Discapacidad y sexualidad: El desafío que la política pública aún no asume

Lo que el documento viene a tensionar es justamente esa idea. No desde la corrección política, sino desde algo mucho más incómodo: desde el reconocimiento de que la sexualidad es un derecho humano. No un beneficio. No una concesión. Un derecho. Y cuando se mira desde ahí, lo que aparece no es solo una falta de contenidos. Aparece una estructura.

Porque en Chile no hay una ley de Educación Sexual Integral. No hay una política nacional que articule, ordene y garantice este derecho. Lo que hay son esfuerzos dispersos, orientaciones parciales, voluntades individuales que intentan sostener algo que debería ser política de Estado. Y en ese vacío, lo que se instala no es neutral. Es un enfoque.

Un enfoque que sigue entendiendo la sexualidad desde el riesgo. Que reduce la experiencia a lo biológico, a lo reproductivo, a lo que puede salir mal. Y que, cuando se trata de personas con discapacidad, se vuelve aún más restrictivo: infantiliza, sobreprotege, decide por otros. No es casualidad. Es una forma de exclusión que se vuelve aceptable porque se disfraza de cuidado.

Pero el problema no está —como tantas veces se insiste— en las personas. Está en las barreras. En las escuelas que no tienen herramientas. En los contenidos que no llegan. En la falta de formación. En las familias que quedan solas enfrentando preguntas para las que nadie las preparó. En un Estado que todavía no asume que aquí hay un derecho en juego.

El documento lo dice sin rodeos: la discapacidad no es una condición individual, es una relación. Una relación con un entorno que habilita o restringe, que abre o cierra posibilidades. Y hoy, en materia de educación sexual, ese entorno sigue cerrando más de lo que abre. Se cierran conversaciones, decisiones y proyectos de vida.

Por eso, cuando se habla de avanzar hacia una educación sexual integral, accesible y participativa, no se está hablando solo de incluir a “otro grupo”. Se está hablando de transformar la manera en que entendemos la sexualidad misma. Dejar de pensarla como algo que hay que controlar y empezar a asumirla como algo que hay que acompañar.

Las recomendaciones son claras: más Estado, no menos. Formación real para quienes enseñan. Recursos accesibles. Coordinación entre sectores. Participación efectiva de las propias personas con discapacidad en las decisiones que les afectan. Nada de eso es especialmente revolucionario. Lo radical —si es que hay algo radical aquí— es asumirlo en serio.

Porque mientras eso no ocurra, lo que seguimos haciendo es sostener una ficción: la de una educación sexual que dice ser para todos, pero que en la práctica sigue dejando a muchos fuera. Y en esa exclusión hay consecuencias: Menos autonomía, más vulnerabilidad y menos posibilidades de elegir.

El documento está ahí, disponible, abierto, para quien quiera leerlo con atención y sin excusas. No como un insumo más, sino como una interpelación directa a cómo estamos entendiendo la educación, el cuerpo y el derecho a decidir. Puedes revisarlo en: https://libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/1576/submission/proof/60/

Pero incluso sin leerlo completo, hay una pregunta que queda dando vueltas. Quizás la pregunta más incómoda, y no es 'qué está haciendo el Estado', sino ¿qué estamos dispuestos a mirar de nosotros mismos?. Porque mientras hablamos de inclusión, seguimos trazando fronteras invisibles: deseamos dentro de lo permitido, elegimos dentro de lo normado. ¿Cuántos de nosotros consideraríamos —de verdad— una relación afectiva o sexual con una persona con discapacidad? ¿Cuántos lo hemos pensado sin que aparezca, aunque sea por un segundo, la incomodidad?

Y mientras ese límite se sostiene, la ciudad lo replica sin pudor. Puede sonar burdo, pero es bien simple: los moteles no tienen rampas. Espacios pensados para el encuentro donde ciertos cuerpos, derechamente, no pueden entrar. Como si el deseo también tuviera requisitos de acceso. Como si, incluso en los lugares donde todo se supone posible, hubiera cuerpos que no están invitados.

Entonces, tal vez el problema no es solo la falta de políticas, sino algo más profundo: una cultura que sigue decidiendo —en silencio— quién puede desear y quién no.