuando, en paralelo, se despliegan gestos de bendición hacia las autoridades mientras amplios sectores de la población enfrentan restricciones, recortes e incertidumbre respecto de sus derechos más básicos.
En ese cruce emerge una imagen difícil de eludir: una fe que se expresa en los centros de decisión, mientras en los territorios se intensifica la experiencia de restricciones en el acceso a derechos sociales y a condiciones materiales de vida dignas. No como una acusación, sino como una tensión que interpela el sentido mismo de esa práctica religiosa en el espacio público.
Si la fe ha sido históricamente un lugar de dignificación, cabe preguntarse cómo se articula hoy con un orden social que, mediante determinadas iniciativas y orientaciones de política pública, reproduce desigualdades profundas.
En ese escenario, la fe corre el riesgo de perder su carácter interpelador y transformarse en un acompañamiento simbólico del poder, más que en una voz situada junto a quienes experimentan sus efectos. Y eso tiene consecuencias.
Cuando se plantean ajustes o reducciones en políticas sociales tan sensibles que incluyen alimentación escolar, apoyo a la educación pública, becas, programas de lectura, acompañamiento docente e iniciativas en salud mental y seguridad, ya no estamos frente a una discusión técnica, sino ante una definición ética: qué vidas se priorizan y cuáles quedan en segundo plano.
La política pública no es neutra. Tiene rostro, tiene cuerpo, tiene historia. Y en Chile, ese rostro sigue siendo el de la desigualdad.
Por eso, resulta inquietante que, mientras se toman decisiones que pueden profundizar esa desigualdad, se desplieguen gestos religiosos desde el centro del poder. No porque la fe sea un problema, sino porque puede transformarse en un lenguaje que suaviza, justifica o invisibiliza la injusticia.
Chile necesita una discusión honesta sobre el rol de la religión en el espacio público. Pero, sobre todo, necesita coherencia. Porque no se puede invocar a Dios en La Moneda mientras se debilitan las condiciones materiales de vida en los territorios.
Si la fe ingresa al espacio estatal, su presencia no puede ser indiferente a las condiciones de vida de la ciudadanía. Su única consecuencia posible debiese ser una ampliación de la justicia, no su reducción.
De lo contrario, el riesgo es evidente: que aquello que se presenta como expresión de espiritualidad termine operando, en la práctica, como una forma de legitimación del poder. Porque cuando la fe deja de incomodar al poder y comienza a acompañarlo, deja de ser esperanza para los pueblos y se transforma en parte del problema.