Elecciones de rectoría en Universidad de Chile y USACH: Democratizar la universidad pública en tiempos de avance autoritario

Si bien la implementación de nuevos estatutos orgánicos ha permitido avances concretos en diversas universidades del país como ocurre en la USACH donde estudiantes y funcionarios participan hoy en la elección de autoridades intermedias como decanatos y direcciones de unidades académicas este proceso presenta limitaciones significativas, particularmente en el caso de la Universidad de Chile. En ella, no solo la elección rectoral continúa siendo patrimonio de una élite académica, sino que el proceso de democratización institucional acusa un rezago evidente respecto de otras universidades estatales que ya han avanzado en la modernización de sus estatutos.

No se trata solo de una reforma pendiente: es un proceso que en la Universidad de Chile no ha logrado siquiera instalarse con la fuerza que su propia comunidad ha demandado por décadas. Esa asimetría no es casual; refleja la resistencia de los sectores más conservadores de la institución a cualquier transformación que distribuya el poder más allá del estamento académico consolidado.

La democratización, sin embargo, no se agota en los mecanismos electorales. Tanto la Universidad de Chile como la USACH requieren condiciones laborales dignas y estructuras transparentes que regulen las carreras académicas y el desarrollo profesional del funcionariado. La precarización del trabajo no académico, expresada en contrataciones precarias y trayectorias laborales sin proyección, es una deuda pendiente que ninguna de las dos conducciones puede seguir postergando. Y no es una deuda menor: es la misma lógica que concentra el poder en una minoría académica la que naturaliza la precariedad de quienes sostienen ambas universidades en su operación cotidiana.

El avance de la ultraderecha en Chile y en el mundo no es un telón de fondo inerte. Es un proyecto político activo que ha identificado a las universidades públicas como adversarios: cuestiona su financiamiento, impugna su autonomía, caricaturiza el pensamiento crítico como adoctrinamiento y promueve una visión de la educación superior reducida a su rentabilidad individual. No es casual que ese discurso haya encontrado eco en sectores que perciben a la Universidad de Chile y a la USACH como espacios de élite desconectados de la realidad. Una institución que restringe el sufragio a una minoría académica, que precariza a su propio funcionariado y que cierra sus estructuras de gobierno a la comunidad que la sostiene, ofrece argumentos involuntarios a quienes buscan deslegitimar la educación pública. En ese escenario, una universidad pública que no democratiza sus estructuras internas no solo es institucionalmente débil: es políticamente vulnerable. La fragmentación interna y la exclusión de estamentos son exactamente las condiciones que facilitan el avance de ese proyecto sobre las instituciones públicas. Democratizar la universidad no es sólo una exigencia interna: es parte de la respuesta política que ambas instituciones deben dar al momento que vive el país.

Es fundamental, en ese sentido, que las elecciones de la Universidad de Chile y de la USACH instalen no solo la necesidad de abrir estructuras democráticas hacia adentro, sino también la de posicionarse como actores relevantes en la discusión pública y política del país. La pregunta es legítima: ¿por qué debería una rectora o rector involucrarse en debates que trascienden su institución? La respuesta es simple: porque nadie más lo hará con la misma legitimidad. El mundo de la educación superior está cambiando de manera acelerada. El posgrado crece y gana centralidad. En el pregrado, si bien la Universidad de Chile y la USACH no enfrentan crisis de matrícula, la pregunta relevante no es qué ocurre en ellas sino qué ocurre en las universidades estatales regionales donde esa crisis ya es una realidad, y qué pasa con los estudiantes de instituciones privadas que cierran sus puertas sin que nadie garantice su continuidad educativa. Si en esas discusiones la Universidad de Chile y la USACH no plantean salidas, orientaciones ni propuestas, el mercado volverá a ocupar ese espacio: autorregulando, fragmentando y profundizando las desigualdades que el sistema arrastra desde la dictadura. Las principales rectorías del país no pueden darse el lujo de mirar ese escenario desde la comodidad de su propio prestigio.

Por eso, las candidaturas a la rectoría de la Universidad de Chile y de la USACH deberían ser evaluadas no únicamente por sus programas de gestión, sino también por su disposición real a transformar las estructuras institucionales de cada una. Las preguntas que estos procesos electorales deberían instalar son concretas: ¿están dispuestas las nuevas conducciones a ampliar el derecho a sufragio, incluyendo a los académicos hoy excluidos, a estudiantes y al funcionariado? ¿A establecer mecanismos transparentes de carrera académica y desarrollo profesional del funcionariado en ambas instituciones? ¿A asumir un rol activo en la discusión sobre el futuro del sistema de educación superior en su conjunto?

Defender estas universidades públicas hoy exige más que resguardar su financiamiento o su prestigio académico. Exige democratizar sus estructuras, desconcentrar el poder que hoy reside en una minoría, dignificar el trabajo de quienes sostienen ambas instituciones y garantizar que todos los estamentos participen en las decisiones que orientan su desarrollo. En un contexto nacional cada vez más adverso para las instituciones públicas, las organizaciones sindicales de la Universidad de Chile y de la USACH han sabido sostener esa exigencia incluso en los momentos más difíciles. Las elecciones que vienen son una oportunidad para que ambas instituciones estén a la altura de quienes las construyen día a día y del país que las necesita. Sería un error histórico reducirlas a una elección más.