Cuando la violencia de género es también un tema de seguridad

Pero la inseguridad no se reduce a la violencia física. También se construye a través de patrones discriminatorios, exclusión y violencia simbólica. Hoy, el 85% de las mujeres considera que la discriminación es alta o media, identificando el espacio laboral como su principal expresión (57%).

A pesar de los avances normativos de las últimas décadas -fruto de la acción colectiva de los movimientos de mujeres-, la experiencia laboral sigue marcada por brechas salariales, penalización de la maternidad, acoso laboral y desvalorización del trabajo feminizado. Todo ello configura un escenario de inseguridad que limita la autonomía económica.

El carácter estructural de la violencia también se proyecta en el entorno digital. Las redes sociales son percibidas como espacios de desinformación (76%) y hostigamiento hacia las mujeres (63%), muchas veces orientadas a silenciar sus voces y restringir su participación en el debate público. En un contexto de expansión tecnológica, avanzar en políticas de seguridad digital no es accesorio: es una condición para garantizar la democracia donde las mujeres puedan participar libremente.

Hablar de seguridad es también hablar de salud sexual y reproductiva. Según la encuesta, un 48% de las mujeres está de acuerdo con permitir el aborto sin causales hasta las 14 semanas, lo que da cuenta de una demanda social relevante en materia de autonomía reproductiva. Porque decidir sobre el propio cuerpo también es una condición básica de seguridad: sin autonomía reproductiva no hay libertad real y sin libertad no hay seguridad posible. La seguridad, en este sentido, también es justicia social.

Reducir la seguridad al control del delito no solo es insuficiente, sino que invisibiliza las múltiples formas en que la violencia afecta la vida de las mujeres. La seguridad es poder vivir sin violencia en todos los espacios, es contar con condiciones laborales dignas, es participar sin miedo en entornos digitales y es decidir libremente sobre el propio proyecto de vida.

El desafío para las políticas públicas en este nuevo ciclo político es claro, se trata de incorporar esta mirada integral de la seguridad. De lo contrario cualquier otra estrategia que se impulse seguirá siendo parcial y dejará fuera la experiencia cotidiana de más de la mitad de la población.