*Esta es la tercera entrega de una serie de columnas, para ver las anteriores puede la primera en este link y la segunda acá

Junto a las condiciones estructurales que facilitaron la irrupción del crimen organizado en el país, tenemos otras condiciones que también favorecieron su desarrollo.

Instituciones policiales sin o insuficiente subordinación al poder civil

En la década de 1930, luego de la dictadura de Ibáñez y de las asonadas militares que le siguieron, desde 1932 se retomó la normalidad democrática. Las FFAA volvieron a sus quehaceres y el poder civil democrático no tuvo participación ni injerencia alguna en los asuntos militares, quedando al margen de las instituciones militares del Estado: “Los civiles, en lo sucesivo no influyeron en la formulación de pautas de ninguna especie hacia el mundo interior militar. Al contrario, en el futuro, fueron las propias Fuerzas Armadas las que, independientemente de toda influencia de la sociedad civil, desarrollaron los aspectos eminentemente doctrinarios de su profesión; concentrándose en el alto mando la creación teórica relacionada con los mundos de la política y de la ideología” (Quiroga y Maldonado, 1988).

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El mismo fenómeno acontece después de la dictadura de Pinochet, esta vez con las FFAA y también con Carabineros. Las instituciones mantuvieron la cultura de la dictadura, con sus propias normativas, sin la debida subordinación al poder democrático civil, amparados claro por la Constitución vigente. Tanto así que, en los años 2000, un ex Ministro del Interior declaró a la prensa que estas instituciones “se mandan solas”.

Una prueba rotunda es que en el año 2021, dos años después del estallido social, Carabineros perfecciona sus protocolos para el control del orden público, diferenciando entonces al manifestante pacífico, de aquél que violentamente destruye la infraestructura pública y privada. Hasta entonces, Carabineros reprimía casi como en dictadura, lo que es un espanto en un régimen democrático, y eso se logra con 30 años de retraso. Al igual que en 1932, en la restauración democrática no hubo un proceso de adecuación y subordinación de las instituciones al Estado de Derecho.

En un Estado democrático la subordinación completa al poder civil es insustituible, porque las instituciones armadas y las policías controlan el monopolio de la fuerza. Pero no es un cheque en blanco, es la fuerza legítima, que señala Max Weber, y que les encarga el Estado de Derecho con ciertas condiciones: no deliberantes, respetuosas de la Constitución y las leyes, y subordinadas al poder civil.

Por eso se requieren mecanismos para garantizar la sujeción del poder militar y policial a las definiciones de las autoridades políticas. Pero la institucionalidad vigente, Constitución y leyes orgánicas, permiten altos niveles de autonomía de las instituciones armadas. Son “garantes del orden institucional”, y la máxima autoridad de una institución puede negarse a renunciar, ante una petición de renuncia del Presidente (lo que no puede hacer un Ministro).

Un general podría acuartelarse, sin renunciar, argumentando que defiende “el orden institucional” (Claudio Fuentes, CIPER, diciembre 2018). Esta negativa ya ha ocurrido (Hermes Soto, General Director de Carabineros, ante petición del Presidente Piñera), solo nos falta el acuartelamiento.

Esta fragilidad institucional posibilita que Carabineros, actuando por su cuenta, no haya modernizado sus procedimientos operativos y de inteligencia para afrontar una delincuencia en ascenso. No hay especialistas y académicos que trabajen en conjunto con la policía en los estudios y análisis del crimen organizado, como es común en los países desarrollados, actúan con cierta autonomía del poder civil. Y así, no percibieron el verdadero estallido delictual que se estaba generando.

Corrupción en las filas policiales

Esta misma autonomía de la policía, esa falta de autoridad del poder democrático, hizo posible una corrupción sin parangón al interior de la institución, con consecuencias gravísimas para el control de la delincuencia. Durante años la preocupación de los altos mandos no fue el combate al crimen organizado, sino apropiarse de los gastos reservados, gastos que debían destinarse a operaciones de inteligencia contra el crimen. Y esto fue posible ante la falta de control interno y externo.

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Hay nada menos que tres Directores Generales procesados por este delito, no es para enorgullecerse.

Se suma un desfalco al interior de la institución conocido como “Pacogate” en 2017, que asciende a $28.000 millones, en que hay involucrados diversos grados jerárquicos, incluyendo generales, que desviaban fondos de la institución a cuentas personales de los 135 involucrados, durante once años. Y todo esto ocurre en los años en que el crimen organizado y bandas internacionales están llegando al país.

En el contexto de esta anomia interna, en el mes de noviembre del 2018, sucede el caso Catrillanca, en que un comunero mapuche recibe un disparo por la espalda, pero los involucrados, incluyendo altos grados, son capaces de mentir ante sus superiores, ante las autoridades civiles y ante la investigación judicial, ocultando evidencias que estaban en las cámaras de video.

El caso Huracán del año 2017, es un operativo al amparo de la Ley de Inteligencia en que son detenidos ocho comuneros mapuches, acusados de asociación ilícita terrorista en el conflicto de la Araucanía. La Fiscalía demuestra que la Unidad de inteligencia que los “descubre”, ha manipulado las pruebas mediante la intervención fraudulenta de mensajes de texto y de WhatsApp introducidos en los celulares de los detenidos después de haber incautado los aparatos. Un fraude, una operación burda, muy ajena a las exigentes necesidades del combate al crimen organizado.

Estos hechos de corrupción de los mandos resultan funestos y tienen serias consecuencias: un quiebre en la moral y desmotivación de los carabineros no involucrados, que son la mayoría; es una invitación a los subalternos para delinquir; y por consiguiente, una puerta abierta a que los carabineros sean cooptados por la delincuencia organizada. La responsabilidad de los altos mandos en estos hechos desquiciados es de la mayor gravedad.

Entre los años 2012 y 2017 se cuentan 39 auditorías a Carabineros por parte de la Contraloría. En ellas hay decenas de graves irregularidades como compras con sobreprecio, pagos por reconstrucción de cuarteles con obras sin terminar, compra de carros blindados con fallas de seguridad, irregularidades en pagos de remuneraciones, en adquisiciones de radio patrullas, mantención y repuestos de vehículos, compras de equipos computacionales, préstamos habitacionales, falencias contables, uso y mantención de aeronaves policiales y en procesos de compras de insumos. Es decir, fraudes en todas las áreas (CIPER, 16/03/2017).

Los informes de Contraloría también están plagados de pequeñas faltas: un mayor presionando a particulares para contratar a su propia empresa de seguridad, altos mandos utilizando vehículos policiales y funcionarios para sus mudanzas particulares, una esposa de general recorriendo el río Calle Calle en una lancha institucional, gratificaciones de riesgo a funcionarios que no correspondía, etc. Una cultura de fraudes menores y granjerías que fueron tierra fértil para incubar la manga ancha, que dio paso a la corrupción en gran escala (CIPER, citado).

Son variadas las denuncias hechas por CIPER. Una de ellas, revela 55 funcionarios investigados internamente por Carabineros por nexos con narcos y asaltantes, entre 2014 y 2016. Al consultar a Carabineros, la respuesta es que no cuenta con un registro de estos nexos. Sin embargo, Fiscalía entregó a solicitud de CIPER una nómina de 112 carabineros imputados en causas de tráfico de drogas entre 2010 y 2020 (31/01/2022).

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Hemos llegado así a un punto crítico muy grave y lamentable para el país. Lo que hemos conocido en estos días respecto a 13 carabineros detenidos por diversos delitos en el barrio Meiggs no debería extrañarnos, pero sí debería estremecernos para encontrar como sociedad, la forma de ponerle término.