Entiéndalo: la Convención no es una empresa
Además de falaz, la comparación entre Convención y empresa es peligrosa. Las empresas funcionan con el objetivo de generar utilidades (las ganancias que se obtienen cuando el valor final de un producto es mayor a los costos para producirlo). Lo anterior, lógico en el ámbito empresarial, no lo es necesariamente en la actividad legislativa. Como sociedad, a lo que debiésemos aspirar no es a tener las leyes “con mejor relación costo-beneficio” sino simplemente aquellas más beneficiosas. Esto, por una razón muy simple: porque el proceso legislativo no busca producir “utilidades” en el sentido empresarial, sino que resultados finales que aporten a nuestro bienestar colectivo. El pago de asesores expertos, por ejemplo, no busca que estos hagan el trabajo de los legisladores, sino sumarle aún más valor al producto de este trabajo. Si lo anterior es cierto para las leyes, mucho más lo es respecto a una Constitución.
