Dos secretos bancarios: Uno para probar delitos ya cometidos y otro para evitar que se cometan

Y aquí viene la caricatura que ha contaminado la discusión: decir que esto equivale a “abrir las cuentas bancarias de los chilenos” es, jurídicamente hablando, una exageración.

La propuesta legal no permite que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) mire cuentas “porque sí”, por curiosidad, arbitrariedad o razones políticas. La hipótesis es mucho más estricta.

Primero, no parte desde cero. No existe una “hipótesis cero”. La UAF no puede decir “veamos qué tiene esta persona”. Debe existir previamente un Reporte de Operación Sospechosa (ROS). Es decir, una alerta levantada por un sujeto obligado por ley, como un banco, una notaría, una corredora, una automotora, un casino o una institución

financiera, porque detectó movimientos que considera anormales o potencialmente riesgosos.

Segundo, no aplica a cualquiera. La facultad excepcional solo operaría para casos vinculados a:

• Funcionarios públicos, donde el interés evidente es prevenir corrupción;
• Personas jurídicas (empresas), donde suelen operar estructuras de lavado, fraude o triangulación financiera; o
• Operaciones sospechosas reportadas por bancos, que tienen sistemas especializados de monitoreo transaccional.

Tercero, debe existir relación con delitos graves de competencia de la UAF: lavado de activos, crimen organizado, corrupción y delitos financieros complejos. No sirve para deudas privadas, peleas civiles o fiscalizaciones cotidianas.

Entonces la pregunta correcta no es si cambia algo. Sí cambia. Hoy la regla en el alzamiento del secreto bancario preventivo-investigativo o ex ante es: Banco reporta-UAF recibe-UAF pide autorización a Ministro de Corte de Apelaciones-Ministro aprueba-Solicitan al banco la cuenta-Banco envía a la UAF-UAF recibe y filtra- UAF envía a Fiscalía.

La propuesta sería: Banco reporta-UAF recibe-UAF pide complemento al banco- Banco envía a UAF-UAF reenvía a Fiscalía. Es decir: Banco-UAF-Banco-UAF-Fiscalía, pero bajo hipótesis legales estrictas, auditoría interna, secreto reforzado, responsabilidad administrativa y penal, e incluso obligación de destruir información obtenida fuera de los márgenes legales.

La pregunta real es otra: ¿vale la pena sacrificar algo de control judicial previo para ganar velocidad en la lucha contra el crimen organizado?

Y para responder eso hay que entender cómo funciona hoy el sistema. La UAF recibe, en promedio, alrededor de 18.000 Reportes de Operaciones Sospechosas al año. Tiene menos de 80 funcionarios para analizarlos. Y cada vez que requiere información bancaria protegida por secreto, debe pedir autorización a un ministro de Corte de Apelaciones.

Mientras tanto, el crimen organizado no espera. El dinero se mueve en horas. Las cuentas se vacían. Se abren sociedades de papel. Se triangulan fondos. Los recursos salen del país. Los testaferros desaparecen. Las redes criminales mutan.

En inteligencia financiera, el tiempo no es un detalle técnico: es la diferencia entre detectar una estructura criminal o llegar cuando ya no queda nada que seguir.

Esto no significa que no existan riesgos. Los hay. El principal es evidente: la ausencia de un control judicial ex ante. Quienes critican la propuesta tienen un punto atendible cuando preguntan quién controla al controlador. Ese debate es legítimo y necesario. Pero la discusión pública no debería construirse sobre caricaturas.

Porque, al final del día, la pregunta de fondo es bastante sencilla: ¿Queremos seguir la ruta del dinero del crimen organizado cuando ya se cometió el delito, o también queremos tener herramientas para detectarlo antes?

Ese es el verdadero debate. No otro.