Cuando la memoria se relativiza desde el Estado

En ese lugar, Schäfer y altos jerarcas recibieron a agentes de la DINA, como su director Manuel Contreras, junto a colaboradores civiles. Entre ellos, personas del ámbito civil que se mueven en las esferas del poder y que han sido señaladas como cómplices pasivos, tal como lo indicó el fallecido Sebastián Piñera.

Diversas figuras políticas visitaron a Schäfer, entre ellas Hernán Larraín, Ignacio Urrutia, Evelyn Matthei, Felipe Lamarca, Joaquín Lavín, Andrés Chadwick, miembros de la familia Kast, el ya fallecido Jovino Novoa, Paul Hofmann y Onofre Jarpa, entre muchos otros. Estos vínculos han sido documentados judicialmente y permiten observar cómo se entrelazan redes de poder político, civil y económico en torno a un mismo núcleo de impunidad.

También he conversado con Winfried Hempel, abogado que creció en Colonia Dignidad y que hoy representa a excolonos y a víctimas chilenas. Su trabajo demuestra que estos crímenes no son materia de interpretación o debate, sino hechos acreditados tanto por la justicia como por informes oficiales, como los de las comisiones Rettig y Valech.

En este mismo contexto, el caso de Miguel Krassnoff resulta especialmente paradigmático. Exagente de la DINA y responsable de la muerte de más de 90 personas, acumula condenas que superan los 1.060 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Entre sus víctimas se encuentra Mónica Pacheco, de 26 años, quien estaba embarazada y fue sometida a torturas.

Pese a la gravedad de estos hechos, hoy se abre la posibilidad de que acceda a beneficios penitenciarios. Este escenario se vuelve aún más inquietante al considerar que, en 2017, José Antonio Kast lo visitó en Punta Peuco, relativizando fallos judiciales, calificándolo como “una buena persona” y sugiriendo la posibilidad de un indulto. En este punto, el negacionismo deja de ser un discurso para transformarse en una práctica política concreta, respaldada y reproducida desde espacios de poder.

Este debate no es menor. Reabre una pregunta esencial: ¿puede una democracia conceder beneficios a quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad? La respuesta define el compromiso real del Estado con la justicia, la memoria y la no repetición.

Igualmente grave resulta que Gloria Naveillán presida la Comisión de Derechos Humanos. Su trayectoria la ha posicionado como un emblema del negacionismo explícito, al calificar la violencia sexual durante la dictadura como una “leyenda urbana”. Esta afirmación implica desconocer hechos acreditados por informes oficiales y el testimonio de miles de víctimas.

Más preocupante aún es la inversión moral que esto conlleva: relativizar los crímenes, abrir espacio a discursos que tienden a justificar a los victimarios y, al mismo tiempo, invisibilizar a quienes sufrieron prisión, tortura y desaparición forzada. Este nombramiento no es casual; constituye una señal política que refuerza un entramado institucional donde el negacionismo no solo se tolera, sino que se articula y proyecta.

Instalar el negacionismo en espacios institucionales no es inocuo. Vacía de sentido organismos fundamentales y profundiza la desconfianza de las víctimas hacia el Estado. ¿Qué puede esperar quien busca verdad o justicia si debe acudir a instancias dirigidas por quienes niegan su historia?

La presencia de estas posturas en el corazón del Estado envía un mensaje inquietante: que el horror puede ponerse en duda y que la memoria es negociable. Así, el “nunca más” deja de ser un compromiso efectivo y se convierte en una consigna frágil, constantemente amenazada por redes de poder que buscan relativizar el pasado.

Porque cuando un país relativiza sus crímenes, no solo traiciona a sus víctimas: también comienza, peligrosamente, a justificar su repetición.

Vivimos en una era con más acceso a la verdad que nunca, pero también con más personas que deciden no verla.